Edición Anterior: 18 de Octubre de 2017
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Había denuncias previas y nadie previno la tragedia
Un fallo judicial ordenó al Estado indemnizar a los hijos de una mujer asesinada por su pareja policía
La mujer fue asesinada por su pareja policía en un contexto de violencia de género. En el fallo se remarcó que no tomó ninguna medida desde el Estado para prevenir la tragedia.
Daniel Puertas

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El Ministerio de Seguridad bonaerense deberá indemnizar a los hijos de una mujer que fue asesinada por su pareja policía en un contexto de violencia de género por no haber tomado ninguna medida para prevenir la tragedia y porque "deben recaer sobre el Estado las consecuencias de la mala elección y control en el agente del que se vale para llenar los deberes a su cargo, cuando éste resulta de una peligrosidad o ineptitud manifiesta", según marca la jurisprudencia.

El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata en una demanda contra el homicida y el Estado presentada por dos hijos del matrimonio anterior de la mujer y un tercero, fruto de la relación de quince años entre el policía y su víctima.

Un detalle singular de esta historia amarga es que pocos días antes del crimen la mujer se apoderó del arma reglamentaria del policía y la llevó a la comisaría, planteando que lo había hecho porque temía que la matara con esa pistola.

En la dependencia policial le dijeron que podían tomarle la denuncia, pero que debía devolverle el arma porque de lo contrario sería procesada por robo. Poco después la mujer moriría de un balazo disparado precisamente con esa pistola.

En su fallo, la jueza María Ventura Martínez señaló que la responsabilidad del policía, Osvaldo Orlando Sprang, quedó suficientemente demostrada en el proceso penal, que tuvo fallos de un Tribunal Oral en lo Criminal y en Casación.

En cuanto a la responsabilidad del Estado provincial, la jueza recordó jurisprudencia que establece que "no es la culpa o el dolo del empleado o funcionario lo que determina la responsabilidad estatal, sino la falta o falla del sistema prestacional o del aparato o circuito administrativo".

Agregó que la doctrina de la Corte determina que "el Estado responde directamente ante la irregularidad en la prestación del servicio público pues, aunque ella derive del hecho de los agentes, hay una imputación directa al titular del servicio toda vez que la actividad éstos, de los funcionarios o, en general, de los órganos realizada para el desenvolvimiento de las entidades de las cuales dependen, se considera como propia del Estado, quien debe responder de modo principal y directo de sus consecuencias dañosas".

También hizo una "una consideración adicional en punto a la responsabilidad fiscal desde la óptica estándar de la irregularidad en la prestación de un servicio; ello porque, además de configurarse la responsabilidad por la elección de los agentes destinados a una actividad riesgosa como se dijera líneas más arriba, le cabe también ella por la falta de servicio ante la deficiente prestación del servicio de policía de seguridad toda vez que, tal y como surge de autos y de las sentencias recaídas en sede penal, la causante había denunciado en numerosas oportunidades al codemandado Sprang por violencia, incluso una última vez el día 21-IX-2004 (conf. fs. 20 y fue considerado en la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 3), esto es, diez días antes de que finalmente llevara a cabo el homicidio".

Remarcó el hecho de que en la declaración de la hija de la mujer en el proceso penal "recordó que, la semana anterior la había amenazado con el arma, entonces Liliana la agarró y fueron a la comisaría cuarta a efectuar la denuncia. Las atendió un oficial jovencito. Ella le quiso entregar el arma, pero él dijo que no podía meterse en problemas domésticos, que podía tomarle la denuncia pero que el arma se la tenía que devolver si no quería que le hicieran una denuncia de robo. Entonces su madre le dijo: ‘¿Me estás cargando? La traigo para evitar que pase algo’. Hizo la denuncia, nos llevamos una copia y cuando llegamos devolvió el arma".

La jueza subrayó que "con dicha arma, diez días después, quien estaba siendo denunciado cometería el homicidio de la Sra. Liliana Respress".

Para la doctora Ventura Martínez, "con ello aparece configurada la responsabilidad provincial ante la omisión de sus funcionarios al incumplir su deber de seguridad ya que, ante las diversas denuncias y particularmente los últimos hechos relatados, había un alto grado de probabilidad de que el agresor tenga una conducta violenta, aun cuando no necesariamente de carácter fatal como terminó siendo".

Añadió que "quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento o ejecución irregular".

También analizó la circunstancia incontrovertible de que el hecho que se podía prevenir estaba particularizado, ya que el potencial homicida estaba perfectamente identificado y era funcionario, por lo que el Estado carece de argumentos válidos para diluir su responsabilidad.

Destacó además que la ley para prevenir la violencia contra las mujeres establece que "los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores...: c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia".

Agregó que "resulta innegable que quien fuera la víctima de los trágicos hechos aquí relatados resultó víctima de violencia de género no sólo por parte de quien fuera su pareja y que terminó con su vida, sino también por parte de los funcionarios policiales, particularmente el de la última denuncia, quienes recomendaron devolver el arma homicida para que no le inicien una causa por robo, arma que ella había sustraído ante el miedo de que se lleve adelante una acción como la que efectivamente aconteció días después".

En el fallo hizo lugar a "la demanda interpuesta por Héctor Guillermo Hein, Mónica Sabrina Hein y Orlando Nahuel Sprang Respress, contra Osvaldo Orlando Sprang y Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad), condenando a éstos, de manera concurrente, al pago de la suma de doscientos sesenta mil cuatrocientos pesos ($ 260.400) para el primero, de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000) para la segunda y, para el tercero, la de ciento cincuenta mil pesos".

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