Edición Anterior: 25 de Octubre de 2015
Edición impresa // La Ciudad
El poder en las sombras de estructuras intocadas durante la democracia
Desafíos para el universo carcelario en el medio de los discursos por más seguridad
Los discursos de los principales candidatos por más seguridad no difieren en demasía. Unos y otros concluyen –aunque no le pongan esas palabras- en aumentar la tasa de encarcelamiento. El departamento judicial Azul tiene 9 cárceles y ronda el 20% de los presos en las 55 prisiones bonaerenses. La 2 y la 38 de Sierra Chica, más la 30 de Alvear, concitan el 25 % de los hechos violentos.
Claudia Rafael

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Mientras unos declararon "la guerra a los delincuentes", otros han reivindicado la necesidad de "duplicar el personal de las fuerzas de seguridad en cuatro años" y no faltó quien asegurara que "la seguridad fue, es y será mi prioridad porque se trata de cuidar la vida". Lo importante –concluyeron sin decirlo durante la competencia preelectoral- es aumentar la tasa de prisionalización. Porque aunque no se sostenga con esas mismas palabras es la lógica consecuencia de incrementar las políticas represivas. Elías Neuman en "El Estado penal y la prisión-muerte" planteaba con claridad que la seguridad "es una cantinela que, como tal… pasa a convertirse en una no despreciable posibilidad política". Es notable el parecido entre ciertas prácticas discursivas pro-securitarias de los tres principales candidatos que hoy disputan la presidencia. Es decir, el poder político.

No es un dato menor el anuncio oficialista de que el respetado Hugo Cañón, ex fiscal, está preparando el diagnóstico sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense. Porque Cañón, en definitiva, es sinónimo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que desde hace más de una década viene denunciando los casos de violencia institucional y de abuso policial y penitenciario. ¿Es compatible una lógica de incremento de la fuerza de seguridad cuantitativamente más importante del país con una política de reducción de la tasa de prisionalización como la que históricamente ha propuesto Cañón? Y aún más: "el micro poder que funciona en el interior de estas instituciones", como gustaba definir Foucault a la estructura carcelaria ¿puede permitir el éxito en sus funciones y en su predicamento de un hombre como Cañón? Es más probable que –ante la imposibilidad de corromperlo a partir de las características del personaje- el poder en las sombras del servicio penitenciario se lo devore o lleve literalmente al fracaso cualquier posible transformación.

La salud de los presos

Del total del presupuesto del SPB, más del 79 por ciento se destina a sueldos y apenas el 10 por ciento corresponde a alimentos. Lo que se traduce en que hay otras cuestiones medulares para la vida rejas adentro que no son mínimamente tenidas en cuenta. Un dato puntual que se desprende del informe del Comité contra la Tortura es que existe en las cárceles del SPB "un 62,5% de agua contaminada con bacterias patógenas intestinales que impiden la absorción del tracto gastrointestinal tanto de nutrientes como de agua, situación que agrava la salud de las personas detenidas ya que se forma un círculo vicioso en el cual se deshidratan por las características del fluido con el que intentan hidratarse. Tales problemas se ven reflejados en disminuciones de peso notorias y graves en un corto tiempo que se corresponde con la estadía desde el ingreso al penal".

La salud de los detenidos no es un tema de preocupación para el afuera. Más aún teniendo en cuenta la mirada que la sociedad en su conjunto tiene de quienes viven sus días encerrados. No sólo desde una perspectiva humanitaria sino que ni siquiera desde un costado meramente utilitario: es decir, quien vive (y muere) en esas condiciones, sólo atravesará ese período de su vida con una mochila de odio. De otro modo, es imposible. "En promedio, entre 2008 y 2014 las cárceles bonaerenses llevaron a la muerte a 128 personas por año" que significa 4 personas y media por cada 1.000 detenidos. Entre todas ellas, Argentino Segundo Gómez Sosa murió en julio de 2014 "por causas naturales". Sólo 3 días antes de su muerte –relata el informe- había sido llevado a la sección de Sanidad de la U2 de Sierra Chica y luego, al Hospital Municipal de Olavarría. El parte indica: neumonía y tuberculosis. "Esta persona estaba presa en Sierra Chica, en pleno invierno (mediados de julio) en un pabellón, con neumonía y tuberculosis (100 personas conviviendo en un lugar cerrado, con TBC). La tuberculosis se desarrolla sobre organismos debilitados, generalmente por condiciones de vida precarias u otras enfermedades. La enfermedad suele desarrollarse durante meses, antes de que alguien pueda morir por ella. Luego el pabellón de sanidad de la Unidad 2 de Sierra Chica muestra no tener las condiciones necesarias para curar ni mantener personas en estado de salud delicado".

La quinta parte

El Departamento Judicial Azul engloba nueve unidades penales: 2, 27 y 38 (Sierra Chica), 7 y 52 (Azul), 17 (Urdampilleta), 14 y 30 (General Alvear), 37 (Barker). Según las estadísticas 2013 incluidas en el informe anual 2015 "El sistema de la crueldad IX", había 5.474 detenidos en el departamento judicial de Azul. Es decir que uno de los departamentos judiciales más chicos de la provincia se alza con el 19,36 por ciento de detenidos del total provincial. Nueve cárceles concentran casi la quinta parte de presos correspondientes a 55 unidades penales.

Con otro aditamento de mayor peso aún. La mayor cantidad de hechos violentos denunciados en todo el SPB se ubican en este departamento judicial. En 2013, fueron 886, en la U30; 832, en la U2 y 742, en la U38. Al año siguiente, fueron 1.193, en la 30; 1.178, en la 2 y 659, en la 38. Es decir, que esos 2.460 hechos denunciados en total en 2013, significan el 21,10 por ciento del total de ese año, que ascendió a 11.654. Y los 3030 de 2014, representan el 24,64 por ciento de los 12.295. En el caso puntual de la Unidad Penal 2, el aumento entre esos dos años fue del 42 por ciento.

Cuando en lugar de medirse los llamados "hechos violentos" se cuantifican los "hechos de represión interna", la 2 de Sierra Chica se alza con el primer puesto. En 2013, ascendieron a 183 y en 2014, a 275. La 30 de Alvear pasó de 155 a 216 y la 38, de 103 a 87. Lo que lisa y llanamente significa que, más allá de la construcción de una política estructural para las cárceles, aquellas ubicadas en el Departamento Judicial Azul tienen una enorme importancia en el total. Sobre todo, teniendo en cuenta la magnitud que tienen en el contexto global y el grado de conflictividad que se maneja. Especialmente en la 2 y la 30.

Líquidos cloacales

El panorama global del intocado SPB, aquel que tiene en la 2 de Sierra Chica "la cloaca del sistema", como definió alguna vez Roberto Cipriano García, desde la misma Comisión por la Memoria, es muy sórdido y anquilosado. A las cloacas suele ir aquello que no se quiere ver, tocar, oler. Aquello que la sociedad opta por tener lejos. El gran problema es que año tras año se fue dando un incremento en la tasa de encarcelamiento que produjo un colapso en el sistema penal. Con las 34.156 personas detenidas de 2014, la tasa llegó a 218,5 detenidos cada 100.000 habitantes. El año anterior apenas superó las 191 personas presas. Y hacia 1996 ni siquiera rozaba los 100 cada 100.000.

No es casual que durante los 32 años de democracia se modificaron aspectos de algunos de los diferentes brazos del aparato represivo del Estado pero jamás se pudo introducir ningún coletazo transformador en el Servicio Penitenciario. Siempre pudo más la lógica de la estructura interna de poder. Y Hugo Cañón lo sabe demasiado bien. No por casualidad, el informe 2015 de la CPM advierte que la política securitaria actual en la provincia "se focalizó en la persecución del delito desorganizado y/o de aquellas personas que integran los eslabones más débiles de las cadenas delictivas. Se intensificó también el histórico sesgo clasista del sistema penal, colmando las cárceles y acentuando la estigmatización y la violencia policial hacia los jóvenes de los sectores populares". Modificar esa perspectiva implicaría un cambio de raíz de tal magnitud que trasciende ampliamente la estructura penitenciaria pero que, a la vez, significaría poner coto a grandes negociados cuyos habituales beneficiarios no cederán con amabilidad.

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