Los reiterados ataques del oficialismo a la Justicia constituyen una declaración contra el principio constitucional de división de poderes y forman parte de la política de concentración de poder y confrontación que lleva adelante el kirchnerismo desde el inicio de su gestión y que han generado una justificada preocupación en medios políticos y económicos y ha generado un llamado de atención de la Corte Suprema.

Un episodio grave de esta tendencia fue la desobediencia de una orden judicial por parte del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien además envió un patrullero policial, en una clara actitud intimidatoria, a la jueza que había emitido el fallo desobedecido.

Días pasados, como respuesta a fallos adversos de la Justicia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros del oficialismo, hicieron alusión a la existencia de un supuesto "partido judicial" de intenciones destituyentes, un término que el kirchnerismo utiliza habitualmente para referirse a las críticas de políticos, legisladores o medios de difusión independientes. Luego, reaccionando ante un fallo que bloqueó el uso de las reservas, la Presidenta afirmó que desobedecería la decisión judicial y en su discurso de apertura del Congreso sostuvo que hay jueces que cobran para otorgar excarcelaciones.

Ante la escalada de violencia verbal, diversas organizaciones de jueces y abogados convocaron al Gobierno a bajar el tono de sus afirmaciones y a respetar la independencia de la Justicia. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que afirma que el límite de las críticas a la Justicia es la razonabilidad y el respeto a la independencia del Poder Judicial y exhorta a quienes tienen responsabilidades de gobierno a expresarse con mesura y equilibrio. Respetar la magistratura, sostiene el comunicado, es la mejor manera de dar tranquilidad a los ciudadanos, de asegurar que sus derechos serán protegidos y que estamos en un Estado en el que las leyes se aplican a todos por igual. La Corte reafirma también los objetivos del Preámbulo de la Constitución que demanda afianzar la justicia y la paz social para todos los argentinos, para lo cual resulta indispensable recurrir al diálogo institucional.

Esta exhortación, encuadrada en los principios constitucionales y dirigida a promover el diálogo en bien de la calidad institucional, fue respondida duramente por la Presidenta, que la calificó de un intento de censura. Esta reacción que, considerando el texto emitido y la trayectoria de los jueces que lo firmaron, no tiene asidero alguno, forma parte de la posición de considerar cualquier crítica o advertencia como una obstrucción a la pretensión del ejercicio del poder omnímodo. Una práctica no contemplada en el sistema republicano de división e independencia de poderes.

Por otra parte, avanzando en la práctica de utilizar a los servicios de inteligencia para espiar a políticos, empresarios y periodistas, el diputado kirchnerista Alejandro Rossi, hermano del jefe del bloque de diputados oficialistas, llegó a proponer investigar la vida privada de los jueces, en una explícita maniobra persecutoria que bordea la ilegalidad y se asemeja a las prácticas de control ciudadano de los estados policiales.

Siguiendo la recomendación de la Corte, el Ejecutivo tiene la obligación, establecida en la Constitución, de respetar a los demás poderes y la obligación política de asumir las responsabilidades propias en los conflictos institucionales y revertir la política de confrontación para contribuir a la convivencia política y a la tranquilidad de los ciudadanos.

Clarín, 14 de marzo de 2010