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20 de Setiembre de 2017
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11 de Abril de 2010
La socióloga Alcira Daroqui analiza el rol de las cárceles y la construcción social del castigo
"La venganza es constitutiva de cualquier sociedad"
Un análisis a fondo de las cárceles y la función social del castigo. Alcira Daroqui, socióloga e investigadora del Instituto Gino Germani, habla del concepto de "higienismo" nacido en el siglo XIX pero en boga en la actualidad.



Claudia Rafael

crafael@elpopular.com.ar

La cárcel es el lugar donde se cumple con la demanda social de castigo y sufrimiento para quienes constituyen una amenaza. En definitiva, la sociedad construye sus propios mecanismos de castigo que atraviesan las relaciones sociales. Alcira Daroqui, socióloga, investigadora del Instituto Gino Germani sobre sistema penal, cárceles e infancia y docente en diversas carreras de la Universidad de Buenos Aires, definió -en entrevista con "Bajofondo" (FM 98POP)- que "el castigo no es algo que ejerce solamente el sistema penal. Es algo que la sociedad habilita o no a que se produzca y cómo se produce".

Nada de esto es un tema menor. Hace apenas unos días la Procuración Penitenciaria y la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires dieron a conocer los relevamientos en ambos ámbitos. Y de ahí surgió que 9.247 personas están detenidas en el ámbito federal mientras que son 26.500 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Lo cual implica que esas 35.747 personas detenidas representan el 63 por ciento de la población total detenida en cárceles del país. Sin tomar en cuenta los privados de libertad en comisarías, institutos, neuropsiquiátricos, centros de Gendarmería o de Prefectura.

Las tasas de muertes en lugares de encierro, las estadísticas de tortura o de agresiones son crecientes. Pero Alcira Daroqui lo dice con extrema claridad: a nadie le importa. Porque lo que se pone en juego es ese concepto de higienismo social parido en el siglo XIX pero vigente todavía hoy.

-¿Cuál es el impacto que generan las cárceles en una comunidad?

-Esto hay que situarlo en tiempo presente. Sierra Chica es la primera cárcel moderna del país (anterior a la penitenciaría y prácticamente Olavarría no existía) entonces más que nada era una pena de destierro. Se mandaba ahí a la gente a la nada. Pero sucesivamente hasta pasada la década de 1970, las comunidades, las localidades, rechazaban fuertemente el hecho de tener una cárcel. Por distintas razones. Pero en general no se promovía que fuera una cárcel a la comunidad. Era un rechazo a que la cárcel fuera parte de la comunidad. Neoliberalismo mediante, a partir de la década del 80, lo que empezó a aparecer como algo muy terrible, fue que las comunidades, ante el cierre de fábricas, de fuentes de trabajo, el cierre del ferrocarril, por ejemplo, que devastó las economías regionales, se empezó a ver con cierto agrado que se construyeran cárceles. A tal punto, que yo participé de los debates entre Urdampilleta y Bolívar, en donde las dos localidades se peleaban a ver quién tenía la cárcel y ganó Urdampilleta. En General Alvear, el intendente dijo en la inauguración de la cárcel que "éste es un emprendimiento que no va a cerrar nunca". En Alvear se plebiscitó y se votó que sí se quería la cárcel. Esto nos habla de un deterioro porque se lo toma como fuente de trabajo, que por otro lado tampoco tiene un impacto tan real como fuente laboral. Pueden aparecer algunos adicionales como pueden ser kiosquitos, lugares para dormir de los familiares. Entonces se lo termina mirando como una fuente de trabajo y no como una institución de castigo y sufrimiento.

-Cuando se empieza a ver que esa esperanza de más trabajo se diluyó ¿Qué generan en esa comunidad que en un inicio aplaudió?

-Lo que pasa es que todas estas construcciones de cárceles en la provincia de Buenos Aires, y ustedes lo ven claramente en Sierra Chica, están muy alejadas de lo que son los cascos urbanos de las localidades. Entonces aparece una fuerte indiferencia. No se ven. En Urdampilleta, la cárcel es de imposible acceso. Prácticamente ni los familiares llegan. En Alvear, lo mismo. Es decir, se construyeron en lugares en donde si no fueron fuentes de trabajo en su momento -aunque alguna fuentecita generen pero no en la proporción que la gente imaginó- aparecen cosas ligadas después al discurso de la inseguridad. "Que hay familiares de las personas presas que circulan por el lugar, que hay robos..." Se mezclan muchos discursos. Pero sí te aclaro que lo que predomina es una fuertísima indiferencia de la localidad que tiene un penal porque ni siquiera lo ven. Es una estrategia clara de finales del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX las cárceles se construían en el centro de las ciudades. Y esto no sólo en la Argentina sino en todo el mundo occidental. Salvo Sierra Chica, Ushuaia o Rawson en donde se cumplían las famosas penas de aislamiento extremo. Pero en general, la penitenciaría nacional, Caseros, Devoto, Olmos, la 9 de La Plata o la cárcel modelo de Barcelona, la de Madrid, se construían en el centro. La función supuesta que cumplían era la de prevención general negativa. El ciudadano común tenía eso muy presente, muy a mano, lo veía todos los días y le producía rechazo. Tenía efecto disciplinador. Era decir "yo a ese lugar no quiero ir" en relación con el encierro. Pero a partir del neoliberalismo, de la segunda mitad del siglo XX, esto se revierte totalmente. Las cárceles se van poniendo en lugares totalmente alejados. Inclusive, en lugares como Perú o Italia, hasta en islas. No hay forma de acceso que no sea por barco. Totalmente alejadas; en donde hay un clarísimo desprendimiento de la comunidad de lo que es el ejercicio del castigo. Entendiendo que el castigo es una construcción social. El castigo no es algo que ejerce solamente el sistema penal. Es algo que la sociedad habilita o no a que se produzca y cómo se produce.

-Lo extraño o no, tal vez, es que estamos en tiempos en que ese pedido de castigo, de la mano de un reclamo de mayor seguridad suena como canto colectivo pero después se deriva a que lo hagan otros y en un lugar aislado...

-Claro. Es una delegación que hace gran parte de la sociedad civil en el Estado. Y lo que haga el Estado con esa gente no es preocupación de la sociedad civil. Es una fuerte derivación en la que la sociedad civil dice "ustedes se tienen que hacer cargo de esto". El discurso de la inseguridad refuerza esto de que "ustedes no son efectivos en la lucha contra el delito" y "el delito sigue estando, la inseguridad sigue estando y se tienen que hacer cargo de todos estos delincuentes que nos afectan".

-Hay ocasiones en que esa delegación cesa y la gente sale a hacer justicia por mano propia ¿por qué se produce?

-El Estado moderno nace en el siglo XVIII asumiendo el monopolio del ejercicio de la fuerza. Para evitar que la justicia se dirimiera entre particulares, monopoliza ese ejercicio y dice "ustedes no pueden". Pero a partir de esta desvalorización que a mediados del siglo XX se da sobre las funciones del Estado y los fuertes cuestionamientos al Estado, afloran las expresiones de poder punitivo entre particulares que era constitutivo de las sociedades medievales. Pero que no desaparecieron totalmente. Nunca desaparecen totalmente. Lo que sucede es que se regulan en el marco de las relaciones sociales. Cuando esa regulación falla, aparecen y emergen estas cosas que son convalidadas por la propia justicia. Porque en cuántos de los hechos de lo que se llaman actos de gatillo fácil de particulares o justicia por mano propia, la gente es absuelta, liberada por falta de méritos o sobreseída por emoción violenta, por la angustia en relación con el delito, por esto de que si no es la vida de uno es la vida del otro. Es decir, no hay una mirada sancionatoria de la Justicia hacia estos hechos de justicia, entre comillas, por mano propia, que lleva generalmente a la muerte. Se legitima por un lado la acción directa de la gente y por otro, el Estado dice "me siento impotente porque hay una serie de cosas que yo no puedo resolver". Y es un caldo de cultivo muy complejo.

-Me da la sensación de que se complejiza cuando en lugar de una persona sola, son varias las que salen juntas a concretar esa justicia por mano propia...

-Sí. Por supuesto. Hubo varios casos. Recuerdo, en Rafael Calzada, lincharon o intentaron linchar. En Isidro Casanova, lincharon a un chico. Lo mismo se produce cuando se enteran en un barrio que volvió un tipo que estuvo condenado por violación y lo van a buscar para hacerlo trizas. Y no va uno sino varios. Esto requiere estudios más profundos. Pero uno podría decir que es la reacción ante lo que la gente define como que "no hay justicia". Lo que hay que decir es que lo que es constitutivo de cualquier sociedad, no de ésta, de cualquiera, es la venganza. Y lo que hay ahí no es justicia por mano propia. Eso es un equívoco. Es un acto de venganza. Y en realidad, gran parte de lo que se ha delegado al Estado para que haga justicia, en definitiva, es una venganza mediatizada. Y lo que hace esto es que ante un supuesto incumplimiento del Estado, entre comillas, a hacer justicia, lo que se desatan son estos actos que son de venganza. Individuales o colectivas, pero venganzas. Y además, justificadas entre comillas también, por el hecho de que lo hacen contra quienes -se supone- que se constituyen en una amenaza de sujetos peligrosos que van a producir una enfermedad. Estamos hablando de un concepto que se acuña en el siglo XIX pero que persiste, aunque no se lo llame por esos nombres, que es la higiene social. Vamos a limpiar la sociedad de esta gente. Era el higienismo del siglo XIX. Y ese limpiar tiene una connotación muy fuerte. Qué limpia y qué se limpia. Quiénes tienen derecho a limpiar y a quiénes van a limpiar. Por eso es muy difícil sensibilizar a la gente con lo que sucede dentro de las cárceles con la tortura, las condiciones de vida degradantes, porque en realidad, hay que decirlo con todas las letras: a la gran mayoría de la gente, no le interesa ni le importa. Es más. Creen que hay una lógica de merecimiento. Por lo tanto, otorga una impunidad, a los funcionarios estatales, penitenciarios o policiales, que resulta increíble. Se la otorga la justicia pero también, gran parte, lo otorga el consenso de la sociedad civil. Lo que hace que esa gente esté verdaderamente vulnerada en todos sus derechos.

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