Edición Anterior: 8 de Octubre de 2012
Edición impresa // La Ciudad
ENFOQUE
Seguridad pública y responsabilidades
Daniel Puertas

dpuertas@elpopular.com.ar

El levantamiento de prefectos y gendarmes en demanda de mejoras salariales viene a complicar aún más la posibilidad de aplicar políticas serias para atender la principal preocupación de la población argentina: la seguridad pública.

Es preciso aclarar que las preocupaciones populares no necesariamente están generadas en los datos objetivos. En toda América Latina la violencia y la actividad delictiva son percibidos como el problema más importante del país, independientemente de la situación particular de cada región.

Por ejemplo, la tasa de victimización en la Argentina -marcada por el hecho de haber sufrido en carne propia un delito o tener con un familiar cercano en esa situación- es más alta que la de Honduras, el país que tiene el mayor índice de asesinatos del mundo en relación a la cantidad de habitantes.

Actualmente, en Honduras son asesinadas anualmente más de 80 personas y en la Argentina menos de seis.

Por un lado, los datos, recogidos en un profundo estudio realizado por Latinobarómetro, indican que en la conformación del clima social respecto de la delincuencia influyen tanto delitos menores como los hurtos como los más graves.

Por el otro, que los países con alto grado de violencia la han naturalizado buena medida. Como apuntan los investigadores de Latinobarómetro, es importante "el punto de partida" del encuestado. Eso lleva, por caso, a que en Colombia, un país que vive desde hace muchos años en un marco de violencia generalizada perciba con más satisfacción modestos avances de políticas públicas para mejorar la seguridad que la Argentina, que presenta niveles de violencia muchísimo más bajos.

La incomprensión del fenómeno por parte de la inmensa mayoría de los dirigentes y las urgencias electorales que les restan tiempo para intentar comprenderlo se combinan para producir el divorcio entre la gente y los líderes políticos.

En la Argentina este fenómeno es perfectamente visible e identificable. Desde los oficialismos de turno se minimiza el tema y desde las oposiciones también de turno se trata de potenciarlo en el marco de la lucha permanente por el poder.

Así es como se producen las habituales reacciones espasmódicas que tienden, por ejemplo, a promulgar leyes de "mano dura" cuando la presión de la opinión pública se hace insostenible, las que luego suelen derogarse cuando la realidad demuestra que causan más daños que beneficios.

En los últimos veinte años la población carcelaria del país se multiplicó varias veces, a pesar de lo cual la mayoría de la gente sigue convencida de que los delincuentes "entran por una puerta y salen por la otra" o que son las leyes benignas el origen de buena parte de los delitos que se cometen en el país.

Todos somos responsables

Ubicándonos en nuestra realidad cotidiana podemos comprobar que Olavarría no está ajena en absoluto a este fenómeno compartido con la inmensa mayoría de los latinoamericanos, aunque exista una enorme disparidad entre nuestra ciudad y Ciudad Juárez, en México.

Hay una diferencia importante, sin embargo, entre los argentinos y la mayor parte de los latinoamericanos: en nuestro país la inmensa mayoría de la población considera -siempre siguiendo el estudio de Latinobarómetro- que sus compatriotas, y quizá ellos mismos, no cumple con las leyes.

De hecho, en Olavarría el producto de múltiples raterías suele ser vendido en la calle, casa por casa. Por supuesto, nadie admitirá haber comprado o una herramienta robada, pero no son pocos los que cuentan que vieron a algún pibe ofreciendo un reproductor de DVD por cuarenta o cincuenta pesos.

A pesar de eso, no hay registros de algún exitoso procedimiento policial en el que haya sido atrapado algún ratero que fue denunciado por un vecino que decidió comportarse como un buen ciudadano y denunciar al singular vendedor callejero.

Técnicamente, a quien le es ofrecido un bien de origen ilícito y no denuncia el hecho está cometiendo un delito. Todos aceptarían que comprar ese producto mal habido sería un ilícito, pero pocos dirían lo mismo de la omisión de la denuncia.

Sería impensable imaginar que en una ciudad suiza un ladrón podría ir casa por casa ofreciendo vender barato parte de su botín. También lo sería en Guatemala, donde los propios vecinos podrían lincharlo. Guatemala, el país cuya población lo percibe como el más violento, registra decenas de linchamientos cada año.

Periódicamente, las agencias internacionales de noticias dan cuenta de lo ocurrido en alguna aldea guatemalteca, donde uno, dos o más delincuentes fueron apaleados, atados a un poste de la plaza principal y luego prendidos fuego.

En Bolivia, no hace demasiado tiempo, un adolescente de 15 años ebrio se equivocó de casa y trató de ingresar a otro domicilio y no al de su abuela.

Hoy pasa sus días en un hospital, prácticamente inválido, después de haber sido golpeado por vecinos enfurecidos que luego trataron de quemarlo vivo.

No es que estos métodos brutales sean precisamente aconsejables, pero sirven para demostrar que en otros puntos del globo las sociedades no soportan ser cómplices de los delincuentes.

En Olavarría -seguramente en el resto de la Argentina también- es habitual escuchar el relato de cómo alguien recobró su computadora pagando un "rescate" o a otra persona contando que "el televisor que me robaron lo vendieron en cien pesos".

Esto significa, ni más ni menos, que esclarecer este tipo de delitos sería una tarea muy sencilla para cualquier investigador más o menos profesional.

A pesar de eso, la frase más común pronunciada por centenares de víctimas de delitos es "nunca recuperé nada".

Aunque esto demuestra una singular incompetencia, cuando no complicidad, de los organismos responsables de investigar los delitos, pocas veces esto parece tener alguna influencia en las carreras de los funcionarios responsables.

¿Qué revela esto? Fundamentalmente, que en la sociedad olavarriense en particular y la argentina en general hay una buena dosis de responsabilidad en el fenómeno que preocupa a todos.

El estudio de Latinobarómetro concluye en que la percepción de las poblaciones sobre la seguridad pública está poniendo a prueba a las democracias. Sería importante entonces que todos, no solamente los funcionarios del Estado, tomaran conciencia de la gravedad del fenómeno y de las responsabilidades que le competen para evitar males mayores.

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