Edición Anterior: 25 de Octubre de 2017
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Desde las organizaciones de autocultivo se critica la reglamentación parcial
Por el momento, la esperada ley de cannabis medicinal genera algunos cuestionamientos
Las organizaciones de autocultivo esperaban mayores precisiones acerca de la situación de la ley de cannabis medicinal en el marco de su reglamentación, pero expresan que eso no se logró.
"La reglamentación de la ley fue bastante corta y quedaron varios artículos sin reglamentar", especificó ayer Emilio Hurtado, referente de Cannabis Activa Olavarría, al analizar la reglamentación parcial de la Ley 27.350, a través del Decreto 738/17, y plantear nuevamente temas referidos al autocultivo. En realidad, la ley no contempla el autocultivo del cannabis con uso medicinal, es decir que tener plantaciones en los hogares sigue siendo ilegal.

La desazón del activista fue generada debido a que sólo 6 de los 13 artículos fueron reglamentados, soslayando cuestiones impulsadas por organizaciones y familiares de usuarios de cannabis medicinal, lo cual abre un abanico de incertidumbre frente el optimismo inicial despertado por la promulgación de la demandada ley aprobada a fines de marzo pasado.

También cuestiona que con la reglamentación de la ley "prevé un registro de pacientes y familiares para autorizar el uso del cannabis medicinal, pero no fue establecido ese registro ni quién se va anotar ni cómo". Por otro lado, también existen cuestionamientos debido a la creación de una oficina que prolongaría aún más las demoras. "El artículo 2º crea un programa para ver qué patologías son las que van a entrar. Pero hasta dónde sabemos todavía ni siquiera se armó ese programa y no hay novedades de cuáles patologías son las que se van a contemplar".

En síntesis, Hurtado opinó que "sobre la reglamentación parcial de esta ley es como que hay un limbo entre lo que se puede y lo que no se puede porque todavía no está funcionando. La cuestión es que se va a empezar a investigar, que genera otra pérdida de tiempo, porque se abre un programa de investigación, pero las pruebas ya todos las sabemos, están a la vista con la experiencia de otros países. Quedó muy lejos la posibilidad de acceder al cannabis para la gente que lo necesita".

Esas limitaciones se deben a que "la ley decía que se va a poder producir cannabis a nivel nacional, y el INTA y el Conicet son los encargados de la producción nacional. Pero la realidad es que ni el INTA ni el Conicet han empezado; el INTA todavía no puso una semilla. La ley dice que se va a repartir gratuitamente entre quienes entren a ese programa y presenten patologías que todavía no se sabe cuáles son".

Como consecuencia de esa reglamentación restringida "quienes producen el aceite para la ley siguen siendo delincuentes porque no se modificó la ley de estupefacientes, entonces el que tiene cannabis en su casa por una cuestión medicinal sigue siendo ilegal. Según lo que hablaba Basalo, el director de la revista THC, al haber reglamentado esta ley, el Estado es como que de alguna manera pasa a ser cómplice de los autocultivadores, porque por un lado permite tener cannabis para usarlo para tu patología y, por otro lado, la ley te pena si tenés cannabis en tu casa. Entonces si el Estado permite tener el cannabis, pasaría a ser cómplice de ese usuario", consideró.

"Lo positivo es que se reconoce al cannabis como una medicina y lo negativo es que lo que promete esa ley es algo que no se va a poder cumplir por el momento y no sé si van a poder cumplir con lo que dijeron. Sacar un medicamento al mercado cuesta mucho y hay que producir al menos 100 cepas de cannabis diferentes porque hay gente que usa hasta cuatro cepas distintas, son cuatro remedios distintos, y qué laboratorio va a hacer eso jugándosela a que si autorizan el autocultivo no les va a comprar nadie. Por ahora el suministro de aceite de cannabis en la Argentina sigue igual que antes. Por el momento, el único aceite que está entrando es el de Charlotte y nada más", lamentó Hurtado.


"Restricción"

De acuerdo con el especialista Sebastián Basalo, director de la revista THC, quien participó en mayo de este año de la jornada organizada por Cannabis Activa en el Salón Rivadavia, consideró que "esta reglamentación es una restricción de los derechos otorgados por la ley. Por eso este acto del Poder Ejecutivo me parece sumamente grave, además de ilegal. Lo que hace es limitar las modalidades de acceso al cannabis, que la ley reconoce como medicina, porque la mayoría de los pacientes accede a través del autocultivo".

Otra cuestión importante es que, "a través de esta reglamentación, el Ejecutivo sigue criminalizando a las familias que cultivan cannabis con fines medicinales, contrariando lo que hicieron otros países, como Canadá, que regularon el cannabis medicinal".

Se trata de "una reglamentación pésimamente redactada por el Ministerio de Seguridad, cuyo único objetivo fue excluir al autocultivo por políticas de seguridad. Para este Gobierno, los pacientes que cultivan su propia medicina son traficantes. Me pregunto qué pasará cuando alguien que se anotó en el programa reconozca que cultiva. ¿Lo van a criminalizar? Y si no lo hacen, ¿el Estado se convierte en cómplice?", reflexionó el periodista.


Limitaciones

El 22 de septiembre de este año, el Gobierno reglamentó seis de los 13 artículos referidos a los objetivos del programa. El punto principal establece que "las acciones de promoción y prevención deben estar dirigidas a las personas que, por padecer una enfermedad bajo parámetros de diagnósticos específicos y clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se les prescriba como modalidad terapéutica el uso de las plantas de cannabis y sus derivados".

"La provisión de aceite de cannabis y sus derivados será gratuita para quienes se encuentren inscriptos en el Programa y se ajusten a sus requerimientos. Aquellos pacientes no inscriptos en el Programa que tuvieren como prescripción médica el uso de aceite de cannabis y sus derivados, lo adquirirán bajo su cargo, debiendo ajustarse a los procedimientos para la solicitud del acceso de excepción de medicamentos que determine la autoridad de aplicación", indica la ley.

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