Edición Anterior: 8 de Abril de 2017
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ENFOQUE
Conjunto de errores de diagnóstico y de guión
Daniel Puertas

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El primer paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) fue en parte una puesta en escena con la que los caciques sindicales buscaron conservar su liderazgo respondiendo a las demandas de sus bases, especialmente los gremios industriales, poniéndoles un freno a los sectores de izquierda más combativos.

Sin embargo, el Gobierno no parece haber leído correctamente esta realidad y embistió con dureza contra los dirigentes cegetistas, quienes, por el contrario, se mostraron conciliadores apenas concluyó la medida de fuerza.

De todos modos, plantearon en sus declaraciones el punto clave de la cuestión: la política económica, la que el Gobierno parece decidido a sostener contra viento y marea.

Aquí también se comete un error, ya que toda política es pasible de modificaciones aunque se mantengan los objetivos principales. Los actuales lineamientos económicos son cuestionados tanto desde la ortodoxia económica como desde la heterodoxia.

Los reclamos sindicales son simples y directos, ya que giran exclusivamente en torno del poder de compra de los salarios y las importaciones indiscriminadas que están poniendo en jaque a la producción industrial y a las economías regionales.

El Gobierno no podía esperar otra cosa que resistencia a esas medidas, por lo que resultan incongruentes los ataques a una dirigencia gremial que incluso colaboró a encumbrarlo en el poder con su lucha contra la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

Pero quizá el principal error de diagnóstico fue considerar la manifestación del 1 de abril como una prueba de que puede disputar la calle a la oposición. Básicamente, la calle es el escenario de la protesta y no la aprobación, pero el oficialismo terminó legitimando a las movilizaciones callejeras, lo que abre un escenario que a la larga puede resultarle peligroso.

Unos cuantos analistas favorables a Mauricio Macri le advirtieron sobre este punto. Que unos cuantos miles de personas hayan salido a las calles a vivar al Presidente y su administración no revela nada desconocido, ya que hasta ahora todos los sondeos indican que mantiene un núcleo duro de seguidores probablemente equiparable a los que lo votaron en la primera vuelta de las presidenciales, es decir, aproximadamente un tercio de la ciudadanía.

Pero las declaraciones oficialistas inmediatamente posteriores a esa movilización fueron leídas por no pocos opositores como una provocación que los impulsará a organizar más manifestaciones callejeras.

Ahora todos coinciden que la calle es un escenario para dirimir conflictos, tal como ocurre desde hace algunos años en varios países del mundo.

Esto tampoco puede ser analizado aisladamente, sino que se debe hacer en el contexto actual de descomposición institucional por el que está atravesando la Argentina, detalle que con buen criterio le vienen marcando analistas que no son precisamente opositores.

La reacción del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien amenaza con querellar a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y a la diputada Elisa Carrió fue respondida con el pedido de juicio político presentado por la legisladora, una viga maestra en el armado político de Cambiemos.

Por si fuera poco, el diario La Nación publicó una nota del periodista Carlos Pagni en la que se denuncia que los servicios de inteligencia están espiando ilegalmente a toda clase de personalidades y hasta a negocios, lo que hace pensar inmediatamente en la posibilidad de chantajes.

Son cosas institucionalmente demasiado graves como para que no tengan incidencia en los acontecimientos del país, aunque ahora el paro general y las huelgas docentes las hayan sacado del centro de la escena.

Además, como ocurre siempre en las etapas signadas por los conflictos, se exaspera la puja distributiva, la que inevitablemente se refleja en los índices inflacionarios.

Si hay algo que cualquier timonel debe conservar en medio de una tormenta es la calma y eso no parece estar ocurriendo en esta etapa de la historia argentina. El Gobierno parece haber abandonado su postura zen en el momento que más la necesita.

En su momento de mayor fortaleza política y popularidad, Raúl Alfonsín fracasó en su intento de desactivar a las centrales sindicales, por lo que las arriesgadas palabras presidenciales al señalar a mafias indeterminadas como el enemigo a vencer podrían inaugurar una batalla que en estos momentos el oficialismo no puede ganar.

Las múltiples interpretaciones que pueden tener las afirmaciones de "o los metemos presos o nos voltean" son todas poco favorables para la causa del oficialismo, especialmente porque la Justicia, que es la única que puede "meter preso" a alguien no está atravesando precisamente por uno de sus mejores momentos.

Hasta ahora el Gobierno parece estar equivocando su estrategia comunicacional y política, algo que puede tener un costo muy alto en el futuro inmediato, especialmente cuando está a muy pocos meses de afrontar un desafío electoral que puede terminar sellando su destino.

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