Edición Anterior: 1 de Octubre de 2017
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El informe del Comité contra la Tortura será presentado en Olavarría a finales de octubre
El servicio penitenciario "gobierna el sistema a través de la violencia"
Hay casi 42.000 presos en el territorio provincial. La incomunicación y el déficit sanitario son dos de las características más negativas de la Unidad Nº 2 de Sierra Chica. A juicio de Cipriano García, de la Comisión por la Memoria, la causa por corrupción deja al desnudo el modo de gobierno de las cárceles que hace el SPB. Santiago Maldonado, como la visibilización de políticas represivas exacerbadas.
Claudia Rafael

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No es casual que el 25 de octubre, el Comité provincial contra la Tortura presente su informe anual en Olavarría. Con tres cárceles asentadas en Sierra Chica, entre ellas, una de las más simbólicas en materia de crueldad de todo el país, ofrece una radiografía clara del sistema penitenciario. Hace apenas unos días fue elevada a juicio oral la causa penal por corrupción en la Unidad Nº 2 que dejó expuestos los hilos y entramados utilizados no sólo en el clásico robo para la corona (y para propios bolsillos) sino además un modo de gobernar a la población encarcelada.

El informe anual que no casualmente alude al "sistema de la crueldad" deja en claro que ya se bordea casi los 42.000 presos en el territorio provincial. En diciembre de 2016, los encarcelados eran 38.681. Para el mes de julio pasado, el número llegaba a 41.729. Hay una tasa de 245 detenidos cada 100.000 personas que es la más alta de las últimas dos décadas. Y según el Comité hay una sobrepoblación del 73,5%, seis puntos más que en 2015.

Esas casi 42.000 personas detenidas implican una sobrepoblación que -definió desde la Comisión por la Memoria Roberto Cipriano García, en diálogo con EL POPULAR- "provoca presión hacia dentro de todo el sistema. Y la recibe también Sierra Chica. Pero, además, la elevación a juicio de la causa penal contra el jefe de la U2 deja expuesta toda la trama de corrupción. Se confirma el deterioro general del sistema". El servicio penitenciario -agregó- "gobierna el sistema a través de la violencia y la tortura, que es una práctica sistemática. La tortura que aplica el servicio hace a la regulación de las personas detenidas pero también se logra a través de la precariedad. Sacándole a la gente bienes esenciales que el estado le debe garantizar. Como la comida, los medicamentos, la limpieza, la higiene y provoca también condiciones diferenciales de alojamiento. Tenés lugares que son tremendamente desastrosos y otros, que son menos precarios. Con eso también el servicio va regulando y gobernando la población encarcelada".

Este tipo de prácticas lo que desnudan, sin margen de duda, es la existencia de un sistema de premios y castigos. "Si sos funcional y te portás bien, podés ir a un lugar donde tenés más cosas o estás un poquito mejor. Eso tiene que ver con la corrupción directamente porque el servicio priva a los detenidos de lo necesario y es lo que se constata en la causa contra el jefe de Sierra Chica. Por eso es tan trascendente. Es una de las jerarquías más importantes dentro de la cárcel: el jefe del penal es el que la maneja. Muchas veces tiene más poder que el propio director, es el que organiza todo internamente a través de pactos, de relaciones de connivencia", analizó Roberto Cipriano García.

Cuando se plantea la existencia de este tipo de pactos, en definitiva, se espeja lo más medular y profundo de la condición humana. Porque los detenidos, ante la ruindad de un sistema forjado y nacido para el castigo y la tortura, van a buscar necesariamente la salvación individual. Una salvación que, sin embargo, es provisoria porque hoy se está en determinado contexto, bajo determinadas prebendas y condiciones y mañana o pasado, todo se modifica. En ese sentido, Cipriano García advierte que no se trata de "status para siempre".

De todos modos, tras la investigación del caso de corrupción lo que salta a la vista es que se trata de "un fenómeno estructural".

-Supongo que muerto el perro no se acabó la rabia. Me imagino que la causa contra el jefe del penal no implicó la destrucción de una estructura...

-Pensamos lo mismo. Los testigos padecieron bastante. Los que denunciaron fueron hostigados, presionados, lo cual da cuenta del funcionamiento corporativo también. No hubo ningún programa de acompañamiento y protección de estos testigos y denunciantes. Por el contrario, se los dejó bastante librados a su buena suerte. Desde lo judicial y desde lo administrativo.

Ausencias

La presentación del informe esta vez no contó con funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal como sí ocurrió el año pasado. La realidad carcelaria ya no puede seguirse adjudicando por entero a los gobiernos anteriores y tal vez algo de eso haya incidido en las ausencias.

Los datos del informe son particularmente duros: "junto con el incremento de la sobrepoblación, el SPB centra cada vez más la gestión del orden interno en la violencia gestionada indirectamente a través de determinados tipos de espacios y ciertos grupos de detenidos. Se trata además de una violencia que los funcionarios penitenciarios no limitan sino lo contrario: no es problemático para el SPB que dicha violencia sea extrema, que conduzca a la muerte. En combinación con esta distribución penitenciaria de violencias, espacios y roles para los detenidos, existe la administración de las armas (facas)".

En todo este contexto no puede pasar desapercibida ni puede considerarse azarosa la desaparición de una pistola 9 milímetros de la sala de armas de la históricamente conflictiva Unidad 2. Ni tampoco puede ser vista ni analizada como un mero error humano. Hay contextos institucionales en los que los errores humanos suelen ser el nombre elegante para otro tipo de cuestiones.

Morir en la cárcel

Del informe se desprende el registro de 385 muertes de personas bajo custodia del estado o víctimas del uso letal de la fuerza pública. De ese total, 156 ocurrieron dentro de las distintas cárceles. Este número se traduce como más de 13 muertes por mes o, dicho de otro modo, más de 3 muertes por semana. Pero a estos casos hay que sumar 12 muertes en comisarías; 107 en neuropsiquiátricos; 1 en centros de menores; 109 asesinados por agentes de fuerzas de seguridad. De estos números, el 20 por ciento corresponde a niños o adolescentes. Dentro de la 2 de Sierra Chica fueron 6 en 2016 contra 8 el año anterior.

Pero hubo un aumento de las muertes por desatención en salud respecto de 2015. Subieron de 90 a 111. Y, al respecto, el Comité contra la Tortura plantea en el informe que se trata de casos que "el servicio penitenciario no resolvió, generó y/o agudizó, y que siempre son sumamente traumáticas para sus víctimas, para sus familias y para sus compañeros de encierro". Pero se lee textualmente que "a modo de ejemplo señalamos lo relevado en la UP 2 donde se relatan problemas de recursos, hace tres años que no funciona el ecógrafo, desde el programa Remediar envían medicación pero es insuficiente, carecen de ibuprofeno y medicación básica". Además "hay una sola ambulancia pero es para todo el Complejo (incluye las UP 27 y 38). En el caso de urgencia si no tienen móvil disponible, los traslados se realizan en autos particulares del personal".

Por otro lado, "los martes y domingos no hay médico de guardia ni psiquiatras. Ante la consulta acerca del modo en que se resuelven los casos de urgencia que pudieran surgir, se señaló que derivan a la Unidad 7 (Azul) y/o a la Unidad 22 (Olmos). Esto, en el caso de que cuenten con móviles y combustible para realizar los traslados".

Entre los testimonios se puede leer en el informe que "llegué hace 15 días a la Unidad 2, en tránsito a la Unidad 17. Me dijeron que me iban a sacar pero sigo acá. La celda tiene el piso y las paredes rotos, la letrina se tapa. No tengo colchón, duermo sobre mantas y me da dolor de espalda. Ni pude comunicarme con mi familia, no saben dónde estoy". Y también que "estaba en Sierra hace 6 meses, me hicieron un análisis y salió que tenía TBC (tuberculosis). En vez de darme atención me dieron traslado. Hace 4 meses me hicieron de vuelta el análisis en la Unidad 1 y decían que no tenía TBC. Ahora hace 1 mes me tuvieron que internar (en sanidad de la unidad) porque me dio positivo. El que me hizo la radiografía no me sabía decir cómo estaba. Me tendrían que haber internado en un hospital, acá no tengo atención, voy empeorando. Bajé 10 kilos y no hay neumonólogo".

Este es el décimo primer informe del Comité contra la Tortura, que pertenece a la Comisión Provincial de la Memoria. A lo largo de 392 páginas se desentraña cómo el sistema gobierna a la población carcelaria a través de la crueldad. Y cómo año tras año todo parece hundirse en más hacinamiento, más violencia y peores condiciones de detención. "En un futuro imaginario -se lee en la página 141- podrían duplicarse las plazas y los/as presos/as vivir en buenas condiciones, pero la política de sobre-encarcelar persistiría. La cuestión no es que falta cárcel sino que sobran detenidos".


Santiago, como la punta de un iceberg

Este año, el informe arranca con una foto de un joven barbado y de rastas que ocupa toda una página: Santiago Maldonado. Por quien la Comisión Provincial por la Memoria está actuando como querellante. Roberto Cipriano García analizó que, en relación al joven desaparecido en Chubut, "han hecho toda una campaña para que los docentes no hablen en las escuelas del caso. Pero no ha habido sanciones por hablar porque además es una obligación curricular hablar de desapariciones forzadas y derechos humanos. Pero lograron policializar a la propia comunidad. Lo que logran es que los padres de los pibes salgan a protestar, que increpen a los docentes para conseguir la autocensura".

-¿Qué representa Santiago Maldonado en este contexto y en relación con el aparato del estado y las fuerzas de seguridad?

-Es como la punta de un iceberg. La visibilización de las políticas que ha exacerbado este gobierno. Porque la mano dura y el punitivismo estatal como única política para la reducción de la inseguridad no es algo nuevo para la provincia ni para la Argentina. Desde hace años a esta parte los gobiernos vienen apelando a las mismas recetas ineficaces y comprobadamente pobres para resolver un problema muy complejo como es la inseguridad. Con un incremento de políticas punitivas y de la represión estatal. Las nuevas amenazas dictadas por Estados Unidos, como el narcotráfico y el terrorismo, generan la necesidad de la militarización del espacio público. La intervención de la gendarmería, la prefectura o la policía aeroportuaria no son cosas nuevas, pero ahora tienen otra preponderancia. Es empezar a socavar las diferencias tajantes en la ley argentina entre seguridad interior y seguridad externa o defensa. Con el riesgo de que mañana pongan a las fuerzas armadas a luchar contra la inseguridad interior. Esto es la consolidación de esta política y las consecuencias graves que puede deparar su profundización.

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