Edición Anterior: 16 de Julio de 2017
Edición impresa // La Ciudad
El juez penal Mario Juliano impulsó "Víctimas por la paz" como salida de pacificación frente al reclamo de violencia punitivista
Juicio por jurados: "la ciudadanía ha mostrado la sensibilidad y sensatez que no tuvo el Poder Judicial
Mario Juliano, juez en lo penal, plantea que los abogados tienen una enorme responsabilidad en la realidad Argentina. Defiende el juicio por jurados y habla de la resistencia de los defensores públicos ante ese mecanismo. Dirige Asociación Pensamiento Penal desde donde se impulsó la creación de "Víctimas por la paz", integrada por víctimas de diferentes delitos que buscan la vía de la convivencia y la pacificación porque "el odio o el rencor solo profundizan la violencia".
Claudia Rafael

crafael@elpopular.com.ar

Juez penal de Necochea, director de la Asociación Pensamiento Penal y fundador de Víctimas por la Paz, Mario Juliano describe con precisión la selectividad del sistema penal y cuestiona la bajísima cantidad de juicios por jurados en departamentos judiciales como Azul, Necochea o La Plata. Pero, además, está convencido de que el "entendimiento y la búsqueda de soluciones menos violentas" deben necesariamente redundar en una seguridad pública de mayor calidad. En entrevista con EL POPULAR planteó que la abogacía -desde Juan Bautista Alberdi a esta parte- "tiene una enorme responsabilidad en la suerte de este país".

-El poder judicial suele presentarse como aséptico ante quienes imputa como autores de delitos. ¿Lo es?

-En la Argentina y en el resto de la región opera, de un modo muy importante, lo que denominamos la selectividad penal. Es decir, el sistema se ocupa fundamentalmente de un determinado sector de la población que responde a las características de vulnerabilidad social. Para confirmar esta afirmación, basta con ir a cualquier cárcel y ver cómo es su composición. Y entiendo que, evidentemente, con esta característica no se está dando satisfacción a las expectativas de la ciudadanía en el sentido de poder pacificar la sociedad y de disminuir la cantidad de conflictos. Hace no menos de 20 años en Argentina se ha agudizado el modelo de selectividad con incremento de las penas para los delitos comunes. Esto, a través del modelo de aumentar las tasas de prisionalización pero, sin embargo, estamos en el mismo punto en que iniciamos todo este recorrido. O, incluso, peor que antes.

-¿Por qué ubica esto en 20 años atrás?

-Es una fecha un tanto arbitraria. Creo que básicamente, en la República Argentina, hubo un quiebre que se profundiza incluso más acá en el tiempo -hacia 2003 ó 2004- con los famosos episodios caracterizados por la irrupción de Juan Carlos Blumberg en la escena pública. A partir de ahí se agudizó marcadamente el proceso de selectividad y de endurecimiento de la ley penal. Pero fue tal vez el episodio más agudo. Porque la cuestión venía de antes, concretamente con la aparición en la escena pública del gobierno de Carlos Menem, que claramente estaba identificado con esta línea de pensamiento.

-De alguna manera, Blumberg es un emergente que concitó enorme adhesión social.

-Claramente no es un producto de la casualidad. Por sintetizar, de algún modo, es la consecuencia de nuestro propio fracaso. Es el producto de no haber sabido -desde el estado de derecho, desde los defensores de los derechos humanos, desde quienes hacemos de los derechos y garantías una bandera- dar respuestas adecuadas a la ciudadanía. Y tenemos que hacernos cargo de nuestros propios fracasos. Porque lo contrario implicaría pensar que las 200.000 ó 300.000 personas que se movilizaron en aquel entonces, que son más o menos las mismas que hoy se movilizan cada vez que ocurre un episodio grave de violencia, están todos equivocados y que los únicos dueños de la verdad somos aquellos que estamos defendiendo los derechos y garantías. Creo que estamos en un momento en el que deberíamos repensar las estrategias que hemos utilizado y, fundamentalmente, el modo de comunicarnos con el resto de la sociedad.

-Pero además, más allá de la pertenencia social de Blumberg, los sectores más vulnerables son los que más fuertemente están hoy atravesados por la inseguridad. En cada uno de sus costados.

-Es en esos sectores de la ciudadanía, que para nada están identificados con una corriente de pensamiento de derecha o del liberalismo, donde indudablemente no hemos sabido llegar. Y cuando digo nosotros, me refiero a aquellos que tenemos un proyecto de seguridad pública de corte democrática. Creo que tenemos que interpelarnos y dejar de victimizarnos en el sentido de pensar que no nos entienden. De pensar que somos los incomprendidos de este proceso y revisar las estrategias. Creo que las personas que viven en los sectores calientes de la inseguridad tienen todo el justo derecho de reclamar una mejor calidad de vida. Y es aquí donde tenemos las asignaturas pendientes.

-¿Es una mirada solitaria?

-Mi mirada es el producto de los años que llevo vividos. Y de que intento hacer algún aporte creativo sin dejarme llevar por la corriente. Creo también que dentro de los sectores a los que honrosamente pertenezco -críticos del sistema penal- seguimos sosteniendo un discurso con el que tratamos de convencernos entre nosotros mismos de lo que ya estamos convencidos. Cuando el desafío es convencer a los que no pertenecen a nuestro punto de vista. Y creo que hay numerosos motivos que nos deben llevar a poder pensar en una mirada alternativa.

-En esa suerte de división entre el poder judicial y la gente, se puso en marcha hace unos tres años el juicio por jurados. ¿Sigue habiendo resistencias?

-Estoy absolutamente convencido de que la ciudadanía ha mostrado la sensibilidad y sensatez que no ha tenido el poder judicial. En estos tres años tenemos prácticamente un 40 por ciento de veredictos no condenatorios. Ese porcentaje contradice las voces previas que amenazaban con que si le entregábamos el juzgamiento de los casos graves a doña Rosa y a don José iban a condenar a todo lo que se le pusiera por delante. Es la palmaria demostración de que se trataba de un prejuicio elitista. Como contrapartida, los jueces profesionales absolvemos apenas en el 18 por ciento de los casos. O sea, que realmente hay una notoria diferencia. Y lamento que en estos tres años no haya habido mayor cantidad de juicios por jurados. Hay muy pocos, sobre todo en algunos departamentos, como La Plata, Azul y Necochea.

-¿Por qué?

-Lo atribuyo fundamentalmente a la responsabilidad de la defensa pública, que tiene en sus manos el 90 por ciento de los casos penales. La ley bonaerense dice que todos los casos que prevén más de 15 años de prisión tienen que ser juzgados por jurados, salvo que el imputado opte por ser juzgado por jueces profesionales. En los hechos funciona mayoritariamente como una opción para el defensor. Cualquier persona amenazada por una pena de más de 15 años de prisión, máxime teniendo en cuenta la clientela de nuestro sistema, le va a trasladar esa responsabilidad al defensor. Le va a decir: "doctor, usted me dirá qué es lo que más me conviene". Y son los defensores los que no confían en el juicio por jurados. Los que no confían en la ciudadanía y continúan depositando las causas más graves en manos de los jueces técnicos que de modo invariable condenan, condenamos, sin demasiados miramientos. La ciudadanía ha mostrado mayores niveles de independencia frente a la opinión pública y el poder político que los jueces técnicos.

-¿Cómo lee esa realidad? ¿Cuáles son las causas de fondo?

-Creo que la abogacía tiene una enorme responsabilidad en la suerte de este país. La República Argentina es un país concebido a imagen y semejanza de la abogacía. Históricamente, ser diputado, ser senador, ser presidente o presidenta era sinónimo de ser abogado. Y, si no, por detrás hay seguramente asesores que lo son. De modo tal que los abogados no podemos desentendernos de la suerte de este país. Y creo que los aportes que hemos hecho a la causa de la pacificación y de la convivencia han sido bastante escasos. Eso, en función de una formación elitista y antidemocrática, que realmente tiene muchísima más confianza en una supuesta ciencia que no es tal que en el buen juicio de la ciudadanía y de la soberanía democrática.

-De última, el Estado es un pacto social entre los incluidos…

-En la región hemos dado paso a repúblicas representativas, como dice la constitución histórica, que fue hecha por abogados. Alberdi, padre de la Constitución, lo era. Y allí la ciudadanía depositaba su poder de decidir en terceras personas. En ciertas elites o ciertas aristocracias. La reforma de 1994, con los mecanismos indirectos de democracia, como referéndum o plebiscitos, trata de provocar repúblicas más participativas y deliberativas. Donde la ciudadanía tenga un mayor protagonismo en decisiones importantísimas. En este sentido, hubo experiencias interesantes en la ley de medios, ampliamente debatida; en el anteproyecto de Código Penal e incluso, en el Código Civil y Comercial. Creo que es el modelo hacia el que hay que avanzar.

-En medio de los cuestionamientos a la tendencia al encarcelamiento, fue naciendo Víctimas por la paz. ¿De qué se trata?

-Surgió en 2016 como producto de la observación. Iban apareciendo personas que habían sido víctimas de delitos de diversa gravedad, con capacidad de reaccionar de un modo distinto a como suponemos que reacciona el estereotipo de la víctima. Es decir, pidiendo "más violencia" y "que se pudran en la cárcel". Vimos que existía una enorme fuerza cultural y política que era importante que pudiéramos nuclear y articular para construir una propuesta alternativa que sintetiza muy bien nuestra forma de ver el sistema penal. La pusimos en marcha en enero de 2017 y estamos muy satisfechos con la convocatoria. Y no porque se junten muchas víctimas. Claramente uno desearía que no las haya. Pero admitiendo que las hay, tenemos gente en diferentes partes del país, en Uruguay, en Colombia que se plantean otra mirada.

-¿Cómo se trabaja en lo que hace a la responsabilidad del imputado?

-Tenemos un modo integral de ver el conflicto penal. En donde es importante la predisposición de la víctima, no necesariamente al perdón, pero sí hacia vías menos violentas que la prisión. Y también que las personas que han cometido los delitos asuman una actitud distinta de la tradicional o de la del estereotipo. Que normalmente es guardar silencio o mantenerse en una negativa cerrada de la responsabilidad. No pretendemos que los inocentes lo hagan pero sí que las personas que claramente han agredido a otras en los distintos bienes jurídicos, se pongan en el lugar del otro. Que asuman que han provocado un daño, un dolor. Que se hagan cargo. Que no significa necesariamente que tengan que ir presos. Hacerse cargo significa un pedido de disculpas, un arrepentimiento sincero, la garantía de no repetición de los hechos, la reparación en la medida de lo posible. Esto contribuiría notablemente a un entendimiento, a la búsqueda de soluciones menos violentas y, en definitiva, lo que estamos procurando es la pacificación.

-La cárcel no ha demostrado ser un camino de paz…

-No, la cárcel es un notorio fracaso. Obviamente, para determinados conflictos muy graves no admitimos otro modo de responder más que a través de la prisión. No hace falta que se puntualice cuáles son. Pero afortunadamente constituyen un pequeño porcentaje del universo de los delitos que existen. Estamos convencidos de que muchísimas personas privadas de la libertad podrían estar en otra situación sin afectar la seguridad pública.

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