Edición Anterior: 26 de Octubre de 2017
Edición impresa // La Ciudad
"Hay que salir de la lógica del punitivismo y de la mano dura como política de seguridad"
Ayer fue presentado en la Facultad de Ciencias Sociales el informe anual de la Comisión provincial por la Memoria. Referentes de diversos ámbitos tomaron parte de la jornada. Relataron la situación de los centros de encierro bonaerenses, planteando severas críticas y profundos debates.
"El sistema de la crueldad", ese el nombre del flamante informe elaborado desde el Comité Provincial por la Memoria y que ayer fue presentado en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría dependiente de la Unicén. Un interesante marco de público acompañó la actividad desarrollada en el inicio de la tarde de ayer y que tuvo como oradores a diferentes actores de diversos ámbitos, no sólo del propio Comité o la casa de estudios anfitriona, sino también operarios judiciales que tienen vínculo directo con las situaciones que se exponen y denuncian en esa obra.

Sin dudas, una de las presencias destacadas fue la de Roberto Cipriano García, secretario del Comité Provincial por la Memoria (CPM) y quien encabezó minutos antes de la presentación del informe una conferencia de prensa ante los medios periodísticos olavarrienses. Lo hizo teniendo en sus manos la edición de ayer en la que se expusieron severas irregularidades y denuncias por torturas en la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica. Esa fue una de las tantas situaciones aludidas en su relato en la que dejó cuestionamientos no sólo al Estado bonaerense, sino también al sistema penitenciario.

"El informe pretende ser un aporte a los poderes del Estado, en aras de que sea una contribución para que esta realidad cambie. Es un informe muy crítico, que da cuenta de graves violaciones a los derechos humanos y pretende ser un aporte para la constitución de políticas que sean implementadas desde una perspectiva de derechos humanos", manifestó en compañía de la secretaria del CPM, Sandra Raggio, y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela Gamberini.

En materia de políticas de seguridad siguió con su análisis y planteó la existencia de una continuidad que se remonta al gobierno de Carlos Ruckauf, en tiempos en los que el CPM daba sus primeros pasos. Afirmó que lo que ellos detectan aún hoy es "una política que tiene que ver con el crecimiento del aparato punitivo, con el recrudecimiento del sistema penal, con el sobreencarcelamiento", añadió.

Cipriano García ahondó sobre este apartado y detalló que las actuales políticas de seguridad "lo que hacen es pensar que la solución pasa por la saturación policial en los territorios y la mayor detención de personas por delitos pequeños". Ello lo enfatizó a medida que daba cuenta de que esos detenidos representan el mayor porcentaje de reclusos, con el dato no menor de que más de la mitad están con prisión preventiva, es decir que aún no fueron condenados por los delitos que se les imputan. "Se ha revertido el principio de inocencia", completó.

"Ninguna lógica"

Los planteos y cuestionamientos hacia el rol del Estado también avanzaron acerca de la políticas sanitarias en los centros de detención bonaerenses. El secretario del CPM se hizo de un dato concreto y expuesto en el informe anual: de las 156 personas que murieron en contextos de encierro, 111 "fueron por enfermedades en que si las personas eran atendidas se podrían haber salvado", enfatizó a medida que daba cuenta de patologías tales como tuberculosis o VIH.

También tomó como ejemplo lo visto en la inspección detallada en la edición impresa de ayer de este Diario. En esa recorrida relató cómo fueron testigos del fallecimiento de un recluso por falta de atención, según afirmó mientras refería que aquella jornada había un solo médico para las sedes carcelarias de Sierra Chica.

"La salud penitenciaria debe depender del Ministerio de Salud, debe articular con las políticas sanitarias para igualar a las personas detenidas con todos los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires. Hoy depende del propio Ministerio de Justicia. La salud penitenciaria depende del Ministerio de Justicia, algo que uno lo piensa y no tiene ninguna lógica, ningún sustento", reprochó.

"Profunda discusión"

En varias ocasiones se dejó en claro que el objetivo del evento no era únicamente la presentación del libro, sino la puesta en marcha de un debate de distintos actores sobre políticas de seguridad, derechos humanos, centros de encierro y otra serie de aristas. Es por ello que el panel también se vio integrado por el defensor general del Departamento Judicial de Azul, Diego Fernández; el titular de la Ayudantía Fiscal en Delitos Carcelarios, Lucas Moyano; y la coordinadora del Programa de Educación en Contextos de Encierro, Analía Umpiérrez.

"Los lugares de detención también tienen que ver con lo que la sociedad decide que sean", planteó Cipriano García como uno de los temas a debatir. "Está de alguna manera pensado para el padecimiento de ciertos sectores de la población, no para la persecución del delito, no para la seguridad, que son falacias que se construyen para justificar esto, que además de ser un sistema muy cruel y que tortura y viola derechos humanos, es un nicho muy importante de corrupción", completó.

Sandra Raggio también tomó la palabra y avanzó sobre diversas líneas, dejando siempre el espacio necesario para el debate. "No hay que dejar de detener para resolver el problema de la sobrepoblación, hay que salir de la lógica del punitivismo y de la mano dura como política de seguridad, que no ha dado resultados", enfatizó.

Siguió los planteos críticos hacia la política de seguridad, a la que no sólo encuadró como "ineficaz", sino también como creadora de una tensión, una suerte de grieta que parece ponerle valor a la vidas según de qué lado de los muros se diriman. "Todas las vidas valen igual, lo que tenemos que tener es un política que privilegie la vida de todos. Cuando tengamos una política de seguridad que privilegie la vida, la defensa de los derechos como un principio básico de la sociedad vamos a tener niveles de violencia menores. Una sociedad más justa y equitativa es una sociedad más segura", subrayó.

"Hay que revertir el concepto de seguridad, que no está ligado con lo represivo y con el ejercicio de la violencia por parte del Estado, sino que tiene que ver con la construcción de una sociedad distinta, que convida de manera diferente", continuó. Inclusive, planteó que lo que se busca no es que se liberen personas y de esa manera evitar la sobrepoblación y la vulneración de derechos, sino que lo que hay que hacer es "en principio preguntarse quiénes están en las cárceles, y si están los que organizan los delitos o los de delitos menores".

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