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Si bien estaba previsto un paro total de actividades en el Poder Judicial de la Provincia para el jueves pasado, desde el miércoles hubo asambleas en las 18 departamentales en que se divide el territorio bonaerense, donde se resolvió aprobar por mayoría y "no por unanimidad" -aclaran voceros del sector-, el aumento propuesto ese mismo día por el Gobierno sobre el sueldo básico y así se dio por finalizado el plan de lucha, al menos hasta que se abonen los sueldos correspondientes al mes de marzo, cuando deberían liquidarse además las recategorizaciones -un reclamo de larga data- que implican pequeñas subas adicionales para los sueldos más bajos.

El miércoles, durante el transcurso de la reunión paritaria, se había realizado la propuesta de elevar los salarios en un 19 por ciento, mediante dos pagos uno del 10,59 por ciento a abonarse con los sueldos de marzo y otro de 8,5 por ciento que regiría a partir del 1 de julio.

El titular de la filial local de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), José Loza, explicó ayer a EL POPULAR Medios que el conflicto está resuelto en parte. "Estaba dispuesto un paro para el jueves, pero el miércoles llegó la oferta de la Provincia sobre el básico y se decidió debatirla a partir de ese mismo día en asamblea en los lugares de trabajo".

Puesto a consideración de las bases, pese a que el incremento fue considerado "insuficiente" y criticado el modo de pago, se resolvió aprobarlo de todas maneras, en una situación análoga a la de 2009 cuando se aceptó el magro 8,9 por ciento que rigió durante todo el año. Mientras tanto, los representantes provinciales argumentaron que "la propuesta formulada está en el marco de la política salarial definida por el Estado para los trabajadores de sus tres poderes".

La aprobación del incremento salarial, se aclaró desde la AJB, no implica el abandono de otros reclamos. Por mayoría se pidió que la liquidación de los sueldos de marzo incluya la implementación inmediata de la primera etapa del nuevo escalafón, y se condicionó la realización de nuevas medidas de fuerza si no se cumple lo acordado. "Con los sueldos de marzo, además del aumento del 10,59 por ciento, aprobado por mayoría y bajo protesta, debería cobrarse además el decreto de recategorización entre las categorías 5 a 13, que implica además un aumento de entre el 3 y el 5 por ciento para las categorías más bajas. Si eso no ocurre, van a volver los paros. Se abre un compás de espera hasta que cobremos los sueldos. Si no se cobra la recategorización, habrá conflicto", aseguró Loza.

Reclamo firme

Las asambleas se efectuaron también el jueves desde las 8 en algunas jurisdicciones y del debate surgió que se mantendrá firme el reclamo por la actualización de las asignaciones familiares, que el gobierno provincial pretende realizar a partir del 1 de marzo, pero desde la AJB se demanda que sea retroactiva al 1 de octubre de 2009, cuando fueron incrementadas en el nivel nacional. Con el mismo énfasis se dejó constancia que el gremio pretende la devolución de los descuentos a quienes participaron de paros y asambleas, ya que se los considera "inconstitucionales y arbitrarios". Al respecto, Loza explicó que "primero aceptamos el aumento para seguir negociando con el Poder Ejecutivo y la Corte mejores salarios, continuar la recategorización y la devolución de los descuentos por paros. Ellos creen o se manejan con una frase que afirma 'hora no trabajada es hora no pagada' y se olvidan de que el derecho a huelga es constitucional. Ellos, la patronal, provocan los paros al no dar respuestas a los reclamos de los trabajadores", resaltó el titular de la AJB local.

La AJB pidió también formalizar el ámbito de negociación colectiva mediante la sanción de una ley de paritaria para el sector judicial y reclamó que permanezca abierta la mesa de discusión sectorial donde se busca avanzar en la conformación de un nuevo escalafón que contemple la restitución del sistema de porcentualidad salarial. Inclusive, se determinó que la AJB solicitará a las autoridades la puesta en marcha de la Comisión Técnica Mixta, integrada por el gremio y representantes del Estado provincial, con el fin de avanzar en una segunda etapa en la implementación del nuevo escalafón y la asignación de nuevos cargos para el Poder Judicial. "En la segunda etapa de recategorización se alcanzará a los empleados de las categorías 13 a 18. En todos los casos, cada recategorización implica un nuevo aumento. Se busca instrumentar menos categorías para que haya más distancia entre los salarios de una y otra. Tiene que haber un incentivo para ascender: entre las categorías más bajas, pasar de una a otra representaba un aumento de 40 ó 50 pesos", manifestó el empleado judicial.

Por su parte, el ministro de Economía provincial, Alejandro Arlía, aseguró esta semana que el Gobierno cerró las negociaciones paritarias con la mayoría de los representantes de los empleados públicos, "con un muy buen resultado y mucha conformidad y aceptación por parte de los sindicatos. Quedan algunas negociaciones sectoriales, y seguramente tendremos que discutir condiciones de trabajo y cuestiones de empleos específicos", admitió.