
Edición Anterior: 23 de Junio de 2012
La violencia, el monstruo que alimentamos todos y que nos puede terminar devorando
En estos tiempos que corren en la Argentina la cultura dominante tiende a justificar la resolución de cualquier conflicto por medio de la violencia.
Daniel Puertas
dpuertas@elpopular.com.ar
La mujer sirve la comida sin quitar más de lo estrictamente necesario la vista de la pantalla donde una vedette lejos de sus mejores tiempos insulta con fervor a una ignota modelo que le responde con calificativos no menos hirientes.
Se sienta, toma el control y pasa a un noticiero donde en pocos minutos se suceden imágenes de vecinos furiosos cortando calles, políticos que denigran sin mesura a sus contrincantes ocasionales, gremialistas que llevan adelante paros que dañan notoriamente a miles o millones de personas y víctimas de delitos que claman más por venganza que por justicia. También se da cuenta de jóvenes apaleados por patotas o patovicas, novias o esposas quemadas por hombres iracundos y alguno que otro asesinato.
La familia mantiene la vista clavada en la pantalla y de vez en cuando comentan algo sobre la pelea al aire entre fulanito y menganita en el programa de entretenimientos de moda. La mujer vuelve a pulsar el control y cobra forma la figura de un conductor que injuria sin rubores a colegas ubicados en veredas políticas diferentes catalogándolos de mercenarios o de hijos de tal por cual.
Otro toque al botón y otros conductores de un programa de chismes se ríen de los dramas que exhiben sin rubores otras figuritas que disfrutan de sus quince minutos de fama ventilando los lados más oscuros de su condición humana.
El almuerzo concluye, un adolescente marcha a encerrarse en su cuarto y un niño se sienta a la play station para enfrascarse en un video pletórico de balazos, golpes y enemigos borrados de la faz de la pantalla.
La señora de la casa se distrae del televisor, hojea el diario y de pronto le dice a su esposo:
-¿Viste cuántos chicos baleados y apuñalados en poco tiempo en Olavarría? Qué barbaridad, yo no sé qué les pasa a estos chicos de hoy...
La Gorra contra la Gorrita
Seamos realistas: en estos tiempos que corren en la Argentina la cultura dominante tiende a justificar la resolución de cualquier conflicto por medio de la violencia.
No es el único país donde esto ocurre y el fenómeno comenzó a verificarse hace ya años incluso en sociedades con sus necesidades básicas perfectamente cubiertas y una estabilidad que es un sueño lejano para cualquier latinoamericano.
La justificada alarma por los recurrentes episodios de violencia juvenil en Olavarría, los que en más de un caso han tenido desenlace trágico, no ha tenido hasta ahora un abordaje serio ni de parte del Estado ni de organizaciones sociales ni de la sociedad misma.
En la inmensa mayoría de los casos los protagonistas de hechos violentos son víctimas predilectas de la brutalidad policial. Con inocultable aquiescencia de una ancha franja de la comunidad, la Policía persigue sistemáticamente a determinados jóvenes que comparten una forma de vida similar, un tipo de vestimenta particular y casi siempre otra característica común: son pobres.
"Cuando yo era chico y queríamos venir al centro, M...(un oficial de policía) nos cagaba a trompadas para que nos volviéramos porque éramos de las '104' (el barrio Ituzaingó). Hoy a mis hermanitos M... los sigue cagando a trompadas para que no se vengan al centro".
La frase fue pronunciada con sencilla sinceridad por "Beto" Calderón, referente de la FTV en Olavarría, ante los legisladores de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías cuando sesionaron en Olavarría.
Ese mismo día el diputado César Valicenti informó a un auditorio que no se sorprendió que el mismo fin de semana en que fue torturado Diego González en la Seccional Primera de Policía se habían presentado doce denuncias por brutalidad policial contra jóvenes.
Pero sería tan erróneo como injusto cargar la responsabilidad exclusivamente a la Policía por esta violencia ejercida sobre jóvenes que a lo largo de toda su corta vida han sido objeto de malos tratos y discriminación.
Los policías no responden a una tendencia naturalmente perversa sino a una creciente presión social ejercida por vecinos que son las más de las veces buena gente, pero que están aterrorizados por lo que creen una legión de ladrones que amenazan sus bienes, sus vidas y su tranquilidad de espíritu.
Y como los "de la gorrita" son visualizados como soldados de esa legión, muchos aprueban en silencio que la Policía los trate con el tipo de rigor al que están acostumbrados.
Además de las consideraciones de orden moral y legal para condenar esa violencia ejercida por funcionarios del Estado contra jóvenes hay otra razón para intentar combatirla: es completamente ineficaz para evitar que muchos chicos se vuelvan contra la sociedad en su conjunto y contra ellos mismos.
Por el contrario, cada joven o adolescente víctima de la brutalidad policial se convierte automáticamente en un potencial candidato a delincuente o matón sin reservas.
A todos les pasa
Desde hace muchos años las sociedades desarrolladas vienen estudiando el fenómeno de la violencia juvenil. Previsiblemente, las conclusiones siempre hablan de una multiplicidad de causas y que el aumento de la violencia entre los jóvenes es apenas el síntoma de una patología más profunda.
A pesar de todos los estudios, los estados no consiguieron articular acciones eficaces para disminuir los índices de violencia. Eso ocurre en los países desarrollados -que hoy están en una crisis que ha aumentado notoriamente tal violencia-, pero en América latina el fenómeno adquirió en los últimos años una magnitud pavorosa.
Dentro de todo, la Argentina, Chile y Uruguay mantienen niveles de violencia todavía dentro de los parámetros normales para una sociedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero en México, Venezuela, Colombia o América central ha llegado a un grado que hace temer que en el futuro inmediato ponga en riesgo cierto la subsistencia misma de los estados.
Lo que se ve por estos días en Olavarría es nada más que los primeros signos de una enfermedad social que tiende a agravarse, tanto por las absurdas terapias que se proponen y a veces hasta se intentan como por el agravamiento de muchos conflictos que no pasan sólo por las cuestiones económicas.
En Olavarría hay operadores sociales que vienen haciendo esfuerzos denodados y a veces hasta heroicos para atender la facetas de esta problemática que están a su alcance, pero son a todas luces insuficientes.
Y esto es así especialmente por la incomprensión de las causas profundas que originan este fenómeno por parte del Estado, no porque los funcionarios sean los únicos que incurran en este error sino, simplemente, porque sólo desde el poder se pueden arbitrar medidas tendientes sino a erradicarlo, aunque más no sea a contenerlo dentro de límites medianamente aceptables.
A pesar de todo, incluso de las muertes, la situación todavía es pasible de mejorar.
El ejemplo más claro la dieron en el pasado inmediato marchas en reclamo de justicia por la muerte de un chico de los "de la gorrita" que, en esencia, peticionaban al Estado con los métodos a su alcance.
Esa petición al Estado implica, ni más ni menos, que se siguen sintiendo parte de la sociedad, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en algunas villas del conurbano, donde la gente común es el "otro", sino siempre el enemigo, por lo menos el ser que pertenece a otro mundo y que es, por tanto, el potencial adversario o la posible presa.
En el mismo tiempo que se realizaron esas marchas por "Nary" Salvaresqui, donde caminaban chicos de gorrita que pedían básicamente que no se los discriminara, se hicieron otras marchas donde básicamente se reclamaban políticas de seguridad de "mano dura", las cuales además de ser probadamente ineficaces terminan siempre generando más discriminación.
Ahí se pudo observar perfectamente una fotografía del cuerpo social olavarriense de esos días. Si se la hubiera sabido leer, se habría advertido que prefiguraba el grado de violencia social de hoy.
El Estado tiene las herramientas más poderosas para tratar de sanar las fracturas sociales antes de que se transformen en irreversibles, pero todos y cada uno de los vecinos tienen que intentar aportar lo suyo para mejorar aunque sea mínimamente el sitio donde le ha tocado vivir y actuar.
Y esto no es sólo un imperativo moral, sino, simplemente, una necesidad imprescindible para atender males que se están agravando y que, más tarde o más temprano, afectarán malamente a todos.
dpuertas@elpopular.com.ar
La mujer sirve la comida sin quitar más de lo estrictamente necesario la vista de la pantalla donde una vedette lejos de sus mejores tiempos insulta con fervor a una ignota modelo que le responde con calificativos no menos hirientes.
Se sienta, toma el control y pasa a un noticiero donde en pocos minutos se suceden imágenes de vecinos furiosos cortando calles, políticos que denigran sin mesura a sus contrincantes ocasionales, gremialistas que llevan adelante paros que dañan notoriamente a miles o millones de personas y víctimas de delitos que claman más por venganza que por justicia. También se da cuenta de jóvenes apaleados por patotas o patovicas, novias o esposas quemadas por hombres iracundos y alguno que otro asesinato.
La familia mantiene la vista clavada en la pantalla y de vez en cuando comentan algo sobre la pelea al aire entre fulanito y menganita en el programa de entretenimientos de moda. La mujer vuelve a pulsar el control y cobra forma la figura de un conductor que injuria sin rubores a colegas ubicados en veredas políticas diferentes catalogándolos de mercenarios o de hijos de tal por cual.
Otro toque al botón y otros conductores de un programa de chismes se ríen de los dramas que exhiben sin rubores otras figuritas que disfrutan de sus quince minutos de fama ventilando los lados más oscuros de su condición humana.
El almuerzo concluye, un adolescente marcha a encerrarse en su cuarto y un niño se sienta a la play station para enfrascarse en un video pletórico de balazos, golpes y enemigos borrados de la faz de la pantalla.
La señora de la casa se distrae del televisor, hojea el diario y de pronto le dice a su esposo:
-¿Viste cuántos chicos baleados y apuñalados en poco tiempo en Olavarría? Qué barbaridad, yo no sé qué les pasa a estos chicos de hoy...
La Gorra contra la Gorrita
Seamos realistas: en estos tiempos que corren en la Argentina la cultura dominante tiende a justificar la resolución de cualquier conflicto por medio de la violencia.
No es el único país donde esto ocurre y el fenómeno comenzó a verificarse hace ya años incluso en sociedades con sus necesidades básicas perfectamente cubiertas y una estabilidad que es un sueño lejano para cualquier latinoamericano.
La justificada alarma por los recurrentes episodios de violencia juvenil en Olavarría, los que en más de un caso han tenido desenlace trágico, no ha tenido hasta ahora un abordaje serio ni de parte del Estado ni de organizaciones sociales ni de la sociedad misma.
En la inmensa mayoría de los casos los protagonistas de hechos violentos son víctimas predilectas de la brutalidad policial. Con inocultable aquiescencia de una ancha franja de la comunidad, la Policía persigue sistemáticamente a determinados jóvenes que comparten una forma de vida similar, un tipo de vestimenta particular y casi siempre otra característica común: son pobres.
"Cuando yo era chico y queríamos venir al centro, M...(un oficial de policía) nos cagaba a trompadas para que nos volviéramos porque éramos de las '104' (el barrio Ituzaingó). Hoy a mis hermanitos M... los sigue cagando a trompadas para que no se vengan al centro".
La frase fue pronunciada con sencilla sinceridad por "Beto" Calderón, referente de la FTV en Olavarría, ante los legisladores de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías cuando sesionaron en Olavarría.
Ese mismo día el diputado César Valicenti informó a un auditorio que no se sorprendió que el mismo fin de semana en que fue torturado Diego González en la Seccional Primera de Policía se habían presentado doce denuncias por brutalidad policial contra jóvenes.
Pero sería tan erróneo como injusto cargar la responsabilidad exclusivamente a la Policía por esta violencia ejercida sobre jóvenes que a lo largo de toda su corta vida han sido objeto de malos tratos y discriminación.
Los policías no responden a una tendencia naturalmente perversa sino a una creciente presión social ejercida por vecinos que son las más de las veces buena gente, pero que están aterrorizados por lo que creen una legión de ladrones que amenazan sus bienes, sus vidas y su tranquilidad de espíritu.
Y como los "de la gorrita" son visualizados como soldados de esa legión, muchos aprueban en silencio que la Policía los trate con el tipo de rigor al que están acostumbrados.
Además de las consideraciones de orden moral y legal para condenar esa violencia ejercida por funcionarios del Estado contra jóvenes hay otra razón para intentar combatirla: es completamente ineficaz para evitar que muchos chicos se vuelvan contra la sociedad en su conjunto y contra ellos mismos.
Por el contrario, cada joven o adolescente víctima de la brutalidad policial se convierte automáticamente en un potencial candidato a delincuente o matón sin reservas.
A todos les pasa
Desde hace muchos años las sociedades desarrolladas vienen estudiando el fenómeno de la violencia juvenil. Previsiblemente, las conclusiones siempre hablan de una multiplicidad de causas y que el aumento de la violencia entre los jóvenes es apenas el síntoma de una patología más profunda.
A pesar de todos los estudios, los estados no consiguieron articular acciones eficaces para disminuir los índices de violencia. Eso ocurre en los países desarrollados -que hoy están en una crisis que ha aumentado notoriamente tal violencia-, pero en América latina el fenómeno adquirió en los últimos años una magnitud pavorosa.
Dentro de todo, la Argentina, Chile y Uruguay mantienen niveles de violencia todavía dentro de los parámetros normales para una sociedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero en México, Venezuela, Colombia o América central ha llegado a un grado que hace temer que en el futuro inmediato ponga en riesgo cierto la subsistencia misma de los estados.
Lo que se ve por estos días en Olavarría es nada más que los primeros signos de una enfermedad social que tiende a agravarse, tanto por las absurdas terapias que se proponen y a veces hasta se intentan como por el agravamiento de muchos conflictos que no pasan sólo por las cuestiones económicas.
En Olavarría hay operadores sociales que vienen haciendo esfuerzos denodados y a veces hasta heroicos para atender la facetas de esta problemática que están a su alcance, pero son a todas luces insuficientes.
Y esto es así especialmente por la incomprensión de las causas profundas que originan este fenómeno por parte del Estado, no porque los funcionarios sean los únicos que incurran en este error sino, simplemente, porque sólo desde el poder se pueden arbitrar medidas tendientes sino a erradicarlo, aunque más no sea a contenerlo dentro de límites medianamente aceptables.
A pesar de todo, incluso de las muertes, la situación todavía es pasible de mejorar.
El ejemplo más claro la dieron en el pasado inmediato marchas en reclamo de justicia por la muerte de un chico de los "de la gorrita" que, en esencia, peticionaban al Estado con los métodos a su alcance.
Esa petición al Estado implica, ni más ni menos, que se siguen sintiendo parte de la sociedad, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en algunas villas del conurbano, donde la gente común es el "otro", sino siempre el enemigo, por lo menos el ser que pertenece a otro mundo y que es, por tanto, el potencial adversario o la posible presa.
En el mismo tiempo que se realizaron esas marchas por "Nary" Salvaresqui, donde caminaban chicos de gorrita que pedían básicamente que no se los discriminara, se hicieron otras marchas donde básicamente se reclamaban políticas de seguridad de "mano dura", las cuales además de ser probadamente ineficaces terminan siempre generando más discriminación.
Ahí se pudo observar perfectamente una fotografía del cuerpo social olavarriense de esos días. Si se la hubiera sabido leer, se habría advertido que prefiguraba el grado de violencia social de hoy.
El Estado tiene las herramientas más poderosas para tratar de sanar las fracturas sociales antes de que se transformen en irreversibles, pero todos y cada uno de los vecinos tienen que intentar aportar lo suyo para mejorar aunque sea mínimamente el sitio donde le ha tocado vivir y actuar.
Y esto no es sólo un imperativo moral, sino, simplemente, una necesidad imprescindible para atender males que se están agravando y que, más tarde o más temprano, afectarán malamente a todos.
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