Edición Anterior: 10 de Junio de 2012

Claudia Rafael
crafael@elpopular.com.ar

"Los problemas con la Policía y con el Servicio Penitenciario vienen desde el 83. Es un tema tan grave que nos va llevar un tiempo solucionarlo. Por empezar, tener la decisión política de solucionarlo o no. Y además, determinar si vamos a barrer bajo la alfombra y dejar que funcione como se hizo en la mayoría de los casos", dijo Guido Carlotto, flamante secretario de Derechos Humanos de la Provincia en entrevista con EL POPULAR. Hablaba directamente del caso de torturas ocurrido días atrás en la comisaría Primera de Olavarría. Tema en el cual aseguró que más allá de los tres policías detenidos, se está avanzando "sobre un cuarto e incluso un quinto policía más".

Carlotto llegó al cargo el 17 de mayo pasado y, casi como un adelanto de lo que vendrá, le cayeron sobre sus manos varias denuncias contra la Bonaerense y, también, contra el Servicio Penitenciario provincial. Aseguró que con él comienza una etapa de fuerte intervención del organismo en esas políticas, después de años de vaciamiento durante la gestión de Sara Derotier de Cobacho que -según dijo Carlotto- "es muy mayor. Estaba muy mal de salud y delegó en gente que fue abandonando ciertas políticas". En el medio de una puja dura y de altísima tensión entre el vicegobernador Gabriel Mariotto y el gobernador Daniel Scioli, Carlotto definió que "el tema cárceles y comisarías es directamente de mi incumbencia" y adelantó que dejaría de tener sentido que Mariotto continúe en su recorrida por los penales. O tal vez -agregó- "podamos hacerlo juntos".

-Hoy hay dos cuestiones ligadas a lo institucional: el rol de Policía y del Servicio Penitenciario bonaerense. Uno tiene la sensación de que después de 30 años de democracia no se logró torcer la formación y el rol de instituciones. El caso reciente en Olavarría aparece como la punta de un iceberg...

-Acordé con el Gobernador avanzar en esos dos temas. Hay una cuestión inmediata que tiene que ver con lo que pasó ahora en Olavarría, lo que pasó hace muy poco en Rauch. Estas cosas no pueden suceder más. A horas de asumir, juntamente con Asuntos Internos de la Policía, tuve que intervenir para que estas tres personas quedaran detenidas. Estamos detrás de un cuarto y de un quinto que aparentemente están involucrados. Hay que tomar acciones en el mismo momento en que ocurren. Tienen que dejar de ser una cosa más esto de que cuando hay un preso, lo primero que se coma sean golpes y torturas o, como en el caso de Olavarría, en que directamente fue quemado. Hay que borrarlo. Pero es verdad que hubo ausencias de parte de quienes debían dedicarse a esto como fue esta misma Secretaría. Nosotros lo vamos a retomar. Charlando con el ministro Casal acordamos que hay que empezar a revisar este tipo de cosas, mejorar las condiciones carcelarias, las condiciones de hacinamiento. Es imposible que alguien salga bien de la cárcel. Es la profesionalización de la delincuencia. Tengo apenas 15 ó 20 días de haber asumido, pero ya estamos elaborando un plan de visitas a las cárceles.

-El grueso de los detenidos son jóvenes, pobres y analfabetos. ¿Qué lectura le da?

-Claramente uno ve ahí una condena social. No están presos los que estuvieron vinculados a los casos Dalmaso o García Belsunce. Tiene que ver con una concepción política de que los pobres nacen chorros. Mientras tanto, tenemos que actuar para que los derechos humanos e incluso quienes estén privados de su libertad tengan condiciones dignas para ser recuperados para la sociedad. Que se pague por el delito cometido, pero a través de un trabajo de reinserción social. En estas condiciones no es así.

-Recuerdo claramente cuando su hermano Remo ocupaba este mismo cargo -pasaron unos cuantos años- la situación era exactamente la misma. Hubo una serie de discursos en este mismo sentido, pero la realidad está intacta...

-Yo creo que se avanzó en algunas cuestiones. No lo suficiente. Yo hablé con el Gobernador antes de asumir y, gracias a Dios, él está dispuesto a cambiar esto. Después todo dependerá del diagnóstico de situación que uno haga y de las decisiones que el Gobernador tome. Obviamente no va a ser mágico. Es un problema de muchos años y la verdad es que no se ha sabido cómo resolverlo. Porque, además, hay un sector social que constantemente exige represión. Más algunos medios hegemónicos que apuntan a que la solución es meter presos a quienes por portación de cara o por determinadas circunstancias sociales tienen que estar presos. Hay que pelear contra eso. Nosotros no lo entendemos así. Y el Gobernador necesita que se le tire una línea distinta a esa campana que suena y que signifique una línea minuciosa y distinta.

-De los tres policías detenidos en Olavarría, el mayor tiene veintipico de años en la fuerza; los otros dos, son mucho más jóvenes. Los tres formados obviamente en democracia. ¿Lo considera un problema institucional?

-Yo creo que hay que cambiar los planes de estudio. Estamos charlando con el Ministerio para llevar a cabo cursos de derechos humanos. Ahí tiene que quedar muy en claro qué comportamiento tienen que tener ellos. Y además, queremos fiscalizar quiénes dan esos cursos, porque sé de gente que al estar al frente del curso ha dicho "bueno, muchacho, esto no sirve para nada, pero hay que darlo". Tenemos 30 años de democracia y no hemos podido cambiar la raíz de este tema. Sabemos que en algunas escuelas de policía se enseña cómo sacar información mediante la tortura. No figura en los planes, pero se da. Ni tampoco es posible que los cursos sean tan cortos, intensivos y livianos. A esas personas les vamos a dar un arma.

-¿Cree realmente que con clases sobre derechos humanos se resuelve, cuando en la realidad continúan ciertas prácticas policiales, irregularidades con las horas Cores o policías ligados a grandes delitos?

-Es muy difícil. Pero no creo que sea imposible. No es sólo mi intervención. En eso tiene que haber intervención de todo el mundo desde el Gobernador para abajo. No podemos hacer cadenas de corrupción. Yo no puedo enseñar a un policía derechos humanos si viene luego toda una cadena de corrupción. Son cuestiones que yo sugeriré, pero es el Gobernador o el Ministro de Justicia el que tiene que tomar la decisión. La policía de la Provincia sigue siendo una tarea muy pendiente para la democracia.

-Si su mirada no encuentra eco, ¿va a decir simplemente hasta acá llegué?

-Yo tuve conversaciones a solas, muy largas con el Gobernador. Y he conocido un Daniel Scioli con un nivel de recepción que me llamó mucho la atención. Le planteé el tema cárceles, policías; le hablé de la concepción de derechos humanos como justicia social y le dije que cuando logremos plena inclusión social, las cárceles van a empezar a despoblarse de a poco. Cuando le expliqué todo esto, no encontré alguien que dudara. Yo le dije "estoy dispuesto a hacer esto, pero necesito tu aval político". Y se mostró totalmente predispuesto. Me encontré con una persona que yo desconocía. Y lo digo quizás como prejuicio. El quiere hacer, pero en derechos humanos quizás estuvo mal asesorado.

-¿Por quiénes?

-Directamente no estaba asesorado. Y él me dijo que era la primera vez que alguien le decía una cosa así. Y yo le dije: "Daniel, te estoy diciendo algo que es básico para los derechos humanos". Y me contestó: "Bueno... nunca nadie me lo dijo".

-¿Es compatible este planteo con una figura ministerial como la de Casal?

-Acordamos que yo voy a hacer diagnósticos y proponer soluciones. Acá somos todos conscientes de que las cosas no están bien: Scioli, Casal y yo. Entonces hay que buscar una solución que no sea represión. Y sobre todo Daniel, que quiere estar en sintonía con Cristina Kirchner y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación... no tiene por qué haber contradicción. Cuando yo asumí dije una frase de Silvio Rodríguez: que yo venía a hablar de las cosas imposibles porque de lo posible se sabía demasiado.

-Después del caso de torturas en Olavarría, ¿habló con José Eseverri?

-Estuve tratando de comunicarme con él. Lo voy a hacer. Hablé con la fiscal. Hay tres detenidos. Pero sabemos que también hay un cuarto y un quinto involucrados. Hay cosas inconcebibles en la Argentina de hoy. Me hacen acordar a la Inquisición. Donde una persona era distinta de otra, la prendían fuego. Esto es inconcebible y por eso intervenimos como lo hicimos. Esto ocurre en varios lugares. Ojalá fuera el último, pero sabemos que no va a ser así. Una persona detenida está bajo el amparo del Estado provincial. Entonces lo ocurrido es inconcebible. Vamos a ser intransigentes en este tipo de cosas. Hay un discurso social incentivado hasta las últimas consecuencias por los medios hegemónicos de pedir mano dura. Este discurso mediático lo recibe también la Policía. Que terminan concibiendo que si están muertos, mejor. Si entramos en contradicción y pensamos que seguridad es torturar y matar, nos equivocamos rotundamente.

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