Edición Anterior: 29 de Agosto de 2017
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Ejes de trabajo de la Comisión de Violencia Familiar y de Género de la Asociación de Abogados
"Necesitamos una Justicia más rápida y activa, sobre todo en cuestiones de familia"
"Los más vulnerables son la infancia y la adolescencia y en Olavarría hay casos muy graves. Necesitamos una Justicia más rápida y activa, sobre todo en cuestiones de familia, si no pierde efectividad. Uno o dos años en la vida de un niño es demasiado tiempo", dispara Valeria Sansimoni. Es abogada y forma parte de la Comisión de Violencia Familiar y de Género a la par de nueve colegas, un espacio que surgió en el seno de la Asociación de Abogados de Olavarría, en febrero de 2016 y que a la vez integra la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género y el Instituto de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Azul.

Se trata de un grupo heterogéneo que logró afianzarse a partir de tener "las mismas inquietudes". Lo conforman Elizabeth Hurtado, Gabriela Alvarez Morello, Daniela Vales, Valeria Sansimoni, Celeste Giangreco, María Elena Dapello, María Fabiana Miranda, Luciano Casero, Violeta Paz y Patricia Fernández.

"En la comisión no entró en juego la política en miras de un objetivo en común. Tampoco hay intereses económicos. Lo hacemos ad hororem", dicen. Y aclaran, de paso, que el grupo "no está marcado por un feminismo esencialista porque hay que entender que la violencia de género es un problema cultural, de educación, instalado en una sociedad machista". De hecho, "nos encantaría que vengan más varones porque la mirada es fantástica, sería importante que se sumen", aseguran en diálogo con EL POPULAR.

Romper paradigmas

"Como operadoras jurídicas vimos la necesidad de estar capacitadas en perspectiva de género porque hay un machismo tan naturalizado que su deconstrucción implica un camino muy largo y no es de un día para otro", sostiene María Elena Dapello.

Valeria Sansimoni coincide: "hay que romper estructuras culturales e ir desestructurando muchas cuestiones propias. Cuesta mucho, con varones y con mujeres, con personas adultas más que con niños, niñas y adolescentes, que tienen las cuestiones de género más incorporadas. Y los sistemas judiciales están ocupados por adultos: cuesta romper con esos paradigmas".

No hay dudas de que es necesario resistir estructuras de "desigualdad real de esta sociedad patriarcal. Son estructuras sociales que dañan a hombres, mujeres, niños y niñas", analiza Gabriela Alvarez Morello.

De todos modos, en la práctica, sienten que se van dando "pequeños pasitos, con esfuerzo, peleas, discusiones, se va instalando... Hay que ir internalizando, mirarnos para adentro, no ser cómplices o tapar", interpreta Elizabeth Hurtado.

Por eso, alientan "una mirada multidisciplinaria" en el abordaje de la violencia de género, como dice Dapello.

Aportar herramientas

El compromiso de acompañar a quienes sufren la problemática en el proceso judicial es clave.

"En la violencia de género siempre quedan involucrados niños y ancianos, que están totalmente desprotegidos y, por ejemplo, en una medida de exclusión los recluidos son los hombres que se van al hogar de la familia de origen donde, generalmente, hay una madre viuda y anciana donde se genera un nuevo ámbito de violencia", expone Sansimoni.

Entonces, apelan a ser "muy cuidadosos con las medidas, que se pueda escuchar al denunciado, que se hagan audiencias como marca la ley".

Al volumen de causas, le suman "los paros y los funcionarios cuestionados" que condicionan el accionar de la Justicia (ver aparte). Mientras tanto, buscan acercarse "a los que forman parte del circuito para activar los mecanismos porque hay emociones, sentimientos, cultura, educación...", reflexiona Hurtado.

Plantean hacerlo interdisciplinariamente y más allá de lo jurídico bajo el convencimiento de que "los más vulnerables son la infancia y la adolescencia y en Olavarría hay casos muy graves. Necesitamos una Justicia más rápida y activa, si no pierde efectividad, sobre todo en cuestiones de familia. Uno o dos años en la vida de un niño es demasiado tiempo", enfatiza Valeria Sansimoni.

El camino a seguir, al menos para ellas, es aportar herramientas para que "el denunciado o denunciada revierta su vínculo dañino y proteger al denunciante o la denunciante de un daño mayor. Y, si hay que romper con el vínculo, darle herramientas para que lo haga en forma definitiva", expone Gabriela Alvarez Morello.

Cuestión de Estado

El año pasado la agrupación decidió integrar la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género, articulando acciones con actores de ámbitos públicos y privados.

"Buscamos escuchar, trabajar en consenso y desde la horizontalidad, desde la sugerencia de construcción de políticas públicas para Olavarría. Hemos asistido y dado capacitaciones y tuvimos la posibilidad de conversar para aunar criterios con diferentes funcionarios que trabajan sobre violencia de género, abordada con igualdad de compromiso y juntos, tanto desde organismos públicos y también desde el Poder Judicial, como abogadas de la matrícula", explica Valeria Santimone.

En ese contexto, intentan acciones preventivas, han presentado proyectos en la Mesa Local y "hoy se ha rediagramado la manera de trabajar. También desde el Instituto promovimos jornadas y capacitaciones o indicamos a qué lugares recurrir, al Servicio Local, Servicio Zonal, por ayuda económica a la Dirección de Políticas de Género, saber que hay un refugio, un centro de monitoreo, botones antipánico, acompañar a hacer la denuncia…", ejemplifica.

Para Gabriela Alvarez Morello "el flagelo de la violencia hace tiempo es una cuestión de Estado. Los Estados deberían abordar la violencia contra la mujer y contra la diversidad de género".

Pero en la práctica, a nivel local, "no hay Cámara Gesell adaptable, faltaría equipo técnico capacitado en niñez y adolescencia y haría falta trabajar mucho. No hacen falta leyes sino una implementación coordinada. También habría que rever la selección de jueces y la independencia del Poder Judicial del Legislativo y del Ejecutivo", enfatiza Santimone.

En síntesis, "no sé si faltan recursos o muchas veces la gente necesita otra capacitación, otra empatía, otra sensibilidad. No hay una fuerte presencia del Estado. La víctima tiene que salir buscar ayuda, en vez de el Estado contenerla y darle solución", se lamenta Elizabeth Hurtado sobre el final, consciente del rol social que le cabe a los profesionales de la ley.

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