Edición Anterior: 25 de Octubre de 2017
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"Encontramos groseros casos de tortura en la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica"
Fabián Bernal, subdirector del Programa de Inspección de Lugares de Detención del Comité contra la Tortura de la CPM, dialogó con EL POPULAR. A inicios de mes recorrieron las unidades carcelarias 2 y 38 de Sierra Chica. "No son la excepción, es parte del tratamiento penitenciario", añadió.
Ignacio Cerdera

@nachocerdera

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"La tortura en las cárceles bonaerenses es un dispositivo de control poblacional". La afirmación pertenece a Fabián Bernal, subdirector del Programa de Inspección de Lugares de Detención del Comité contra la Tortura, dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). A inicios de mes encabezó una serie de inspecciones en distintas sedes carcelarias de la localidad de Sierra Chica que permitieron descubrir diversas irregularidades, al punto que desde la Justicia local actualmente se instruyen dos denuncias por torturas infligidas a personas privadas de libertad.

No obstante, en diálogo con el Diario EL POPULAR, no dejó pasar la ocasión para plantear otra serie de situaciones que dejan claramente en evidencia la compleja situación que se vive en las cárceles bonaerenses.

La problemática no es nueva, sino todo lo contrario. Tal cual fue publicado en el informe anual de la Comisión por la Memoria, que hoy desde las 14 será presentado en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría dependiente de la Unicén, cada gobernador bonaerense que ha asumido en la capital provincial en las últimas décadas ha iniciado su gestión proclamando la emergencia penitenciaria.

"Más allá del reconocimiento mediático, no hay ningún abordaje en profundidad para apaciguar esta situación", fustigó Bernal. Inclusive, fue aún más lejos y requirió que "el Estado provincial ponga directivas concretas y un plan de acción especifico de cómo va a reducir las torturas y vulneración de derechos, no basta con una declaración mediática de la emergencia penitenciaria".

"Groseros casos de tortura"

Las inspecciones a las Unidades 2 y 38 de Sierra Chica, que se desarrollaron durante las jornadas del lunes 9 y martes 10 de octubre, respondieron a reiteradas denuncias de casos de tortura y malos tratos de las personas privadas de libertad en esta unidad penitenciaria.

Las irregularidades halladas fueron de todo tipo, pero quizás lo más grave está vinculado a dos denuncias concretas por torturas que actualmente se siguen desde la Ayudantía Fiscal en Delitos Carcelarias, que lidera el doctor Lucas Moyano.

Este Diario logró conocer que en el marco de esas causas ya se concretaron diversas diligencias, entre ellas la requisitoria de las cámaras de seguridad de la Unidad Nº 2, ya que ambos hechos se registraron en esa sede de máxima seguridad.

A la par, especialistas de la División Científica de la Policía Bonaerense realizaron un relevamiento del lugar y recogimiento de evidencias. A la par, médicos de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Azul constataron las lesiones de los reclusos. La investigación cuenta además con la colaboración de la Oficina de Ayuda a la Instrucción, dependiente de Fiscalía General.

"Encontramos casos groseros de tortura, no me voy a explayar sobre los casos, pero si mencionar que se levantaron dos denuncias penales. Personas muy golpeadas, casos muy graves, que no son la excepción dentro de las prácticas del Servicio Penitenciario, esto hace parte de la gobernabilidad penitenciaria", enfatizó Bernal, quien añadió que la tortura "es un dispositivo de control poblacional que el Ministerio no ha sabido prevenir".

"Una cosa perversa"

El derrotero de irregularidades halladas en las inspecciones lejos estuvo de limitarse a las agresiones físicas contra los reclusos. La afectación a la vinculación familiar de los internos fue una de las situaciones a las que Bernal le dedicó un apartado importante, poniendo el énfasis que gran parte de la población carcelaria de la Unidad Penal Nº 2 es del Conurbano bonaerense.

Es más, Bernal relató cómo en algunas ocasiones esta situación hasta suele ser esgrimida por los actores judiciales como fundamento en contra de los detenidos a la hora de recurrir alguna morigeración. "Si no recibe visitas, se los ve como malas persona y no se toma en cuenta que las familias no tienen recursos para costear los viajes de larga distancia", ejemplificó.

El tema edilicio de las unidades carcelarias sierrachiquenses, obviamente, también fue aludido. "Es una de las más viejas de la provincia, son precarias las condiciones de detención en la que se encuentran las personas". Inclusive, detalló que sectores puntuales "no son habitables para ningún ser humano", requiriendo que se concreten medidas judiciales que dispongan la clausura de esos sitios. "Sin focos, canillas, un grado de precariedad absoluta", narró.

"Una cosa perversa del control penitenciario es su incapacidad de garantizar el acceso a la educación y trabajo de todas personas alojadas en las cárceles", enfatizó a medida que daba cuenta que esas situaciones son puntos clave que analizan los jueces al momento de otorgar algún tipo de beneficio. "Nunca se problematiza si la unidad les dio la oportunidad de hacerlo", subrayó mientras refería que esto fue detectado tanto en la Unidad Nº 2 como en la 38.

"Vulneración de derechos"

"Sobreencarcelamiento" y "sobrepoblación" fueron otros de los conceptos que se tornaron en lugares comunes del análisis de Bernal al puntualizar sobre las problemáticas del Servicio Penitenciario Bonaerense. En ese sentido solicitó que se respeten los cupos fijados, cuestionando severamente una resolución judicial dictada desde General Alvear en la que se requería el cumplimiento pero "en la medida de lo posible".

Otro de los datos que fue expuesto en el informe que será presentado en la tarde de hoy es que la provincia de Buenos Aires tiene actualmente el número más alto de personas detenidas de las últimas dos décadas, una proyección de 230 personas detenidas cada 100 mil habitantes, cuando el promedio en el mundo es de 144.

"La cifra de personas privadas de libertad es una cifra que los Estados pueden controlar si deciden hacerlo, eso es un dato político", enfatizó Bernal, quien solicitó a los operadores judiciales "que dejen de lado la prisión como única alternativa. Igualmente, el Estado provincial debe implementar medidas que no se reduzcan a la redistribución de la población en las distintas cárceles, sino planes concretos para reducir la cantidad de personas privadas de libertad, ya que la construcción de nuevas cárceles sólo aumenta el problema y busca justificar políticas cada vez más punitivas", finalizó.

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