Edición Anterior: 23 de Octubre de 2016
Edición impresa // La Ciudad
Los panoramas local y provincial, con un punto en común
Otra semana con lo laboral en la mira: caída del empleo y reclamo por sueldos
La situación en Cerro Negro y el mensaje de jerárquicos de Cementos Avellaneda. La Provincia busca en el corto plazo cerrar paritarias por todo 2017, mientras los municipales bonaerenses amenazan con recrudecer las protestas. Beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo, en alerta por retrasos en los pagos.
Josefina Bargas

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Alexis Grierson

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La cuestión laboral siguió entre las más destacadas en la semana que pasó. El sector de la construcción, uno de los más importantes en Olavarría, es el que parece presentar los mayores problemas en el plano local. Por su parte, la Provincia mostró que busca frenar los reclamos salariales de los empleados públicos. Mientras tanto, los municipales -también a nivel bonaerense- adelantaron que recrudecerán las medidas de fuerza.

Ayer se expuso a través de un encuentro impulsado por la Federación de Tierra y Vivienda que los beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo están en alerta por retrasos en los pagos. El problema se viene dando en los últimos dos meses, pero es nuevo para un programa que tiene bastante más de una década de aplicación.

La situación en Cerro Negro fue planteada por los empleados disconformes con sus despidos y por los máximos directivos: deja en evidencia la pérdida de más de 130 puestos de trabajo y la intención de los propietarios de avanzar con estas medidas para encuadrar una importante inversión que redunde en mayor productividad (y rentabilidad). En Cementos Avellaneda, un incipiente sindicato -al igual que se dio en la empresa propiedad de Sociedad Comercial del Plata (SCP)- reclama por el reconocimiento. Todo ello, en un contexto donde el mercado de la construcción sigue en caída. Los empresarios y las autoridades nacionales se muestran optimistas sobre el futuro, pero los números siguen siendo negativos.

Con todo, los sectores público y privado muestran conflictos laborales, por salarios en uno, por reconocimientos legales en el otro con la pérdida de puestos como planteo de fondo.

En el sector privado

La situación en Cerro Negro, donde la empresa confirmó "137 desvinculaciones" desde enero hasta hoy llegó al Concejo Deliberante. Fue a través de los cuatro despedidos que integran Sipedic, el sindicato de personal jerárquico de reciente formación, quienes expusieron ante la oposición.

Los ediles repasaron que en junio el intendente Ezequiel Galli vetó la declaración de emergencia laboral y analizaron insistir con la medida. Saúl Bajamón (FpV-Miles) contó ayer a EL POPULAR que se presentó un proyecto de comunicación de repudio por "los despidos y la persecución gremial". La postura se presentará formalmente el martes por la mañana.

En cuanto a la insistencia del veto, tuvo en cuenta que "estamos en otro contexto, tal vez tengamos más fuerza", señaló en referencia a que deben reunir dos tercios de los votos para levantar el veto de Galli.

Por su lado, el referente de la Casa del Trabajador, Juan Sánchez, comentó que ha estado en contacto con los integrantes de Sipedic. "Repudiamos la actitud de la empresa de despedir a trabajadores, mucho más cuando intenta impedir la actividad sindical", sostuvo sobre el tema. Desde la entidad que integra a más de 20 sindicatos locales, su referente aseguró a este Diario que "todos los gremios repudian esta actitud" de la empresa, a la cual consideró "alevosa, antisindical e inconstitucional".

El conflicto avanzará con denuncias ante el Inadi, por "actos discriminatorios" contra la empresa y directivos, y por la vía judicial para pedir la reincorporación mediante un recurso de amparo. Desde Sipedic consideraron que la cerámica "niega la asociación libre y democrática".

Por su lado, la empresa mantiene suspensiones en algunas líneas de producción y dejó en claro que esta medida se profundizará en noviembre.

En el caso de Cementos Avellaneda, también se formó un sindicato de personal jerárquico -Asijemin-, el cual no fue reconocido por la empresa. En este caso, el conflicto se dirime en el ámbito del Ministerio de Trabajo local.

Seguro de Capacitación y Empleo

Ayer tuvo lugar el Primer Encuentro de personas incluidas en el Seguro de Capacitación y Empleo que gestiona la Federación de Tierra Vivienda y Hábitat (FTV) de Olavarría. Bajamón, dirigente de FTV, contó que son unos 150 los beneficiarios de Olavarría, de los cuales la mayoría asistió ayer a la actividad en la Sociedad de Fomento "Hipólito Yrigoyen". El programa es gestionado por el Ministerio de Trabajo y los beneficiarios han visto demoras en los pagos en los últimos dos meses. Ante las consultas, les han informado desde la cartera laboral que se trata de un problema en el banco donde se efectúan los depósitos de 1.600 pesos mensuales con contraprestaciones laborales. "Nos inquieta porque nunca había pasado", explicó Bajamón.

"Hacen huertas, mantenimientos de plazas y espacios verdes, hay estudiantes de educación física que se reparten en actividades en barrios, están los facilitadores para la terminalidad educativa que brindan apoyo al plan Fines", describió el también concejal de Miles.

Fue la primera vez que se reunieron los beneficiarios. "Vemos que es necesaria la organización", consideró para señalar las demoras en los pagos, y agregó que "hay creciente demanda de estos seguros. Entonces, nos parece necesario organizar las problemática. En general son de barrios alejados y localidades", dijo.

Durante la asamblea se trabajó en cuatro comisiones -vivienda, violencia familiar, seguro de capacitación y emergencia alimentaria- y, al cierre, se plantearon los problemas más importantes que registraron los beneficiarios. "Vivienda, falta de terrenos, falta de entrega de materiales, tenencias", enumeró el concejal, para señalar que desde el Municipio "hay incumplimiento en la entrega de materiales para quienes están construyendo su casa". Estas comisiones son las que continuarán para darle mayor formalidad a la organización del programa.

En tanto, cabe recordar que la FTV comenzó hace dos meses con "ollas populares". Inicialmente preparaban 70 platos, hoy llegan a 150. El concejal Bajamón tuvo en cuenta este crecimiento y remarcó que "hay más demanda. No somos los únicos que estamos trabajando en esto".

En el sector público

Desde la Provincia de Buenos Aires adelantaron la semana pasada la intención de discutir una suba salarial para los estatales para el año que viene. La oferta se planteó desde la administración bonaerense a sindicatos. Se busca cerrar un acuerdo para los que mantienen aún discusiones en lo que queda de este año y definir para todo el año próximo, según publicó El Día: significaría un acuerdo por 15 meses en los que quedaría clausurada la discusión por sueldos.

Por ahora las comunicaciones son informales, pero en breve llegarán las convocatorias oficiales de la Gobernación. En principio, los representantes sindicales no aceptarían la oferta -que tampoco tiene cifras- sin una cláusula de revisión en base a la inflación.

Por su lado, los municipales de Fesimubo se reunieron en Avellaneda. Estuvo el consejo directivo en un plenario de secretarios generales, entre ellos el olavarriense José Stuppia, del Sindicato de Municipales de Olavarría, quien es a su vez secretario de Previsión Social de Fesimubo. Durante el encuentro se dio "tratamiento de temas de actualidad que atañen a la realidad de las relaciones laborales en los distintos municipios", se informó.

En este marco, se analizó la situación del cumplimiento de la Ley 14.656. "Se hicieron informes particulares por distrito y maduró la idea de tener un plan de lucha de los municipales antes de fin de año", se indicó. Stuppia detalló a EL POPULAR que no se descarta definir próximamente tomas de municipios y cortes de ruta. "La situación local es muy distinta al resto de los compañeros", aclaró sobre el panorama en Olavarría.

Por el momento no hubo pronunciamiento formal del Jefe comunal sobre la problemática laboral local, aunque cabría considerar el veto a la emergencia como una postura. Los reclamos de los trabajadores y representantes siguen sus vías, legales y administrativas, en el sector público y en el privado. Por ahora, las señales muestran un futuro de mayores conflictos si permanece sin cambios la situación económica.

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