Edición Anterior: 6 de Octubre de 2017
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Se aprobó por unanimidad el dictamen del HCD por el recital del Indio Solari en Olavarría
Las acusaciones fueron hacia el intendente Galli "y su equipo de asesores legales" que, con una mención, bastó para dar cuenta de que se trataba de Luciano Blanco. El título de "fiador", el eje central y excluyente. Según los ediles, hubo más gastos que ingresos al Municipio. El rol que tendrá el Tribunal de Cuentas.
Alexis Grierson

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@alexisdechillar

Finalmente, tras un debate que duró cerca de dos horas, se aprobó por unanimidad la resolución que determina un dictamen con dos opiniones sobre los hechos sucedidos en torno al recital del Indio Solari en Olavarría el pasado 11 de marzo. Las diversas irregularidades en torno a aspectos como las condiciones de firma de contrato, el factor ocupacional, la habilitación, los controles y demás, fueron los ejes de una tarde que tuvo varios condimentos, entre ellos otro proyecto que tuvo ingreso parlamentario: el de crear una comisión investigadora.

El impulsor de esta propuesta fue Saúl Bajamón, que primero señaló con dureza que el factor ocupacional fue sumamente confuso, y no quedó claro si era por 155 mil personas (número que señaló Bomberos de Azul) y 200 mil, que fue lo que se cobró de Tasa de Espectáculos. A continuación, también mencionó como ejes la habilitación y los stands de venta de comida y bebida, la situación con el alcohol, los controles, la situación con el traslado de personas en camiones, y opinó que "todo estuvo muy mal hecho. Hubo abandono, también de la Provincia".

Y no dejó pasar el concepto de fiador que asumió (y firmó) el Intendente: "pagó también a los comerciantes que les rompieron los negocios en la zona de la Terminal. Que saldrán de las arcas municipales, de allí se pagarán sus gastos. Él (por Galli) dijo que no iba a responder con su patrimonio" añadió. Dejó en claro, además que al firmar la fianza "por lo que sucediera en La Colmena también se equivocó, se extralimitó en sus funciones: lo expresa el Tribunal de Cuenta, Asesoría General de Gobierno y la Ley Orgánica de las Municipalidades" endureció Bajamón.

"El Intendente es el responsable. Dice que no va a responder con su patrimonio, y ya pagó indemnizaciones y se esperan más demandas. Hay choque de defensas entre el Municipio y el Intendente" y fue la primera mención hacia los "letrados" que tiene el Municipio. En su propia evaluación de la comisión "hay un choque de intereses. Considero que poner en riesgo el patrimonio municipal es una situación grave. Para todo el pueblo de Olavarría. De manera tal que corresponde que se presente el siguiente proyecto de decreto" y pidió crear una comisión investigadora, con características especiales y que puede, tras hasta una posible defensa del jefe comunal, la suspensión o destitución. El proyecto tuvo ingreso parlamentario por mayoría -y el no acompañamiento de Cambiemos- y pasará a Legislación, ante una sorpresa de la bancada oficialista.

"Otro poder de análisis"

La concejal del PJ y también presidenta de esta comisión especial, Adriana Capuano, dio algunos conceptos generales de la creación de la mencionada comisión, donde dejó en claro que "no es investigadora ni con propósitos destituyentes. Si no para determinar responsabilidades de funcionarios". Tras ello, repasó que por la comisión hubo testimonios de testigos, implicados, y también de funcionarios, así como "se dejó constancia de aquellos funcionarios que no estuvieron".

Luego le tocó el turno a Germán Aramburu, de Renovación Peronista, que dio algunos lineamientos de uno de los dictámenes presentados. "Si bien hay un informe del Ejecutivo sobre el operativo de seguridad, que se habrían adoptado medidas para frenar disturbios, conflictos" y demás, el testimonio de los comerciantes fue clave para dar cuenta de "que durante el día posterior de la realización del recital, un grupo de manifestantes hicieron incidentes y quitaron mercadería de los comercios". En ese lugar, "solo se visibilizó al jefe de calle, dos o tres de bonaerense, algunos locales. No hubo forma de contenerlos". En el mismo eje, señaló que en la información recolectada "hubo contradicciones entre lo que dijo Galli y los informes presentados por Mario Busto. Además del jefe de control urbano Eduardo Simón".

Y tal como Bajamón y Capuano, Aramburu volvió a señalar que hubo incumplimiento de la LOM, de leyes y exceso de funciones: "se habilitaron stands de comida y uno de los requisitos era la libreta sanitaria. No estaban habilitados para bebidas alcohólicas. Consta de ello los contratos y la constancia de pago por la cesión".

También señaló como irregular que el dinero que costaba emplazar un puesto se cobraba en el mismo lugar donde eran emplazados. "Eso está prohibido por LOM".

Todo esto, "dejó comprometiendo el patrimonio municipal y excediendo en funciones. Hay una responsabilidad del Ejecutivo".

Capuano volvió a tomar la palabra y señaló que en palabras del Intendente, hay dos funcionarios "clave": se trata del titular del área de Legales, Luciano Blanco, y el subsecretario de Seguridad, Eduardo Simón. Por Blanco, de hecho, "no fue a responder ni tampoco presentó documentación pertinente. Ni se excusó". Por el hecho, dijo "no estuvieron a la altura y tienen responsabilidad política".

"Revanchismo"

Quien tuvo conceptos mucho más duros fue el edil Einar Iguerategui, que indicó que "había algo que no podía faltar: era previsibilidad. Responsabilidad, madurez y libre de revanchismo. El revanchismo nubló la lógica del gobierno municipal. No cabe duda que solo estaba preocupado (Galli) por el rédito político que le daba a su imagen" dijo en primera instancia.

A su vez, "nos molesta y enoja ver el nombre de nuestra ciudad como noticia por la impericia del Intendente y su gabinete. Le hicieron un daño a la ciudad. Eso fue porque se actuó con sed de revancha" agregó el concejal eseverrista, y dijo, tras seis meses de análisis, que "nos mintieron en la cara. No era momento de la ventaja política" y citó al propio Galli: "la verdad duele. Pero con la verdad se llega lejos".

La intención es que "el Intendente y sus asesores nos escuchen y cuidar el patrimonio de los vecinos". Tras ello, denunció que hay posibilidades de que se devuelvan 8 mil pesos de cada habilitación dado que se violan artículos de la LOM. "Es un perjuicio para la comuna". En este sentido, también indicó que en la posibilidad de instalar 122 stands, solo se pagaron 49: "el Ejecutivo armó el expediente de habilitación de eventos el 14 de marzo, tres días después del recital. Viola todas las normas de procedimiento administrativo".

Con respecto a los camiones, "no hay intervención de Provincia ni Control Urbano. A los funcionarios que tomaron las decisiones, violaron las reglas de tránsito, pusieron en peligro a las personas, ni una multa. Y según los dichos de Galli, quien procedía era el titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, como cabeza del comité de Emergencias. "El propio Guevara dijo que no se constituyó. E incluso, como testimonio, Iguerategui lo citó: "si me hubiese enterado me ponía adelante de un camión y no dejaba que salga".

Y también hizo mención a la famosa fianza: "el Intendente es quien pide el predio. Nunca fue informado, nada. No se consultó. Hubo un pésimo asesoramiento legal. Porque en la interpelación al Intendente se le consulta a ver si habían hecho consultas al Tribunal de Cuentas. Dijo que no, que no era necesario. Quien le dijo que no lo haga, es un pésimo asesor" haciendo referencia al cuerpo de Legales municipal. "El intendente hipotecó la ciudad por su tozudez".

De hecho, "el Tribunal de Cuentas ya opinó sobre la fianza. En el Ejercicio 2016. La fianza no encuadra en lo determinado" y apuntó hacia Ezequiel Galli y Jorge Larreche. "Por fuera de la legalidad de las atribuciones en el intendente y los funcionarios. Ante un perjuicio responderán el intendente y los funcionarios".

"Facilitemos accionar a la Justicia"

Tras la dura acusación del eseverrismo, quien tomó la palabra fue Juan Fal, de la bancada oficialista. "La comisión trabajó de manera impecable y seria. Facilitemos el accionar de la Justicia y el Tribunal de Cuentas. Mancomunada y sin distinción de colores".

A continuación Fal admitió que su bloque no elaboró un dictamen propio. "Nuestra función se limitará a acompañar con nuestro voto con la elevación de la información y dictámenes elaborados".

Fernanda Araneo, de Radicales Convergentes, dejó en claro además que "hay que reconocer la responsabilidad de los funcionarios y el Intendente" e introdujo algo que no se había señalado: "con respecto a la declaración de Visitante Ilustre al Indio, no implica conocer los pormenores de la organización del evento, ni hacernos parte. Todo fue oculto".

"Este recital nos salió carísimo. Hubo más gastos de lo que ingresó por tasa de espectáculos. Y cómo nos dejó vistos en todo el país". Emilio Vitale complementó: señaló que ingresaron 3.200.000 pesos en concepto de Tasa de Espectáculos, y hubo, según lo detallado por Araneo, 4.127.887 pesos.

Y, a su vez, la mayoría de los oradores señalaron, además de responsabilidades al intendente, culpas "a los asesores legales de Galli". Restará ver cómo continúa esta historia, pero en lo concreto la resolución fue aprobada por unanimidad.

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