Edición Anterior: 20 de Agosto de 2012
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La resurrección de la idea de las policías municipales
Proyectos provinciales para compartir una pesada carga con los intendentes
El proyecto de creación de las policías municipales de prevención volvió al centro de la escena. Pero todavía hay muchos interrogantes y pocas respuestas.
Daniel Puertas
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Con la probable intención de evitar que la Policía Bonaerense se convierta en un problema mayúsculo o, cuanto menos, compartir la pesada responsabilidad de atender la demanda de seguridad de la población, el Poder Ejecutivo bonaerense ha decidido desempolvar el proyecto de las policías municipales de prevención.

Según los trascendidos difundidos por los medios de prensa platenses, el kirchnerismo habría decidido apoyar la iniciativa que estaba durmiendo en la Legislatura desde el verano. El vicegobernador Gabriel Mariotto abrió institucionalmente el debate en un encuentro con legisladores e intendentes como Sergio Massa (Tigre), Gabriel Katopodis (San Martín), Lucas Ghi (Morón) y Fernando Gray (Esteban Echeverría).

Además del proyecto oficial, elevado en febrero al Senado, hay otras tres iniciativas, elaboradas por Marcelo Saín, el diputado Jorge D'Onofrio y el denarvaísta y ex comisario Guillermo Britos.

El proyecto de Scioli propone como ejes y objetivos centrales "el fortalecimiento de la prevención del delito a través de la creación de un cuerpo policial que se sumará a las fuerzas de seguridad ya existentes".

También "la potenciación de la descentralización operativa de la policía por medio de la fijación de competencia territorial de la policía de prevención en el ámbito de cada municipio que adhiera a la ley" y "dotar a los intendentes municipales de una nueva herramienta para ejecutar políticas activas en materia de seguridad y prevención, adaptando las políticas generales a las particularidades de su distrito".

Todos los municipios con una población superior a los 70.000 habitantes podrán contar con su propia policía e incluso está previsto que si alguna ciudad más chica también la quiere se pueda hacer una excepción.

Ya el intendente de Olavarría, José Eseverri, anticipó que una de las cuestiones claves será la financiación. Al respecto, en el artículo 10 de la iniciativa sólo se señala que "cada municipio tendrá autonomía, funcional, administrativa y financiera para la puesta en funcionamiento y organización de la Policía de Prevención en su distrito", mientras que en las disposiciones complementarias se autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes".

Pero la obligada política de ajustarse el cinturón que está aplicando el gobierno bonaerense convierten en utópica la idea de crear nuevas policías pagadas con fondos del Tesoro provincial.

Pero la iniciativa oficial tiene otros bemoles, los que ya han sido criticados con dureza desde, por ejemplo, el sabbatellismo. Hace pocas horas, en Tandil, Lucas Ghi fustigó la idea sciolista de que las policías municipales continúen dependiendo del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Para Ghi, "una de las atribuciones que distingue el ejercicio real de la conducción de cualquier institución, sobre todo de una fuerza con las características de la Policía, es quién toma las decisiones más sensibles: quién dispone de un ascenso, de un relevo, un sumario o una sanción, un traslado; quién paga los sueldos".

El texto de la ley que pretende aprobar el oficialismo establece que "la Policía de Prevención dependerá funcionalmente del Intendente, pero mantendrá su dependencia orgánica con el Ministerio de Justicia y Seguridad" y que "el jefe de Policía de Prevención será el jefe de la Policía de Distrito".

Pero cada intendente "diseñará las políticas preventivas y las acciones estratégicas de la Policía de Prevención, que impartirá al Jefe de la Policía de Distrito para el desempeño de la fuerza policial".

Dicho de otra manera, los intendentes que lo quieran podrán dedicarse a pergeñar planes de seguridad, pero no le podrán ordenar directamente a sus policías que los lleven a cabo, ya que en realidad no serán "sus" policías, sino que le pertenecerán al Ministerio de Justicia y Seguridad, como ahora.

Los otros proyectos que están en la Legislatura van más allá y a simple vista parecen más lógicos, ya que junto con la responsabilidad también le confieren más atribuciones a los intendentes. En la iniciativa de Marcelo Saín se deja en manos de las policías municipales todos los delitos, salvo los complejos, como el caso del narcotráfico.

Más allá de las buenas intenciones de unos y otros, es dudoso que cualquier nueva policía obtenga buenos resultados sin una profunda reforma de la ya existente.

A los efectos prácticos, es mucho más importante la creación de la Policía Judicial que las municipales en el contexto actual.

Un buen ejemplo de como puede naufragar cualquier buena idea en el agitado mar de la realidad es la reforma que puso en manos de los fiscales la instrucción de las causas. El objetivo era que los fiscales, abogados todos ellos, les enseñaran a los policías cómo se debe trabajar para que las causas no se cayeran por vicios de procedimiento, como es muy habitual.

Ocurrió exactamente lo contrario: los fiscales se vieron obligados a dejar el grueso de la instrucción en manos de la Policía, cuando no empezaron a utilizar directamente los métodos policiales. Hoy los fiscales más conscientes desconfían de la Policía, los critican en privado, pero dependen en buena medida de ellos.

Y sigue habiendo muchas causas que se caen por fallas de procedimiento, sin que los fiscales puedan establecer nunca si los errores fueron fruto de la pura y simple incompetencia o del pago de un soborno pagado por el delincuente para zafar de la cárcel.

Una policía judicial les permitiría a los fiscales trabajar con una tranquilidad de la que hoy carecen. Pero por ahora no hay indicios de que se esté avanzando en el proyecto en la Legislatura.

Seamos realistas: la principal resistencia a cualquier cambio en la organización policial nace cuando se amenazan los "negocios", las "cajas negras" que hoy maneja la Policía Bonaerense.

Lo que está ocurriendo en Olavarría es un buen ejemplo. El jefe de la Policía Distrital está procesado junto al ex jefe departamental por la denuncia de otro policía sobre presuntas exacciones ilegales por la caza de la liebre.

Antes hubo otra denuncia sobre irregularidades en el manejo de las horas Cores. En estas mismas páginas se transcribieron segundos de una grabación en la que un supuesto jefe policial aparece admitiendo ante sus subordinados la existencia de esas maniobras y asumiéndolas como propias.

Las acciones del Ministerio de Justicia y Seguridad ante esta situación son directamente imperceptibles, si es que existen. Por ahora Ricardo Casal no parece muy preocupado por lo que viene ocurriendo en Olavarría.

En tal contexto, ¿qué confianza pueden tener los intendentes de que una policía municipal les traerá una solución a sus problemas de seguridad?, ¿quién estará dispuesto a hacerse cargo de una responsabilidad tan importante sin que les den garantías mínimas de que hay una intención real de terminar con la corrupción institucionalizada?

Por ahora, los proyectos son sólo un muestrario de buenas intenciones. Bastante poco para pronosticar que tendrán éxito.

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