Edición Anterior: 20 de Octubre de 2013
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Vidrieras de la política contra el delito
Las muertes jóvenes y los típicos caballitos de batalla pro-seguridad
En 2011 murieron por agresión 545 jóvenes en el país entre 15 y 24 años. Uno cada 16 horas. En tiempos electorales, los eslóganes contra el delito resumen los perfiles de campaña. Más cámaras, más castigos, basta de puertas giratorias son los típicos caballitos de batalla. Aunque el grueso de esas muertes nada tuvo que ver con el concepto más estrecho de la inseguridad.
Claudia Rafael

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Hay muertes de primera y muertes de segunda. Hay historias que sacuden y conmueven y otras que quedan arrinconadas a un mundo afectivo estrecho. Hay nombres que forman parte de la memoria colectiva y otros que la gran mayoría ni siquiera registra. Hay historias que sacuden, que impactan, que conmocionan y no siempre hay respuestas claras sobre los porqués. ¿Qué razones objetivas hay para que Angeles Rawson, Araceli Ramos o Candela Sol Rodríguez muevan recuerdos y no así, Soledad Bowers (en La Plata) o Juana Gómez (en Chaco)?

Sería interesante hacer un repaso por los crímenes locales y, como sociedad, profundizar las razones más hondas sobre por qué ciertos homicidios constituyen una marca de fuego y cuáles fueron, en cambio, arrinconados al olvido. La última década ofrece decenas de ejemplos de asesinatos a jóvenes. ¿Cuántos nombres recuerda cada uno? ¿Acaso tres, cinco, quince, treinta? ¿Cuál fue la historia de esos jóvenes de futuro truncado a la fuerza y de prepo?

Sería sano, como sociedad, estar en condiciones de blanquear internamente las motivaciones para esa traidora sistemática que suele ser la memoria. Colocarlas prolijamente sobre la mesa y predisponerse a un debate apasionado y sincero.

Este país ha boicoteado (a veces por ineficacia y, la mayoría, por decisión política) las estadísticas. Las hay inexistentes, parciales, falsas y tendenciosas. Pero, aún a pesar de esas caracterizaciones, son un elemento de peso al que asirse en ocasiones para tratar de construir un diagnóstico.

Hay que viajar a los túneles temporales de 2011 para encontrar las últimas cifras de mortalidad oficial del ministerio de Salud de la Nación. En ese año, murieron en Argentina 1.764 niños de 5 a 14 años. Del total, 1683 tuvieron causas bien definidas. De todas ellas, 46 fueron producto de una agresión.

Cuando se salta a la franja que va de los 15 a los 24 años, el total de muertes fue de 6.238, de las que 6.025 estuvieron bien definidas. 545 fueron homicidios: 490, eran varones y 55, mujeres.

En la franja siguiente, la que va de 25 a 34 años, hubo 7.061 muertes en total, de las que 6.750 estuvieron bien definidas. 447 fueron crímenes, de los que 386 eran hombres y las restantes 61, mujeres.

Traducido a otro tipo de miradas, en lo que suele ser la franja concebida usualmente como de "jóvenes" (15 a 24), se produce una muerte por agresión cada 16 horas.

A la hora de medir la tasa de crímenes en la franja etaria de 15 a 19 años, un informe del diario La Nación plantea que se elevaría a 7,4 cada cien mil y advierte que "entre los 20 y los 24 años quedaría establecida en 8,6 cada cien mil, y en el grupo de 25 a 29 años, en 7,9 cada cien mil".

Un crimen, un castigo

En ese contexto es necesario hacer tallar el concepto de inseguridad en esa mirada corta y mezquina y preguntarse si tuvo o no incidencia en esas cifras. Resultaría interesante responder a ese interrogante en estos días, teniendo en cuenta que buena parte de las campañas electorales lo tomó como tema medular o, al menos, lo intentó.

El periodista Darío Villarruel, especializado en temáticas judiciales, analizaba esta semana el eslogan de campaña de Francisco de Narváez. Ese que sintetiza "un crimen, un castigo". Y jugaba con el concepto de pensar que, para lograr el objetivo, es decir, el castigo, previamente debería existir el crimen. Lo cual llevaría a una carrera voraz destinada a concretar la promesa de campaña. Una sociedad sana, objetivamente sana, debería –en todo caso- evitar la existencia del crimen en sí. Y no esperar a que ocurra para provocar el castigo.

El criminólogo noruego Nils Christie planteó algunos años atrás en una entrevista con la sección Zona, de Clarín (en los tiempos en que todavía no era mala palabra para el kirchnerismo), que "cuando las diferencias de clase aumentan y la economía está teñida por la inequidad, la inseguridad pasa a ser una característica de la mayoría de las sociedades. La inseguridad es la parte peligrosa del desarrollo. Por eso yo pongo tanto énfasis en la mejora de las condiciones sociales generales como medida contra el crimen".

Y hace unos días, el investigador Esteban Rodríguez recordaba en un informe publicado en la revista Crisis que una década atrás, Nils Christie decía que "en el neoliberalismo la lucha contra el delito era la `vidriera de la política`, que cuando el mercado de trabajo se desregulaba y flexibilizaban las relaciones laborales, cuando el Estado tomaba distancia de la salud, la educación, la previsión social, la vivienda y la infancia asistida, uno de los pocos nichos que le quedaba a la dirigencia de turno para presentarse como merecedor de votos durante la competencia electoral, era la inseguridad. Todos los candidatos probaban su valía en la lucha contra el flagelo del delito".

Y Rodríguez remataba analizando que "diez años después, la inseguridad continúa desfilando por las pasarelas, pero las razones deberían ser otras (…) La inseguridad, incluso, es un tema que se mantiene como ítem central a pesar de que exista cierta disminución de las tasas del delito en la última década. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿A qué se debe esta persistencia? ¿Por qué el delito sigue ganándose la atención de la ciudadanía hasta convertirse otra vez en uno de los temas centrales en estas elecciones?".

Causas

En una nota de análisis que entremezcla la muerte joven con la inseguridad como gran caballito de batalla para un alto porcentaje del arco partidario, hay que interrogarse indudablemente si fue la inseguridad la causa primigenia de esas agresiones. Y rápidamente hay que responder que no. El grueso de esas muertes tuvieron que ver con otro tipo de violencias. Con otro tipo de inseguridades. Muy diferentes al vapuleado concepto pergeñado en el marco del delito contra la propiedad privada. Amasadas socialmente a través de los años. Nacidas de las políticas abandónicas, de los olvidos sistémicos, de las pujas territoriales, de los históricos venenos.

El eslogan de De Narváez, los múltiples proyectos de ley y las infinitas cámaras de Massa, los exabruptos habituales de un impresentable Sergio Berni (a inicios de mes dijo que hay "4000 delincuentes robando en la Capital Federal" en casos de asaltos y hurtos callejeros y que "antes entraban por una puerta de Tribunales y salían por la otra y ahora ni siquiera entran"); la necesidad de Martín Insaurralde de subirse a la locomotora pro-securitate; son apenas ejemplos de una lógica que busca incrementar el consenso punitivo pero que no mide la peligrosidad que encierra y comporta.

La inmensa mayoría de las decenas de jóvenes asesinados en la última década no murió víctima de esa inseguridad que los candidatos proclaman. Murió mayoritariamente por violencias, nacidas de la médula de una sociedad agobiada por otros males. Y nada de esto significa que no sea imprescindible atender a esas pústulas de un sistema desigual e injusto. Sino que no se trata de ofrecer las soluciones que muchos, desorientados, dolidos, desamparados, buscan desesperadamente escuchar pero que están muy lejos de resultar idóneas.

El abanico de soluciones que se ofrendan al por mayor en tiempos electorales suelen posicionarse en el "después del delito". Nunca antes. Y desde ese lugar, se quiera o no asumir, no hay transformación posible. Más bien, todo lo contrario.

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