Edición Anterior: 28 de Marzo de 2013
Edición impresa // La Ciudad
Hasta cuándo un imputado puede ser perseguido penalmente
La prescripción de las causas o el desinterés eterno del Estado
Pasan los años y hay causas que permanecen sin imputados, carentes de hipótesis o de pruebas. Hasta cuándo un imputado puede tener detrás de sí las garras del Estado. La extinción penal y las razones del desinterés institucional.
Claudia Rafael
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En la ciudad hay un número infinito de causas penales impunes. No hay hipótesis posibles. No hay imputados. No hay detenidos. Y -lo que es peor aún- no tienen perspectivas ciertas de llegar a tenerlos. Hacer el listado demandaría largas páginas. Bastaría, como botón de muestra, mencionar apenas tres: Rubén Darío La Cruz, 32 años, desaparecido el 10 de diciembre de 1997; Argentino Chiramberro, 67 años, asesinado el 4 de marzo de 2000; Germán Esteban Navarro, 17 años, desaparecido el 28 de octubre de 2004. Se trata de tres historias diferentes entre sí pero igualmente impunes. La Cruz desapareció y sus restos nunca fueron encontrados. Chiramberro fue asesinado en la quinta en la que trabajaba como cuidador. Hubo detenidos que luego fueron liberados por la ausencia de pruebas. Y, finalmente, Navarro fue un desaparecido en democracia hasta abril de 2005 en que aparecieron los restos. Hubo múltiples sospechas, infinitas dudas pero todo quedó eternamente en un terreno neblinoso.

La gran pregunta es: ¿Cuál es el margen de tiempo del Estado para aclarar un hecho delictivo? Las causas no son eternas pero hay razones más que precisas para su extinción. Es que el Estado no puede perseguir a un imputado durante toda su vida. Con lo cual, para que una causa extinga debe ocurrir:

-Que haya transcurrido el tiempo necesario para su prescripción. Para eso, -indicó a EL POPULAR el ex juez en lo Penal, Jorge Moreno- "cuando el Estado demuestra que no hay interés en ejercer la acción penal".

-Que "el ofendido" (la víctima) desista de la acusación, cuestión que corre para los delitos considerados jurídicamente como de "acción privada".

-La muerte del imputado.

Es decir que indefectiblemente, para que se extinga, debe haber un imputado. Y los diez años establecidos como tiempo máximo de desinterés estatal en avanzar, son a veces interrumpidos por hechos procesales. Es decir, el llamado a indagatoria lo interrumpe de la misma manera que la elevación a juicio e, incluso, la misma condena. ¿Qué significa? Que se empieza la cuenta nuevamente desde cero.

El criminólogo Claudio Stampalija declaró días atrás al diario La Nación que "la prescripción es un instituto de derecho público, que representa una garantía para el imputado de un delito y que le impone un límite al poder punitivo del Estado".

La acción penal -dice el Código en su artículo 62- prescribirá:

"1º) a los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;

"2º) después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años y bajar de dos años;

"3º) a los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;

"4º) al año, cuando se trate de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;

"5º) a los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa".

Cada una de estas determinaciones están básicamente basadas en esa abstención del Estado de investigar en términos reales. Y ese "desinterés" en investigar suele tener infinitas motivaciones, que trascienden ampliamente las cuestiones jurídicas. Después de todo, las instituciones suelen estar ampliamente atravesadas por cuestiones terrenales. Profundamente terrenales. Que se rozan indiscutiblemente con componentes económicos, sistémicos, ideológicos, de clase o de desidia, entre tantísimas otras. Entonces, una vez más, la Justicia deja al desnudo su raigambre profundamente humano.

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