Edición Anterior: 25 de Mayo de 2015
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Se viene el primer juicio con ese sistema en la región
Las razones de la Cámara de Apelaciones de Azul a favor del juicio por jurados
Daniel Puertas

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El asesinato de un joven de 26 años de un navajazo en la puerta de una bailanta de Bolívar será el primer crimen que se juzgará en la región ante un jurado de seis hombres y seis mujeres que deberán decidir si el asesino es culpable o inocente de los cargos que se le imputan.

El trágico desenlace de una de las incontables peleas que ocurren entre jóvenes enardecidos por la adrenalina y presumiblemente alguna sustancia capaz de borrar las inhibiciones, como el alcohol, se convirtió en el centro de la colisión de opiniones de los magistrados en torno del sistema de juicio por jurados.

Cuando el imputado eligió esta nueva institución judicial para que se decidiera su suerte, el presidente del Tribunal Oral Crminal 2 de Azul, Carlos Paulino Pagliere (h), resolvió que el juicio por jurados aprobado por la Legislatura bonaerense contravenía las disposiciones constitucionales y por lo tanto debería conformarse con el viejo sistema de tres jueces arbitrando entre las posturas de la acusación y la defensa.

El defensor oficial Samuel Bendersky, que representa a Diego Javier Barboza, un misionero de 25 años que defendió a un amigo que estaba siendo golpeado por otros con el drástico argumento de una navaja, apeló la resolución de Pagliere.

Entonces llegó el turno de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul. El fallo de Pagliere alcanzó repercusión nacional y fue difundido por todos los medios, lo que no ocurrió con la decisión de la Cámara.

Este fallo se dio con el voto del doctor Eduardo Jorge Uhalde, al que le correspondió por sorteo pronunciarse en primer lugar, y que contó con la adhesión del doctor José Luis Piñeiro.

El doctor Pagliere había atacado el sistema de jurados con toda la artillería jurídica a su alcance.

En su voto, Uhalde recordó que el presidente del TOC 2 "en su resolución que la ley 14.543 de juicios por jurados aparece como violatoria de las constituciones provincial y nacional en sus principios más importantes. Parte para ello de que las cláusulas de los arts. 24, 75inc. 12 y 118 de la Constitución Nacional son opcionales, facultativas, a lo sumo programáticas, y que toda normativa constitucional se debe valorar y analizar en conjunto y de modo armónico, de manera de cerciorarse que unas disposiciones no entren en colisión con otras de igual jerarquía".

También había opinado que "la ley 14.543 viola el art. 1° de la Constitución Nacional que establece el sistema federal de gobierno, ya que pretende implementar el juicio por jurados con sostén en previsiones de la misma Carta Magna, a pesar de que dicha ley está reñida con disposiciones de la Constitución Provincial en sus arts. 175, 178 y 181".

Pagliere había afirmado además "que dicha norma provincial viola el art. 1° de la Constitución Nacional, el cual establece el sistema republicano de gobierno, ya que los veredictos del jurado son inmotivados; contraviene el sistema representativo de gobierno ya que el jurado no es elegido por el pueblo ni tampoco es el pueblo, sino que es ‘una suerte de tiranía del azar’; infringe el art. 16 que pone como condición la idoneidad para los empleos públicos pues el jurado carece de ella; vulnera los pactos internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional que consagran el principio de juez imparcial, puesto que por falta de conocimientos técnicos los miembros del jurado son vulnerables a la influencia mediática y de terceros, y también transgrede el art. 16 como garantía de igualdad, pues la ley de jurados otorga al imputado derechos extraordinarios en desmedro de los derechos de las víctimas".

Con esos argumentos, Carlos Paulino Pagliere declaró la inconstitucionalidad. El doctor Samuel Bendersky apeló considerando que se le restringía a su defendido "una garantía de neto corte constitucional" y en el mismo sentido se pronunció el defensor general Diego Fernández, cuyos argumentos fueron compartidos por el Fiscal General Subrogante.

Una cuestión grave

Tras anticipar que el recurso de la defensa debía prosperar, el juez Uhalde recordó que en situaciones similares la Cámara ya había sostenido que "siendo que la validez constitucional de las normas debe ser presumida, implicando que una declaración en contrario ha de tenerse como ultima ratio de la labor judicial, es imperativo instaurar la exigencia de que la discordancia entre los principios fundamentales de la Constitución y Tratados Internacionales y las cláusulas normativas atacadas, ha de ser manifiesta".

Además, la Suprema Corte "ha establecido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la última alternativa para restablecer el orden jurídico" y de la misma forma se ha pronunciado la Corte Suprema.

Luego entró en la cuestión de si debe aceptarse o no que la Constitución dice realmente que debe instrumentarse el juicio por jurados. Después de analizar el punto, el doctor Uhalde concluyó en que "tenemos entonces una clara determinación constitucional hacia la implementación del juicio por jurados, ergo, no cabe interpretar que esa institución, por sí o por una aparente colisión con otros principios de la misma Carta Magna, fuera inconstitucional, pues tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la interpretación de la ley debe hacerse procurando armonizar las normas entre sí evitando darles sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilia y deja a todas con valor y efecto".

En ese sentido, agregó que "en ese andarivel no es dable sostener que una ley que implementa el juicio por jurados viola el art. 1° que establece el sistema republicano de gobierno ya que los veredictos serían inmotivados; o que infringe el sistema representativo de gobierno ya que el jurado no es elegido por el pueblo; o que contraviene el requisito de la idoneidad para acceder a funciones públicas; o la garantía de igualdad, o la de imparcialidad, pues para arribar a esa conclusión se ha partido de una interpretación que en lugar de compatibilizar las distintas normas constitucionales las confronta entre sí".

Más adelante se sostiene que "es importante recordar que cuando la Constitución Nacional se refiere al jurado lo hace teniendo en cuenta el modelo anglosajón y la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en los cuales los jurados dan su veredicto según su íntima convicción, sin motivar o explicar cómo se llegó al mismo. Sus miembros son elegidos entre la ciudadanía y no son funcionarios públicos a quienes se pueda exigir una especial idoneidad. A su vez, la imparcialidad se presume por ser los miembros parte del pueblo e iguales a quien debe ser juzgado".

De la misma forma fue desestimando todos los argumentos en contra del juicio por jurados y rechazó que la ley 14.453 sea incompatible con la Constitución bonaerense. También sostuvo que se trata de un derecho del imputado, al que puede renunciar, y que ", ha de tenerse en cuenta que si bien el juicio por jurados es el modo para asegurar la participación ciudadana y el control republicano sobre los actos de gobierno del Poder Judicial, no es menos cierto que desde su nacimiento con la Carta Magna de Inglaterra de 1215, el juicio por jurados surgió como una garantía del imputado a ser juzgado por sus pares".

Sobre la opinión del doctor Pagliere de que un jurado puede ser influido por los medios, el doctor Uhalde subrayó que "esa afirmación parte de un prejuicio, pues no puede asegurarse que todos los jurados -o en su mayoría- sean fácilmente influenciables o arbitrarios, o lo sean en una medida diferente al juez técnico. Por el contrario, la ley en cuestión considera que todo ciudadano es naturalmente capaz para ser jurado, pues la esencia de este sistema es la participación directa del pueblo, con una composición representativa de la sociedad, que refleje su heterogeneidad. Precisamente, la selección de jurados por medio del azar, solución que adopta dicha ley, tiende a garantizar la transparencia y la heterogeneidad pretendidas".

Así, "el juicio por jurados es una institución prevista en la Constitución Nacional en tres de sus artículos, y es indudable que el legislador constitucional consideró útil afianzar la justicia en materia criminal por esa vía procesal, pues aparece en la Carta Magna de 1853 y es ratificada por el Convencional Constituyente en 1994. Existen razones fundadas para entender que a falta de la ley marco que ordena la Constitución Nacional, las provincias se encuentran legitimadas, como lo han hecho hasta el momento, para legislar sobre el mejor modo de administrar justicia".

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