Edición Anterior: 17 de Julio de 2012
Crédito dirigido, obligatorio y subsidiado
El Gobierno nacional ha dispuesto que los bancos presten en forma obligatoria parte de sus depósitos a empresas para desarrollos productivos. Para ello ha hecho uso de las facultades otorgadas al Banco Central en la reciente reforma de su Carta Orgánica, que le permite orientar la oferta de crédito y fijar tasas de interés.
Como todas las medidas de fuerte intervención en la economía que caracterizan la política del Gobierno, esos préstamos obligatorios tienen particularidades a tener en cuenta. Las entidades alcanzadas son las que operan como agentes financieros de los gobiernos nacional, provinciales, ciudad de Buenos Aires o municipales, cuyos depósitos sean iguales o superiores al 1% del total de los depósitos del sistema financiero. Esto implica alrededor de 20 entidades en todo el país.
Estos bancos deberán prestar, obligatoriamente, como mínimo un monto equivalente al 5% del promedio mensual de los depósitos del sector privado que tenga cada banco alcanzado por la medida. Conforme a los depósitos del sistema, se estima que el total a prestar es del orden de los 15 mil millones de pesos. Al menos el 50% de ese monto deberá ser otorgado a micro, pequeñas y medianas empresas.
La norma del Banco Central establece taxativamente el destino de los préstamos. "Financiación de proyectos de inversión destinados a la adquisición de bienes de capital y/o a la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y/o servicios y la comercialización de bienes (excluyendo bienes de cambio)". Los fondos no podrán destinarse a compra de empresas en marcha o de tierras. Las financiaciones deberán involucrar nuevos desembolsos de fondos, por lo que no podrán aplicarse a refinanciaciones de las ya otorgadas. El crédito será otorgado en pesos a una tasa de interés fija de hasta el 15% anual y a un plazo mínimo de 36 meses.
La norma no establece ni mínimos ni máximos por empresa; se entiende que es facultad del banco, en tanto ellos deben "asumir la total y absoluta responsabilidad sobre la correcta tramitación y ejecución de las operaciones con sus clientes, como asimismo todos los riesgos crediticios que deriven de los préstamos que aprueben y otorguen".
Como es habitual, al anunciar esta medida la Presidenta no se privó de cuestionar, en severos términos, a los bancos por haber orientado los créditos al consumo y no la inversión. Olvidando que ha sido el Gobierno nacional quien estimuló al extremo el consumo, no sólo mediante el crédito bancario, sino el comercial y usando fondos de Anses para financiar fideicomisos de consumo. Curiosamente también esta medida se adopta cuando en el mes de junio se ha producido un notable aumento del crédito (unos 12 mil millones) liderado por adelantos en cuenta corriente y descuento de cheques.
Sea como fuere, es necesario señalar algunos aspectos particulares de lo dispuesto. Quienes reciban el crédito tendrán importantes beneficios. Uno de ellos, la tasa de interés muy por debajo de la inflación, lo que implica hoy en día un subsidio cercano a 10 puntos porcentuales.
Otro, la tasa fija. En consecuencia las empresas con proyectos de inversión tienen una buena oportunidad de encontrar financiamiento en condiciones favorables. Para los bancos la situación es casi inversa; obligados a prestar a una tasa fija bastante por debajo de las que están cobrando implica pérdidas que deberán ser compensadas con tasas más altas para otros. Esta situación ya ha sido advertida por las calificadoras de riesgo y aquellos bancos que cotizan en Bolsa han tenido bajas importantes de sus acciones.
Hay quienes señalan algunos problemas adicionales. Uno es que en el sector de las micro y pequeñas empresas hay un porcentaje alto de informalidad, por lo que no son sujetos créditos conforme a las rigurosas normas que aplica el propio Banco Central. Es previsible por tanto algún conflicto. Finalmente también se ha destacado el posible deterioro de la calidad de las carteras de créditos de los bancos. Los residuales de los públicos y privados son testigos de las buenas intenciones de los gobiernos y malos resultados empresarios.
Los Andes, Mendoza, 16 de julio de 2012
Como todas las medidas de fuerte intervención en la economía que caracterizan la política del Gobierno, esos préstamos obligatorios tienen particularidades a tener en cuenta. Las entidades alcanzadas son las que operan como agentes financieros de los gobiernos nacional, provinciales, ciudad de Buenos Aires o municipales, cuyos depósitos sean iguales o superiores al 1% del total de los depósitos del sistema financiero. Esto implica alrededor de 20 entidades en todo el país.
Estos bancos deberán prestar, obligatoriamente, como mínimo un monto equivalente al 5% del promedio mensual de los depósitos del sector privado que tenga cada banco alcanzado por la medida. Conforme a los depósitos del sistema, se estima que el total a prestar es del orden de los 15 mil millones de pesos. Al menos el 50% de ese monto deberá ser otorgado a micro, pequeñas y medianas empresas.
La norma del Banco Central establece taxativamente el destino de los préstamos. "Financiación de proyectos de inversión destinados a la adquisición de bienes de capital y/o a la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y/o servicios y la comercialización de bienes (excluyendo bienes de cambio)". Los fondos no podrán destinarse a compra de empresas en marcha o de tierras. Las financiaciones deberán involucrar nuevos desembolsos de fondos, por lo que no podrán aplicarse a refinanciaciones de las ya otorgadas. El crédito será otorgado en pesos a una tasa de interés fija de hasta el 15% anual y a un plazo mínimo de 36 meses.
La norma no establece ni mínimos ni máximos por empresa; se entiende que es facultad del banco, en tanto ellos deben "asumir la total y absoluta responsabilidad sobre la correcta tramitación y ejecución de las operaciones con sus clientes, como asimismo todos los riesgos crediticios que deriven de los préstamos que aprueben y otorguen".
Como es habitual, al anunciar esta medida la Presidenta no se privó de cuestionar, en severos términos, a los bancos por haber orientado los créditos al consumo y no la inversión. Olvidando que ha sido el Gobierno nacional quien estimuló al extremo el consumo, no sólo mediante el crédito bancario, sino el comercial y usando fondos de Anses para financiar fideicomisos de consumo. Curiosamente también esta medida se adopta cuando en el mes de junio se ha producido un notable aumento del crédito (unos 12 mil millones) liderado por adelantos en cuenta corriente y descuento de cheques.
Sea como fuere, es necesario señalar algunos aspectos particulares de lo dispuesto. Quienes reciban el crédito tendrán importantes beneficios. Uno de ellos, la tasa de interés muy por debajo de la inflación, lo que implica hoy en día un subsidio cercano a 10 puntos porcentuales.
Otro, la tasa fija. En consecuencia las empresas con proyectos de inversión tienen una buena oportunidad de encontrar financiamiento en condiciones favorables. Para los bancos la situación es casi inversa; obligados a prestar a una tasa fija bastante por debajo de las que están cobrando implica pérdidas que deberán ser compensadas con tasas más altas para otros. Esta situación ya ha sido advertida por las calificadoras de riesgo y aquellos bancos que cotizan en Bolsa han tenido bajas importantes de sus acciones.
Hay quienes señalan algunos problemas adicionales. Uno es que en el sector de las micro y pequeñas empresas hay un porcentaje alto de informalidad, por lo que no son sujetos créditos conforme a las rigurosas normas que aplica el propio Banco Central. Es previsible por tanto algún conflicto. Finalmente también se ha destacado el posible deterioro de la calidad de las carteras de créditos de los bancos. Los residuales de los públicos y privados son testigos de las buenas intenciones de los gobiernos y malos resultados empresarios.
Los Andes, Mendoza, 16 de julio de 2012
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