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Desde hace aproximadamente un lustro, se ha generado en Tandil un debate que podría tener alcances sobre la actividad que se desarrolla en Olavarría: a medida que se fue extendiendo la vecina ciudad y con el correr de los años, a la explotación minera se sumó la preponderancia que comenzó a ganar el turismo, dada la belleza del paisaje serrano. Con el tiempo se fueron agotando algunos yacimientos y se hicieron prospecciones que determinaron una lógica expansión, con alto impacto en la fisonomía del paisaje, mientras crecía el influjo del turismo.

Por esa razón, comenzó una discusión entre los vecinos, que consideran afectado su entorno, y los propietarios de los emprendimientos mineros. De este modo, se formó allí un movimiento en defensa del patrimonio natural, cuyos principales argumentos apuntan contra la destrucción de las sierras, facilitada y agravada según su visión "por los reiterados y múltiples incumplimientos de empresas canteriles y por una política minera que privilegia la actividad y la fomenta con flexibilidad ambiental y beneficios fiscales" en detrimento de las poblaciones locales y los impactos sobre el ambiente y sobre otras actividades humanas.

En ese contexto, el conflicto se trasladó a la esfera política en demanda del cierre de canteras "por incumplimientos reiterados y manifiestos" y por ser responsables "de un daño ambiental irreversible al patrimonio natural de Tandil". En ese sentido, se pidió garantizar la reinserción laboral de quienes vieran afectadas sus fuentes de trabajo y asegurar el abastecimiento de piedra desde otros puntos del país donde no existan este tipo de conflictos.

De esa manera, se desarrolló el proyecto de ley denominado "Paisaje protegido", que tiene en cuenta las diversas facetas del problema y propugna que la zona urbana debería mantener una distancia de 20 kilómetros con la zona de canteras, lo cual perjudica a tres mineras establecidas en la poligonal delimitada por las rutas 30, 74 y 226, en cuya superficie no se permite la explotación. Esta ley contó con el apoyo expreso del gobernador Daniel Scioli y ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores provincial, así que ahora se espera su tratamiento en la Cámara de Diputados, que podría determinar su aplicación efectiva, hecho que genera la previsible resistencia del sector minero, que difundió este domingo una solicitada donde defiende su punto de vista y lo pone a consideración de la opinión pública.

El documento firmado por la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la Federación Argentina de la Piedra está dirigido al gobernador y a los diputados y senadores provinciales, a quienes se demanda no aprobar dos proyectos relacionados con el desarrollo de la minería en Tandil. Allí analizan que "más allá de las profundas razones de derecho que invalidan en forma absoluta a tales proyectos, es necesario destacar las consecuencias que traerán tales decisiones: cierre de empresas, pérdida de las fuentes laborales para todos los trabajadores que han dedicado su vida a la minería y una gran desesperanza para toda la familia minera por no poder continuar con el ejercicio de los oficios y profesiones, en un marco de estabilidad y previsibilidad".

Además se alude "al tremendo costo económico que debería afrontar la Provincia" por pago de indemnizaciones y "el costosísimo monto de las expropiaciones". Por último, se recrimina al municipio tandilense no haber utilizado el diálogo como medio para zanjar la cuestión "en lugar de destruir la producción".

Nuevo debate

En nuestra ciudad, opinaron sobre el conflicto y el tratamiento de la ley la diputada Alicia Tabarés y la senadora María Isabel Gainza, quienes se mostraron favorables a su aceptación final y reconocieron las grandes presiones existentes para que no sea aprobada. En principio, Tabarés aclaró por qué la norma no fue tratada aún en Diputados: "La ley entró el año pasado y todavía no tuvo tratamiento. Y este año, por pedido de la oposición, no daremos tratamiento a ninguna ley sobre tablas. Las comisiones están formadas, ya tienen sus autoridades, pero todavía no están funcionando".

Sin embargo, manifestó que "este miércoles se va a tratar la ley en un plenario de cuatro comisiones: Medio Ambiente, Constitucionales, Presupuesto e Impuestos y Legislación, de las que ya están los presidentes, y a la cual voy a asistir. Es cierto que han existido presiones de las empresas para tratarla sobre tablas, pero primero tiene que ir a despacho", explicó. "Sobre la ley, recién ahora tenemos un informe encargado a la secretaría de bloque, que ya está en la Cámara. Incluso lo revisó un asesor con detenimiento y me dijo que estaba bueno porque contempla todas las aristas. Scioli tiene la decisión tomada de apoyar esta ley, así lo anunció en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados, pero tiene que salir primero. Si bien tenemos una opinión formada, creo que todavía hay que esperar. En cuanto a la oposición, la UCR había dicho a fin de año que la iba a aprobar, pero ahora cambió la composición de la Cámara de Diputados. Así que nos tenemos que volver a sentar a debatirla", resumió la diputada por el Frente para la Victoria.

Mediación estatal

Por su parte, la senadora Gainza subrayó que a pesar de no encontrarse en funciones cuando la ley fue aprobada, sabe que "se puso especial cuidado en el resguardo de las fuentes laborales, y se han tomado todos los recaudos del caso. En Tandil, la opinión generalizada es que las explotaciones mineras se acercan cada vez más a la ciudad, a los asentamientos urbanos, y eso afecta no sólo al medio ambiente sino también a la calidad de vida. En los últimos tiempos, Tandil ha adoptado un perfil turístico y en esa ciudad razonan que este tipo de explotaciones afecta a cientos de puestos de trabajo que dependen del turismo, mientras que por el lado de la minería serían perjudicadas unas 60 fuentes de trabajo, que ya están aseguradas", adelantó.

La legisladora por Coalición Cívica se refirió a la desaprensión de "muchas empresas que han explotado la tierra, han dejado pozos enormes y se han olvidado de lo que establece la legislación respecto de la forestación necesaria y otras compensaciones por esa misma explotación. Cuando uno se excede, es lógico que esas cosas se reprochen. Esto no es ir en contra de la minería, toda ese sector de la producción es muy respetable", reconoció.

Por último, Gainza planteó una salida factible al conflicto: "También creo que es cierto lo que dicen las pymes mineras, que las grandes empresas se han quedado con todos los terrenos donde hay yacimientos de piedra caliza, y me parece que una solución a este problema lo podría aportar la mediación del Estado para interceder ante las cementeras para que fraccionen y vendan alguna franja de terreno; la intervención del Estado es posible".