Edición Anterior: 28 de Abril de 2017
Edición impresa // La Ciudad
Malas costumbres policiales en la mira
Daniel Puertas

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El escándalo político que estalló con la detención del jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires José Pedro Potocar puso de nuevo en el centro de la escena la corrupción policial, un flagelo con el que hasta ahora no han podido las sucesivas administraciones políticas desde 1983 hasta la fecha.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal insiste en que peleará contra las mafias y ahora se dice que relevarán a diez de los 24 comisarios que integran la cúpula de la Bonaerense, los que serán directamente pasados a retiro, a diferencia de lo ocurrido en otras oportunidades en las que se les asignaron otros destinos.

Los trascendidos dan por seguro el descabezamiento de las Superintendencias de Narcotráfico, Científica y Delitos Complejos, tres áreas clave en las que se ubicaría al frente a funcionarios considerados intachables.

Sin embargo, Potocar también era considerado un policía sin mácula, como dijo el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, cuyo ministro de Seguridad, Martín Ocampo, está siendo zarandeado desde todos lados.

Como confirmó el fiscal José María Campagnoli, quien instruye la causa, Potocar estaba siendo investigado desde antes que fuera designado al frente de la Policía de la Ciudad.

La investigación se inició cuando se supo que la comisaría 35 cobraba un canon de entre 2.300 y 3.000 pesos mensuales a comerciantes de los barrios de Núñez y Saavedra, cifra que se elevaba a los 25.000 para las grandes cadenas.

Más modesta era la cifra que debían aportar los "trapitos" para poder ejercer su oficio sin problemas: entre 400 y 500 pesos. Según el fiscal, esa no era una forma de trabajar de la comisaría 35 sino que formaba parte de una estructura piramidal que comprometía a funcionarios de mayor jerarquía.

De hecho, esa metodología que implementaba la Policía Federal y que parece continuar la Policía de la Ciudad es la misma que ha sido detectada en unas cuantas oportunidades en la provincia de Buenos Aires, todo lo cual hace pensar en hábitos arraigados y completamente naturalizados por las fuerzas de seguridad del país.

En La Plata se está llevando adelante la investigación que involucra a varios comisarios tras el hallazgo de sobres con dinero en la Jefatura Departamental, los cuales aguardan el juicio en libertad. Todo indica que en la capital provincial la Bonaerense tenía montado un circuito de recaudación ilegal que incluía el cobro de ese canon para brindar seguridad a los comerciantes.

Una investigación que concluyó con un juicio oral y público resuelto en marzo en La Plata con la condena de dos policías es ilustrativo de cómo se arman las cajas ilegales y, además, revela cómo el azar suele tenderle trampas a cualquiera.

Fue una vecina justamente indignada la que tiró la punta del ovillo sin suponer que iba a develar una trama oscura de corrupción, La mujer, identificada como Zulema Encinas, hacía casi todas sus compras en el supermercado Aero 13, del barrio Aeropuerto.

Todos los días veía estacionado a un patrullero frente al negocio, lo que no le llamaba demasiado la atención. Pero un día, molesta por las picadas que estaban corriendo un grupo de amantes de la velocidad que poco se preocupaban por el riesgo en que ponían a su prójimo, llamó al destacamento policial del barrio para que enviaran un patrullero.

Cuando le respondieron que carecían de móviles para enviar, se enojó y recordó que frente al supermercado había estacionado un patrullero. No se quedó con eso, sino que, cumpliendo sus deberes de buena ciudadana, denunció el caso en la Dirección de Asuntos Internos.

Así se supo que el supermercado pagaba cuatro mil pesos mensuales para tener custodia policial en el turno tarde noche. El encargado del negocio dijo que contar con vigilancia todo el día era muy caro, por lo que sólo contrataba la seguridad en el turno más peligroso.

Javier Núñez, encargado del negocio declaró que pagaba porque "no quedaba otra, si no actuabas así, quedabas descubierto, no actuaba nadie. El efectivo que venía era rotativo, en todo el barrio era lo mismo… A un chino le cobraban mucho más que a mí".

En el fallo se indica que "con singular énfasis y destilando molestia, el testigo dijo: ‘No fuimos asesorados de que se trataba de un delito pagar la seguridad. No sabía que era un delito. Ellos son la Ley y te deben dar seguridad’".

El Tribunal en lo Criminal 4 de La Plata también mencionó al analizar los atenuantes la "alta probabilidad de que los procesados amén de percibir un beneficio económico por el ilícito cometido, se hayan visto direccionalizados y/o compelidos por un sistema recaudatorio ilegal generalizado dado que se visualizó la modalidad, como una práctica instalada y naturalizada, pues la propia víctima aludió a que siempre se había manejado así con otros comisarios y jefes de calle. Y ello es así, a la luz de hechos de similares características ventilados en nuestros Tribunales con modalidades análogas".

Finalmente se condenó al subcomisario Javier Cao y al oficial Fernando Pardo a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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