Edición Anterior: 16 de Julio de 2017
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Se puso en funcionamiento el registro de hechos de violencia institucional
Se trata de una iniciativa de la Procuración General Bonaerense, pero con el aval y acompañamiento de los distintos Poderes, instituciones y organismos de Derechos Humanos. "Lo que se busca es la prevención y sanción de estas prácticas", enfatizó el doctor Lucas Moyano, de la ayudantía de Delitos Carcelarios.
En el transcurso de los últimos días se puso en marcha el registro de violencia institucional dentro del territorio bonaerense, una iniciativa que si bien se gestó y se llevará a cabo en el marco del Ministerio Público Fiscal, tendrá implicancias en diversos ámbitos y esferas. La iniciativa, encabezada por el procurador general Julio Conte Grand lejos está del limitarse a tener un detalle acerca del número de causas de estas características, sino que se propone el estudio, análisis, planes de abordaje y la realización de mesas de trabajo con actores y referentes de distintos sectores. "No es una voluntad solamente del Ministerio Público la persecución, erradicación y sanción de estas prácticas, sino que es de todo el Estado", enfatizó en diálogo con EL POPULAR el ayudante fiscal Lucas Moyano, quien concurrió semanas atrás a una actividad en la capital provincial en la que se reflexionó y presentó formalmente esta iniciativa.

"Lo que se busca es la prevención y sanción de las prácticas de violencia institucional", añadió el funcionario judicial olavarriense, quien se encuentra al frente de la ayudantía fiscal de Delitos Carcelarios. Su labor se encuentra sumamente vinculada al seguimiento de estos episodios, ya que se traducen precisamente en aquellos hechos perpetrados por agentes del Estado, sean funcionarios de seguridad, cualquiera sea la fuerza, o efectores de la salud, según el propio Moyano se encargó de explicar, arrojando precisiones a una suerte de debate que por más frecuente que se torne nunca está de más dejar en claro ciertas cuestiones.

La alusión va a las referencias de los delitos a los Derechos Humanos, algo que por momentos parece hasta perder el halo o la simbología que lo recubre, para ser parte de discusiones o planteos más banales que lo que el concepto en sí lo amerita. "Son los actos u omisiones que se cometen por agentes del Estado, ya sea fuerzas de seguridad, servicio penitenciario o inspectores de la salud. Tenemos que tener en cuenta que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos a través de los pactos internacionales que celebraron y que están en la Constitución", inició. "A su vez, el Estado a través de sus agentes, los funcionarios públicos en cumplimiento de su función, son los únicos que pueden violar los Derechos Humanos. Por lo tanto, hay casos por ejemplo que son cometidos por particulares, pero por más grave que sean, no constituyen una violación de los Derechos Humanos, sino que será un delito en particular. En cambio cuando un funcionario público en ejercicio de sus funciones comete algún acto ilegal que tiene que ver con alguna lesión a la vida, integridad, dignidad de una persona, ahí hay una violación de los Derechos Humanos".

El registro

Realizada esa aclaración, se puede pasar ya a conocer de qué se trata el registro de violencia institucional que ya se puso en marcha y que tuvo durante el transcurso de los últimos días su primera mesa de diálogo. Ese encuentro contó con la presencia, entre otros, de la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan; el vicegobernador y presidente del Senado, Daniel Salvador; el ministro de Justicia Gustavo Ferrari y el secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón. Asimismo, cada uno de ellos designó un referente en particular para que tome parte de las reuniones posteriores.

"Se va a visualizar lo que es la violencia institucional y se va a poder plasmar y ver en la realidad cuántos casos hay, ya sea por zona, por Departamento Judicial y cuáles son las prácticas más habituales", añadió Moyano, quien señaló además que servirá para cotejar datos con otros organismos, tales como la Comité contra la Tortura.

Todo se va a realizar a través del SIMP (el Sistema Informático del Ministerio Público), que es donde los funcionarios judiciales cargan cada una de las causas que se inician. "Se hace un control de cuántas causas hay, qué plazos se lleva para su tramitación, quiénes son imputados, cuántos son los imputados, formas de terminación del proceso y las instituciones implicadas. Lo que se busca ahora es tener estadísticas propias para poder ir trabajando y en base a estas estadísticas hacer planes de trabajo para su investigación", continuó el ayudante fiscal local, quien señaló que ya desde la Procuración se cuenta con un protocolo básico de actuación, algo que siempre se complementa con la inventiva de cada funcionario, pero que el perfil que quiere desplegar el doctor Julio Conte Grand es el de dotar de cada vez más herramientas y capacitaciones a las operadores de la justicia. "Hay un interés de investigar este tipo de hechos, el propio procurador lo expresó", sentenció.

"Pioneros"

En lo que es al caso particular de la ayudantía que encabeza, el doctor Lucas Moyano refirió que ellos llevan sus propias estadísticas desde hace ya un lustro. Se trata de un seguimiento con informes mensuales y semestrales que se elaboran desde esa misma dependencia. Es por ello que no dejó pasar la ocasión para resaltar el trabajo de su equipo, más precisamente del auxiliar letrado Juan Agustín Mañero y del administrativo Guillermo Kuber.

Este Diario logró conocer algunas de esas estadísticas y conocer, por ejemplo, que durante el pasado mes de mayo se iniciaron 28 causas, 15 de ellas vinculadas a episodios de violencia, sean "lesiones leves", "severidades", "vejaciones" o "apremios ilegales". También el registro de un deceso, el cual al día de hoy sigue como "averiguación de causales de muerte", todo mientras se aguarda por el resultado de pericias complementarias a la autopsia.

Uno de los datos que sobresale de ese informe es el número de exhortos y colaboraciones, cerca de 70, algo que permite conocer un perfil de la ayudantía que la ha ubicado como "pionera" en la utilización de recursos informáticos. La utilización de correos con firma digital no sólo permite acortar distancias geográficas, sino plazos temporales que tienen su correlato en diversos beneficios en el avance de las causas. "Una justicia que no llega en un momento oportuno no es justicia", concluyó.

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