Edición Anterior: 25 de Agosto de 2015
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Tenía 65 años y se encontraba internado en grave estado
Murió Omar Antonio "Pájaro" Ferreyra, símbolo de la represión en Olavarría
Había sido condenado recientemente por la Justicia por delitos cometidos durante la represión ilegal en la última dictadura militar. A raíz de su delicado estado de salud, había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria.
Daniel Puertas

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En las últimas horas del domingo murió Omar Antonio "Pájaro" Ferreyra en el Hospital Municipal "Doctor Héctor Cura", donde se encontraba internado en estado terminal por un cáncer de esófago que se le manifestó cuando estaba alojado en la cárcel de Marcos Paz a la espera de ser enjuiciado por los delitos cometidos durante la represión clandestina en Olavarría.

Ferreyra tuvo el dudoso privilegio de ser el único suboficial de todos los que prestaron servicio en el Regimiento de Caballería de Tanques 2 "Lanceros General Paz" en los años de plomo que ya fue condenado por la Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Olavarría.

El resto de los cuadros bajos del Ejército señalados como participantes en la represión esperan en sus casas que se realice el juicio denominado Monte Peloni II para sentarse frente al tribunal que los juzgará y alientan la esperanza de que un brusco cambio político en el país lleve a que esos juicios nunca se realicen.

Ni él ni el intendente Helios Eseverri sospechaban que su ascenso a un importante cargo dentro del gabinete municipal terminaría conduciéndolo al doloroso destino que terminó en los últimos minutos del último domingo.

Además, su designación como director de Control Urbano de la Municipalidad de Olavarría desató un escándalo que alcanzó su punto máximo cuando el programa televisivo "Punto Doc" lo enfrentó ante sus cámaras con una de las víctimas de Monte Peloni, la única mujer que, hasta donde se sabe, pasó por ese siniestro centro clandestino de detención, Lidia Araceli Gutiérrez, quien lo acusaba a gritos mientras Ferreyra retrocedía buscando el refugio de su oficina.

Después de casi treinta años de ser un vecino más de Olavarría, habitual integrante de entidades intermedias, Omar Antonio Ferreyra sentía la mano glacial del pasado aferrándolo y se convertía en el símbolo denostado de una historia infamante.

Helios Eseverri, fiel a su estilo y a su imagen de vasco obstinado, lo mantuvo en su puesto contra todos los embates, e incluso soportó el alejamiento de uno de sus hombres más fieles, el entonces secretario de Gobierno y hoy senador provincial Héctor Vitale.

Vitale había dicho a este Diario que él no compartiría nunca un espacio con un represor y, ante una repregunta de la periodista Silvana Melo, nombró públicamente por primera vez a Omar Ferreyra como el blanco de los rumores que habían comenzado a circular por la ciudad en ese sentido.

Apenas Ferreyra se convirtió en funcionario municipal, algunas de las víctimas lo reconocieron como uno de los miembros de los grupos de tareas que actuaban en Monte Peloni. Pero hasta que Vitale no lo identificó, su nombre no había alcanzado dimensión mediática.

Entonces la periodista Claudia Rafael lo encaró directamente grabador en mano. Las escasas palabras de Ferreyra quedaron atrapadas en un cassette y su voz fue reconocida por varios de quienes habían estado cautivos en Monte Peloni.

Helios Eseverri afrontó una interpelación y todo tipo de críticas, pero Ferreyra conservó su puesto hasta que decidió renunciar por problemas de salud.

Cuando Ferreyra quedó expuesto ante la opinión pública, los juicios por delitos de lesa humanidad eran una quimera de militantes de derechos humanos y de víctimas de la represión. Tal vez ni siquiera hubo alarma entre los ex represores cuando la Corte Suprema de Justicia, ya sin la "mayoría automática" del menemismo, derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la salida que había encontrado el gobierno de Raúl Alfonsín para frenar los juicios que rechazaban por entonces unas todavía poderosas Fuerzas Armadas.

Pero la Justicia comenzó a actuar y el panorama se alteró. Cuando se iniciaron los primeros juicios contra represores quedó en claro que sólo el paso del tiempo podría salvar a los temibles centuriones de la dictadura de tener que responder por sus actos ante un tribunal.

Finalmente, el largo aunque lento brazo de la Justicia llegó a la región y Omar Ferreyra fue encarcelado. El mismo destino tuvieron su jefe en 1977, Ignacio Aníbal Verdura y quienes en esa época eran sus superiores, Walter Jorge Grosse y Horacio Rubén Leites.

El resto de los suboficiales y algunos otros oficiales eran por entonces investigados pero todavía no imputados. La exposición pública de Ferreyra fue indudablemente la causa por la cual un militar de escasa jerarquía debía compartir el banquillo de los acusados con un ex general, un ex capitán y un ex teniente, superando las barreras de grado tan habituales en la rígida estructura del Ejército.

En su fallo, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata señaló que "si bien es cierto que Ferreyra ostentaba una jerarquía baja dentro del Regimiento, debemos recordar que el aparato criminal se valía de funcionarios públicos de menor jerarquía para poder llevar adelante el plan de aniquilamiento trazado".

Además recordó que varios testigos lo señalaron "con un rol activo en la llamada ‘lucha contra la subversión’, reconociéndolo con una participación que iba más allá de las funciones que por Reglamento se le asignaban por su cargo".

Se agregó que "de la prueba producida en el debate surge acreditado el apodo ‘Pájaro’ con que era conocido el imputado en el ámbito castrense y que permitió a muchas de las víctimas ubicarlo en situaciones concretas relacionadas con los hechos objeto de autos, particularmente entre los integrantes de la guardia ‘dura’ que se caracterizaba por ser especialmente cruel con los detenidos a quienes castigaba por simple diversión".

Después de considerar "contundente" la prueba en su contra, los jueces aseveraron que "en Ferreyra se entremezclan conductas de participación con conductas de autoría y, aunque ello sea irrelevante en el marco de los delitos de infracción de deber especial, su presencia en el lugar de los hechos -imposición de tormentos- encargándose de la entrega del cadáver de una persona secuestrada, torturada y asesinada demuestra inequívocamente su plena adhesión al plan criminal, su consustanciación con la voluntad colectiva encargada de ejecutar el plan criminal de aniquilamiento de la subversión implementada desde el Estado".

Aunque al principio fue enviado a una cárcel común, su estado de salud, que hizo que durante la mayor parte de las audiencias no estuviera presente en el juicio, llevó a que le concedieran la prisión domiciliaria y pudiera morir rodeado de sus seres queridos.

Ferreyra falleció a los 65 años y sus restos serán cremados hoy a las 15 en el Crematorio Pinos de Paz, previo responso en la sala velatoria de España 2942, Departamento B.

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