Edición Anterior: 26 de Febrero de 2012
Edición impresa // La Ciudad
JUICIO POR EL CRIMEN DE MORENO. Los dirigentes y afiliados de AOMA Loma Negra fueron los más controlados
Un informe de inteligencia prueba tareas de control e infiltración fabril
Fueron incorporados a la causa por el crimen de Moreno documentos secretos de inteligencia de la dictadura militar que prueban la existencia de vigilancia e infiltración fabril.


Claudia Rafael

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Descorrer el velo. Depositar los ojos en la reconstrucción de la memoria histórica. Hurgar donde antes funcionó aceitadamente el silencio como pacto ineludible. Todo eso conlleva indefectiblemente a la experiencia del dolor social. En algunos casos, incluso, funciona como una piedra sobre el vidrio de las identidades socioculturales. El juicio oral y público por el secuestro y posterior crimen del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno empieza a funcionar de esa manera. No se trata únicamente de escuchar testimonios desgarradores y hasta de confrontar miradas y perspectivas. Se trata de zambullirse de lleno en la historia del país. Con fecha del 28 de enero de 2012, la Comisión Provincial por la Memoria respondió detalladamente a un pedido exhaustivo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata sobre toda la información contenida en los archivos de lo que fue la Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), hoy gestionados por el organismo creado por la Legislatura provincial en agosto de 2000. Ese documento de casi 60.000 caracteres emboca sin miramientos los túneles de la memoria y abarca más de 40 años de historia, los vínculos entre fuerzas de seguridad y empresas, las tareas de infiltración de oficiales de policía en las asambleas fabriles e inteligencia sobre militantes políticos y gremiales y desarrolla -a pedido del Tribunal- el contexto de la militancia minera en la ciudad con particular foco en los seguimientos a quienes integraban las filas gremiales de AOMA Loma Negra.

Esta documentación a la que esta periodista accedió en forma total fue incorporada a la causa e integra uno de los materiales más impactantes dentro de la causa Nº 2473 por la que, desde el 9 de febrero pasado se está juzgando a los imputados Julio Tomassi, Roque Pappalardo, José Luis Ojeda (todos militares) y como dato innovador también a dos civiles: los propietarios de la chacra en la que estuvo alojado Moreno y en la que fue vastamente torturado, los hermanos Julio y Emilio Méndez.

El carácter de perseguido político indudablemente revestido por la víctima es parte de este informe y es considerado uno de los agravamientos más claros de la imputación a los cinco hombres acusados.

"Vigilancia"

Uno de los capítulos más jugosos del extenso informe de la Dipba fue titulado "La actividad sindical desarrollada en AOMA y la relacionada con la industria del cemento". Allí se desnuda la existencia de registros sobre los distintos sindicatos ligados a la producción del cemento y sus dirigencias. Estas tareas -releva la Comisión por la Memoria- abarca "desde la década del 50 a los años 90; 40 años de vigilancia, infiltración, hostigamiento, es decir, 40 años de persecución ejercida, por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (bajo sus distintos nombres), sobre alrededor de 3.000 obreros del cemento, cal y derivados, y sus formas organizativas, en un solo partido de esta provincia, Olavarría".

Sobre cada una de las seccionales y los sindicatos de AOMA hay un análisis de sus comisiones directivas, sus integrantes, con datos personales y caracterización de pertenencia política; infiltración de sus asambleas, quiénes participaban, cómo y dónde lo hacían. Pero es sobre AOMA Loma Negra donde se hace mayor hincapié, con injerencia directa de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y la conformación de un grupo especial para tareas de inteligencia conformado por la Dirección de Inteligencia Interior, Brigada Investigaciones de Azul, Dirección General de Investigaciones y Delegación Dipba Mar del Plata.

Hay un legajo puntual que va más allá del rol de obreros y gremios y se introduce también en la situación de la estructura empresarial tras la muerte de Alfredo Fortabat, en enero de 1976; la presidencia de Amalia Lacroze de Fortabat y la dirección ejecutiva a cargo de Bernardo Miretzky. También el análisis económico de la producción del cemento, las necesidades internas y las relaciones exteriores. Y se incluye "personal de la Comisaría de Olavarría, en tareas de vigilancia interna a pedido de la empresa". Tarea que más tarde incluirá también personal de la subcomisaría de Loma Negra e Infantería de Azul.

Estas tareas de seguimiento que van desde 1951 hasta avanzados los años 80 trascienden el color político, la metodología y los sistemas imperantes en el país. Y unen -más allá de lo institucional- en un pacto silencioso los roles de las fuerzas de seguridad y los intereses de algunas megaempresas en el país. Cabe contextualizar además que eran tiempos en que toda tarea de vigilancia recaían en la policía, porque todavía no existían las agencias de seguridad privada que años más tarde quedarían en algunos casos resonantes también integradas por policías exonerados.

Motivaciones

Resulta impactante el contenido del Legajo Mesa B, carpeta 86, legajo 88, caratulado "Loma Negra Anexo I" Olavarría. Inicia con una copia de una correspondencia interna de la empresa, que tiene carácter de reservada titulada "Perturbaciones durante la ampliación horno 7". Se trata de "un relato de los hechos de los últimos tres meses y las medidas que se tomaron, aumento de la vigilancia interna y colaboración de la policía local".

Sin fecha especificada se incluye un memorando de Inteligencia a la Jefatura de Policía, en el que se analiza "la situación de la fábrica, los hechos acaecidos, situación de las contratistas, hasta cómo prever futuros inconvenientes, para lo cual se dispone que respecto a la reunión de información, ésta se verá grandemente facilitada y será obtenida directamente en el terreno por dos suboficiales que han sido infiltrados y ya se encuentran desarrollando tareas como vulgares operarios en la planta y precisamente en los lugares físicos donde aparecieron las irregularidades". La ausencia de data personal no es, sin embargo, problema alguno. Porque esa información fue -según consta- "producida personalmente por el señor director de Inteligencia, comisario mayor Alberto Rousse" en colaboración con otras áreas del sector. Esa dirección fue ocupada por Rousse entre el 7 de enero de 1977 y el 25 de noviembre del mismo año.

Este informe es parte crucial del juicio, a la hora de la búsqueda de motivaciones del destino final de quien fue abogado de los obreros de AOMA Loma Negra. Y será utilizado por la querella y el Ministerio Público Fiscal a la hora de pedir mayores investigaciones o, inclusive, para la apertura de una nueva causa en torno de la presunta instigación de su secuestro y del crimen. En ese sentido, fueron además incorporadas alrededor de seis causas de aquellos años. Dos en el marco de la Ley 21.400 contra el derecho de huelga y otras cuatro ligadas a probar cómo los trabajadores de la embolsadora de la cementera se enfermaban irremediablemente de silicosis.

El viernes último, avanzada la mañana, se definió que el 9 y el 15 de marzo serán los alegatos de las partes y el viernes 16 por la tarde se conocerá el adelanto de sentencia de los jueces Portela, Falcone y Parra.

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