Edición Anterior: 13 de Febrero de 2012
Continuarán reclamando la "porcentualidad", por separado de las paritarias
Sin novedades para los judiciales bonaerenses
Reclaman que se les restituya una ley que equipara los porcentuales de aumentos a los jueces con los de todos los trabajadores del sistema. Esa negociación va separada de las paritarias.
No hay novedades ni respuestas oficiales en torno del plan de lucha iniciado por los trabajadores judiciales para recobrar un beneficio del que disfrutaron hasta 1991: la porcentualidad, a la que entienden como "una forma de distribuir el dinero en el Poder Judicial de forma equitativa".

Durante la semana que finalizó, este sector laboral que en Olavarría está representado por aproximadamente dos centenares de afiliados a la Asociación Judicial Bonaerense realizó una medida que fuerza que afectó la atención en los tribunales de toda la provincia y que incluyó una movilización en La Plata. En esa capital se desarrolló una marcha a la sede del ministerio de Economía, convocada para reclamar la restitución del sistema de porcentualidad salarial en el sector.

El referente gremial local, José Loza, aclaró ayer que esta temática, que por cierto no es nueva, está separada del proceso de reapertura de las paritarias que convocará el gobierno provincial y que comenzarán con los sindicatos docentes en las próximas semanas. Aunque en este sentido, un anticipo dado a conocer el sábado por el diario capitalino Clarín llega seguramente para distender tensiones: el gobierno estudia un incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias del 20% a partir de abril. La medida, que habría sido confirmada por el ministro de Educación Alberto Sileoni a un grupo de docentes, le servirá como un guiño hacia los trabajadores para intentar encauzar las paritarias. De esta manera, el nuevo piso para los solteros sería de $ 6.938,40 netos y de $ 9.597,60 para los casados con dos hijos.

Lo cierto es que por ahora, el tema que ocupa a los judiciales es "la reanudación de las negociaciones por la recuperación del sistema de porcentualidad salarial entre la Asociación Judicial Bonaerense y el Poder Ejecutivo".

Se trata de "un sistema porcentual que es una forma de distribuir el dinero en el poder judicial de forma más equitativa, es decir que a un empleado se le aumente el sueldo en la misma proporción que a un Juez de la Corte Suprema", explicó Loza, convencido de que es posible "que se reparta mejor, que haya una mejor distribución de riqueza en los sueldos".

La ley de porcentualidad permaneció vigente hasta el año 1991, cuando Antonio Cafiero y más tarde el gobernador Eduardo Duhalde la dejaron sin efecto. Sin embargo, la ley "aseguraba que cada empleado iba a recibir el aumento que recibiera un Juez de la Corte, cada porcentaje que se le aumentaba al juez, se le aumentaba al empleado. La proporción era de cinco veces a uno. Hoy es de 28 a 1", concluyó, con lo que "se ha ampliado mucho la brecha entre los que más y los que menos ganan".

Quienes trabajan en el ámbito judicial consideran que el pedido que realizan es "viable" y tiene muchas chances de concretarse. De hecho, la mesa de negociación empezó en diciembre y en ese momento la respuesta fue que "iban a estudiar, habría una próxima reunión de cómo se podía implementar". En este sentido, los trabajadores del sector todavía no tienen las precisiones necesarias para pedir una nueva reunión con el Poder Ejecutivo provincial y podrían apurarlas en el transcurso de las próximas semanas.

De lo contrario, los referentes gremiales deberán consultar a sus bases para determinar cómo y de qué manera continúa adelante el plan de lucha. Sin embargo, Juan Loza fue optimista al decir que "hay una leve esperanza de (que la negociación) llegará a buen puerto. La negociación es abierta y siempre hay variantes, puede ser que se implemente en etapas, de una sola vez pero queremos que se ponga en marcha y lo tengamos".

La ley suprimida en Buenos Aires se aplica en otras provincias como Santa Cruz, Entre Ríos y Mendoza. En el territorio bonaerense estuvo en vigencia en varias oportunidades, sólo interrumpida en el gobierno militar y luego por el constitucional, en 1991.

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