Edición Anterior: 23 de Septiembre de 2015
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El clientelismo como práctica estructural en todo el país
La anulación de elecciones en Tucumán, una aspirina para un enfermo terminal
¿Es posible judicializar la política? Un Tribunal anuló las elecciones en Tucumán -fallo revocado por la Corte- a partir del sistema clientelar que quita, dijo, autonomía popular. El clientelismo es una práctica en la mayor parte de las provincias y del Conurbano. Olavarría no ha estado ajena. Es necesario una transformación que no pasa por la Justicia.
Silvana Melo

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El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anulaba las elecciones en Tucumán, intentó trazar un camino peligroso para la institucionalidad: apuntó, en medio de un proceso electoral viciado -como en la mayor parte de las provincias argentinas- por estructuras feudales y clientelares que se construyen sobre la base de un caudillo. Más allá de las corrientes partidarias, ésa es la identidad política que subyace en el NEA y en el NOA, en la Mesopotamia, en Cuyo y en los populosos distritos del conurbano. ¿Alguna vez se planteó la necesidad de anular elecciones en la provincia de Buenos Aires cuando, por caso, las manzaneras se habían convertido en las punteras políticas que captaban clientes en los enormes bolsones de pobreza del duhaldismo? ¿Y en Olavarría? Desde las viejas historias de colchones y zapatillas entregadas de a una hasta los aparatos de ciertos organismos y de ciertos sindicatos para condicionar votantes, el sistema clientelar está en el ADN de la política argentina.

La Corte Suprema de Tucumán, que revocó el fallo de la Cámara, fue acusada de "adicta" por los opositores. A la vez, nadie desconoce qué implican los Alperovich. Tanto José como su esposa Beatriz Rojkés, ambos con gran poder provincial y vínculos estrechos con la Casa Rosada. Ambos exhiben una voluminosa situación patrimonial mientras una parte importante de la población provincial sobrevive en la pobreza. ¿Es distinta esta situación de la de Formosa con Insfrán, Misiones con Maurice Closs, Salta con Urtubey, San Juan con Gioja, Catamarca con Corpacci, heredera de los Saadi, Corrientes con Colombi o Neuquén con los Sapag? Y no todos son peronistas: también son caudillos feudales muchos que provienen del radicalismo y de partidos provinciales. No es una cuestión partidaria. Es sistémica. Y allí radica el problema.

Soberanía

La Cámara, cuyo fallo fue revocado por la Corte -y los opositores amenazan con apelar ante la Corte Suprema de la Nación- consideraba como argumentos algunos ítems lejanos al supuesto fraude que tanto se publicitó. Se habla de "resguardar la soberanía popular" y se condena el clientelismo como causante de "falta de autonomía" de los ciudadanos clientes a la hora de votar. Es decir: si los tucumanos recibieron techos, bolsas de alimentos, dinero o favores a cambio de un voto, se está dando por hecho que los tucumanos, una vez dentro del cuarto oscuro, votaron en consecuencia. Como si tuvieran detrás un puntero apuntando a su nuca o una cámara que filmara su comportamiento o si el voto llevara su foto y su firma. Solamente este argumento implica ofender la dignidad de la gente.

Pero además el triunfo de Manzur fue por 100.000 votos. Parece imposible una victoria de ese tenor a través de un fraude, de la quema de urnas con votos contrarios o de la compra de votantes que, a la hora de concretar, realmente voten según prometieron. Demasiado azaroso.

Que Alperovich ha consolidado su poder y su hegemonía en una estructura clientelar, es innegable. Que el Estado es el más grande empleador, no es novedad. Y que eso condiciona a la mayor parte de los ciudadanos, tampoco. Jorge Manzur seguirá el mismo derrotero. Hombre del riñón del gobernador y su esposa, prestado cuando fue necesario al gobierno nacional para el Ministerio de Salud y autor de una reforma en los métodos de medición de la desnutrición que fue un éxito: hizo bajar los índices milagrosamente en Tucumán.

¿Judicializar?

Pero con qué argumentos se judicializa una metodología política. Y cómo hacerlo si sólo se pone en práctica en un pequeño territorio cuando el problema es estructural, sistémico y general. ¿Es la política judiciable? Las decisiones políticas, ¿pueden llevarse a Tribunales? ¿Se puede imputar a Carlos Menem de homicidio múltiple por todas las muertes que generó (infartos, cáncer, suicidios, siniestros, asaltos) a partir de su política económica? ¿Se ha imputado a Fernando de la Rúa por los 40 muertos que produjo su decisión de imponer el estado de sitio en la noche del 19 de diciembre de 2001? ¿Y por todos los muertos de angustia y dolor a partir del corralito? ¿Pagó Cavallo en la Justicia?

Muchos de los gobiernos provinciales y de ciertos distritos del Conurbano tienen la misma lógica. El feudo de los Saadi en Catamarca cayó después del crimen de María Soledad Morales. Pero eso no implica que los que los reemplazaron (el Frente Cívico conformado por radicales principalmente) ejercieran la política de otra manera. El Chaco de Capitanich, con desnutrición y dirigentes que compran votos por 500 pesos, no es distinto del Chaco de los radicales Roy Nikish (a quien se le morían los tobas desnutridos y ni se inmutaba) y Angel Rozas. ¿Qué sostiene durante décadas a Othacehé en Merlo, a Posse en San Isidro o a Curto en Tres de Febrero? Los mismos métodos por los que la Cámara anuló las elecciones de Tucumán.

Olavarría y sus aparatos

Olavarría no está ausente en esta mínima radiografía sistémica de la política. Si un mismo apellido sigue gobernando durante casi treinta años, no es casual. El aparato municipal, un engranaje súper aceitado, sabe dónde ofrecer, dónde operar, dónde sacarse la foto, dónde dar una respuesta a un reclamo de años, dónde hacer un pavimento de apuro después de una PASO no demasiado positiva. Y lo ha hecho con variadas identidades partidarias. Sus adversarios han sabido utilizar los aparatos con los que contaban, con fondos importantes (una institución de múltiples servicios fue en su momento la bandera de un sector del peronismo; un sindicato ha utilizado su propio aparato combinado con la sigla partidaria), aunque nunca lograron incidir hasta el punto de conseguir una victoria que sacara al eseverrismo de la escena.

La anulación de las elecciones en Tucumán es como una aspirina para un enfermo grave. La Justicia empezó por las consecuencias. Cuando en realidad se necesita un cambio de sistema político, de metodologías, de éticas públicas (y privadas), de dirigencias -más cercanas a la gente y menos millonarias en dólares- y de compromiso popular. La democracia debe dejar de implicar una participación a través del voto cada dos años y volverse una necesidad de protagonismo cotidiano, de construcción colectiva.

De lo contrario, anular una elección implica que un mes después se realice otra exactamente igual. En la que vuelvan a ganar los mismos protagonistas con los mismos métodos. Aunque no tarden, vergonzosamente, veintidós días en contar un millón de votos.

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