Edición Anterior: 26 de Febrero de 2012
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Una sociedad espiada
El descubrimiento de labores de Inteligencia que realizaba la Gendarmería infiltrándose en movimientos sociales y gremiales para alimentar una base de datos denominada Proyecto X es una nueva confirmación del empleo ilegal de los servicios de informaciones por parte del Gobierno, y coincide con su claro sesgo autoritario.

La ley de inteligencia prohíbe tareas de espionaje interno, como las filmaciones y los registros de datos que habría realizado la Gendarmería durante protestas sindicales y cortes en la Panamericana por los despidos en una empresa en la provincia de Buenos Aires, en 2009, y entre integrantes de la organización social Barrios de Pie que hace poco se movilizaban en Resistencia.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, afirmó que Proyecto X "no es un plan secreto de espionaje" ni "se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales", y afirmó que el control de que no se infrinja la ley de inteligencia "lo está haciendo el Poder Judicial". Sin embargo, ese control sólo puede realizarlo la Justicia en las causas en marcha, no en el resto de las actividades de la Gendarmería, que depende de la ministra y ella debe controlar.

Garré lleva más de un año al frente de su cartera, por lo cual en su entorno culparon al ex ministro Aníbal Fernández, quien manejaba esa fuerza de seguridad en 2005, cuando se habría implementado el Proyecto X.

Si ese proyecto ha continuado en marcha, no caben dudas de que la responsabilidad es de Garré, y por más que ella ha ordenado una auditoría interna a cargo de personal de su ministerio, cuesta creer que, dado su cargo y su experiencia en materia de fuerzas armadas y de seguridad, no estuviera al tanto de lo que ocurría.

Es más, si algo ha caracterizado su gestión previa al frente del Ministerio de Defensa ha sido su sorprendente predilección por el área de Inteligencia, a tal punto que oficiales de esa especialidad ocupan importantes cargos en la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, comenzando por el subjefe, general César Milani.

Las tareas de Inteligencia no son ilegales si se enmarcan en la respectiva ley. Fuera de ella, además de resultar obviamente ilegales, constituyen una peligrosa arma en manos de un gobierno autoritario, enemigo de la pluralidad, de la independencia de los poderes y de la libertad de información.

Por sí solo, el Proyecto X puede parecer un asunto menor, aunque se trate de una base ilegal de datos. Pero la apreciación cambia si tenemos en cuenta otros factores. Por ejemplo, la reciente aprobación de la ley antiterrorista, que entraña una amenaza a opositores al Gobierno y que ya se ha aplicado en Catamarca contra manifestantes que se expresaban en contra de proyectos mineros que las autoridades defienden, al extremo de que en un acto de la Presidenta se hizo pasar por trabajador minero a quien en realidad era un dirigente peronista que defendía esos emprendimientos.

La información obtenida en forma ilegal por los servicios de espionaje oficiales suele convertirse en mercancía que se compra y se vende, y en instrumento de coerción o chantaje. Ha ocurrido con dos agentes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) en un caso que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, hace mucho que debería haber terminado de investigar. Los agentes integraban una banda dedicada a interceptar llamadas y casillas de correo electrónico de políticos, periodistas y personajes de la farándula, y luego vendían ese material.

El kirchnerismo se ha valido de la Inteligencia en su provecho y no ha dudado en aplicarla a sus propios funcionarios y ex funcionarios, como ocurrió con el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien denunció que, debido a la interceptación de su teléfono celular, el Gobierno se enteró de que estaba en contacto con el entonces vicepresidente Julio Cobos. De la ex SIDE depende la Dirección de Observaciones Judiciales, donde se practican las escuchas telefónicas que ordenan los jueces, y tal vez otras.

Hace años ya que ese organismo se ha convertido en una unidad básica al servicio de las necesidades electorales del kirchnerismo. En este sentido, hay que recordar las inexplicables y reiteradas presencias del titular de esa secretaría, Héctor Icazuriaga, en claros actos proselitistas en 2009, lejanos del objeto propio de su competencia funcional, y también la contratación por parte de la secretaría de encuestas para candidatos oficialistas pagadas con fondos públicos.

Es en este contexto donde el Proyecto X adquiere extrema gravedad e innegable peligro para toda la sociedad. Una sociedad que, pese a estar cada vez más vigilada y espiada, paradójicamente, permanece inerme y cada vez más desprotegida ante la ola delictiva que las autoridades deberían combatir.

La Nación, 25 de febrero de 2012

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