Edición Anterior: 18 de Diciembre de 2016
Edición impresa // La Ciudad
Marcelo Sarlingo, Magister en Gestión Ambiental, llama "Pro Cáncer" a la ley de agroquímicos
"Todos llevamos en la sangre agrotóxicos que jamás podremos sacarnos del cuerpo"
Los pesticidas que se quedan en la sangre para siempre. Los contaminantes que, usados en megaminería, "van a estar activos quinientos años". Dice el magister en Gestión Ambiental que a los dirigentes locales les aterra que se hable de las consecuencias de la producción actual. "Este terror los lleva al ocultamiento con la complicidad del Estado". Y a "silenciar que los hornos cementeros se volvieron gigantescas incineradoras de residuos industriales peligrosos". Consecuencias del extractivismo.
Silvana Melo

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Antropólogo social y magister en Gestión Ambiental, Marcelo Sarlingo encara crudamente un debate al que la dirigencia se ha cerrado: las consecuencias demoledoras del modelo extractivo que tuvo su clímax en los últimos veinte años. La apropiación de los recursos naturales que se agotan, destinados a la exportación a mercados globales, deja terribles mutilaciones naturales, enfermedades derivadas que los oficialismos de la salud niegan y consecuencias económicas inconmensurables. Que el cuerpo de todos lleva dosis de agroquímicos incorporados en la alimentación que nunca nos podremos sacar de encima, es una de las certezas que esgrime Sarlingo. La megaminería a cielo abierto, los desmontes desenfrenados, los monocultivos de soja y la necesidad de utilizar agroquímicos que matan malezas y además se cargan como víctimas animales y niños son una de las debacles sociales de este tiempo. Sarlingo habla de los dirigentes locales que "no se animan" a enfrentar el tema y califica de "pro cáncer" a la ley de agroquímicos del senador provincial Alfonso Coll Areco.

-¿Qué hecho puede considerarse un hito a partir del que nace el extractivismo como modelo económico en Argentina?

-Las modalidades extractivas que destruyen irreparablemente recursos y regiones completas son muy anteriores a la formación del Estado Nacional. Una lectura ecológica de la historia nos va a mostrar exportando todo tipo de recursos naturales, desde minerales hasta quebracho, pasando por el cuero y la carne salada. Una increíble cantidad de productos regionales que luego volvían a los mercados coloniales bajo la forma de productos industrializados. En Argentina hay un ejemplo que es clarísimo para entender el extractivismo, que es el de la destrucción del bosque tropical en las provincias del noroeste. Y la extinción de un recurso único, la madera de quebracho, que fue utilizado masivamente por capitales ingleses en los ferrocarriles y las curtiembres. Mediante métodos de extracción cuasi esclavistas (y me quedo corto) se destruyeron bosques enteros en pocas décadas, se exportó a Inglaterra a bajo precio, se explotó gran cantidad de mano de obra y no se replantó un solo árbol. El resultado ambiental fue un vasto desierto cuya única vegetación por ahora es improductiva y vuelve dependiente a la población local de eternos subsidios del gobierno central.

-¿Hay un antes y un después de la entrada de las semillas transgénicas en el país?

-La lógica de los sectores dominantes que toman el control del Estado es muy anterior. Lo que es llamativo de la transgénesis es que los dueños de las tecnologías logran dominar políticamente a los productores y los convencen de someterse voluntariamente a un modelo que los esclaviza casi sin retorno a cambio de una rentabilidad muy dudosa. Para entender la transgénesis hay que entender el cambio productivo global y que a este cambio no lo conducen los productores dueños de la tierra sino otros actores mucho más poderosos. En Argentina la producción en gran escala no está en manos campesinas. Pero un elemento particular del país es que todo un sector con educación y acceso a recursos se sometió voluntariamente a un modelo que los endeuda y los enferma, sin preguntarse si hay otra forma de producir.

-¿Por qué los gobiernos progresistas que ocuparon durante más de una década las presidencias de los principales países latinoamericanos sucumbieron al extractivismo?

-Esto es muy sencillo de explicar. Los estados latinoamericanos recurren, para financiar sus políticas, a las migajas que puedan capturar de la explotación de los recursos naturales en gran escala. Y aparece la contradicción: para ampliar derechos a campesinos e indígenas y llevar programas de asistencia a comunidades olvidadas, recaudan dinero de regalías e impuestos mínimos cobrados a multinacionales que explotan recursos agotables e insustituibles. Los gobiernos, para tener caja, deben negociar con corporaciones que son mucho más poderosas y que fijan condiciones de explotación abusivas. No sólo se destruye un recurso único sino que también se pacta con las multinacionales las maneras en que la sociedad se hace cargo del desastre que queda en la región explotada. Y por esta razón gobernadores e intendentes son casi empleados de los poderes económicos, aun cuando tengan discursos progresistas.

-¿Cuáles son las consecuencias económicas y sociales de estas explotaciones?

-Las consecuencias son múltiples e incalculables. ¿Cuánto cuesta en dinero la destrucción de un glaciar o los efectos socioambientales de las miles de escuelas fumigadas? Nadie lo sabe calcular. Destrucción de ecosistemas completos con una biodiversidad única, destrucción de las comunidades que viven en estos ecosistemas devastados, contaminación de cadenas alimentarias completas, envenenamiento transgeneracional, niveles increíbles de riesgo colectivo para la salud que aún la ciencia actual no ha logrado establecer. Y una proliferación de patologías mentales cuya causa aún está por establecerse, pero se empieza a pensar en orígenes ambientales para enfermedades de prevalencia mundial. Por ejemplo, los desequilibrios hormonales humanos tienen su origen en la dispersión de sustancias utilizadas en la producción agrícola que envenenan cada paso de la cadena alimentaria y se acumulan en los tejidos grasos. Por eso todos nosotros llevamos en la sangre cientos de microdosis de pesticidas volcados en cada campaña agrícola, que jamás podremos sacar de nuestros cuerpos. ¿Cuál es el costo de las patologías que nos enferman y nos enfermarán? No lo sabemos aún.

-Si bajamos a Olavarría, ¿cómo se analizan esos costos en la ciudad? ¿Cómo ha repercutido en su identidad ganadera? ¿Y la minería?

-La verdad es que he dejado de analizarlos, porque no hay nadie que esté dispuesto seriamente a hacer un trabajo de economía ambiental como el que hace quince años que estoy proponiendo. Hay muchas vías para analizar los costos ambientales, ya sea monitoreando los ecosistemas locales (yo propuse hace años hacer una carta ambiental del Partido) como analizando la salud sobre la base de un modelo de epidemiología.

-¿Por qué no quieren tratar el tema?

-Les aterra pensar que se hable de efectos en el patrimonio ambiental por los métodos de explotación actual. Este terror los lleva a generar modos de ocultamiento con la complicidad del mismo Estado. En los últimos años han proliferado los feed-lots en Olavarría pero el municipio no cuenta con un balance ambiental adecuado sobre el impacto de los residuos ganaderos. Esta carencia envenena todo: la gente que se asusta tiende a suponer que las napas de agua están contaminadas, mientras que el dueño del feed-lot, en vez de explicar qué hace con los residuos diarios de cientos de animales, se queja de la falta de políticas. En la minería los empresarios mineros se quejan de la burocracia ambiental, que claramente está al servicio de los mismos productores, que no los evalúa realmente, que les acepta las declaraciones juradas sin monitorear realmente las prácticas y que cuando los van a monitorear les avisan con una semana de anticipación.

-Es complicado penetrar en una matriz dirigencial poco menos que anquilosada…

-Al no haber renovación de dirigentes en Olavarría, se cristalizan las mismas maneras de pensar. Y por eso no quieren trabajar con profundidad las problemáticas ambientales, que tienen dos niveles: los recursos naturales, la minería de rocas de aplicación y la cementera, por un lado, y los procesos de contaminación por otro. Como nunca hubo una política ambiental profunda e integral, realmente no sabemos qué pasa en cualquiera de estos dos planos. Hay quien teme investigar por miedo a lo que se puede hallar en materia de salud colectiva o de contaminación ambiental. Porque después no sabrían qué hacer con los hallazgos. ¿Podríamos reconocer que la inseguridad alimentaria es peor que la inseguridad en la propiedad privada? ¿Por qué las personas temen más a los ladrones que a los venenos que están dentro de su propia comida? Puede tener que ver con la distorsión construida desde diferentes sistemas de información. Pero además, hay quienes tienen intereses directos en cementeras y canteras, ya sea a través de su actividad profesional o como operadores políticos. En algún momento estas personas desempeñan roles clave en el aparato del Estado. Desde allí operan a favor de las empresas. Pero ya desde antes piensan que lo ambiental es sólo un gasto burocrático más y ponen entre paréntesis la transformación de los hornos cementeros en gigantescas incineradoras de residuos industriales peligrosos.

-¿Y desde la producción rural?

-Los productores no aceptan cuestionamientos a la agricultura industrial y silencian datos como la aparición de supermalezas resistentes al glifosato o la dispersión de cócteles de agroquímicos prohibidos. Hay sectores que manifiestan abiertamente que no les interesa nada por fuera de la rentabilidad directa y que no aceptan pruebas de lo que sucede en otros lugares del mundo. Hay quien piensa que la aparición de restos de atrazina o metabolitos AMPA en las napas de agua deben ser silenciados hasta que se pueda hacer algo. Hay todo un sector de profesionales que no sabe cómo producir de otra forma que no sea con los venenos desarrollados por la industria bélica, y no sabría cómo explorar el uso de otras sustancias orgánicas. Porque es más práctico usar una combinación de dos agroquímicos que matan casi todo en vez de conocer mejor los ecosistemas y favorecer la autorregulación entre diversos seres vivos que a veces ni sabemos que existen. Mucha gente cree que en Olavarría eso no pasa. Cuando se hallaron restos de glifosato en el algodón de los insumos médicos hospitalarios, la difusión no generó acción alguna en ningún nivel del Estado. Tal vez el ejemplo más actual lo encontremos en algo que todavía no tiene mucha difusión, y no sé si va a tenerla. Recientemente la UE devolvió cargamentos de miel argentina al hallar restos de glifosato.

-¿Por estas cosas la ley de agroquímicos provincial pasó sin problemas?

-En medio de todas estas posiciones, discutir el proyecto de ley "pro-cáncer" impulsado por el senador Coll Areco implicaba tener que hablar de muchas cosas y hay mucha gente que de verdad no se anima. Las resistencias locales son muy débiles. La ausencia de una voluntad política real se articula con una visión de la vida política definida sólo por lo que las empresas quieren.




Costos

-Hablemos del costo ambiental, en todas sus aristas, desde el desmonte hasta las consecuencias terribles de las fumigaciones, la amputación ecológica (como llama Eduardo Gudynas a la megaminería a cielo abierto) y la contaminación por el uso, entre otros, de cianuro para la lixiviación…

-Algunos economistas llegaron a la conclusión de que hay efectos ambientales inconmesurables. Todos los efectos de la megaminería lo son y es fácil de entender si nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuánto le va a costar a la sociedad gestionar los contaminantes producidos por la megaminería solamente para que se mantengan en los diques de cola sin contaminar el agua y el aire? No es cuestión de un gobierno: algunos contaminantes van a estar activos quinientos años, por lo tanto son quinientos años de costos defensivos que pagaremos los ciudadanos que financiamos al Estado. Por lo tanto, los costos ambientales de todo lo que me señalás en la pregunta no tienen un número. Son un verdadero problema político que ningún dirigente actual quiere discutir.

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