Edición Anterior: 1 de Diciembre de 2017
Edición impresa // La Ciudad
La llegada de una cadena que podría afectar a las farmacias más pequeñas de las ciudades
"En la Provincia podemos estar ante un grave problema"
Ante la pregunta de cómo están los farmacéuticos actualmente, la respuesta de Alberto Oscar Gómez fue contundente, amplia, profunda y envuelta en una denuncia que realmente hace que no solamente el sector de farmacia, sino también la comunidad en general abra los ojos por lo que se viene, o se podría venir.

"Estamos viviendo un momento complicado por el avasallamiento que se quiere hacer del poder político y económico del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien quiere atropellar la Ley 10.606. Esta ley tiene un espíritu netamente sanitario, es decir que el medicamento sea un bien social y no una mercancía, que la farmacias se distribuyan en toda la Provincia, que siempre haya un farmacéutico identificado como integrante de la sociedad y que sea responsable de la propiedad. Los países más desarrollados del mundo, llámense España, Francia, Alemania, Portugal y Italia, los países escandinavos, tienen modelo sanitario, es decir protegiendo la propiedad de las farmacias, las distancias, la densidad de acuerdo con la cantidad de habitantes, y toman al medicamento como un bien social, no como una mercancía", explicó.

"Hay problemas en Chile, muy serios realmente. Hay tres cadenas importantes que tienen monopolio; tienen causas en la Justicia por cartelización, ya que se pusieron de acuerdo y manejan los precios, por lo que los subieron. Y acá puede pasar algo similar, sobre todo si ocurre lo mismo que en Chile. De hecho, hay una cadena de farmacia que quiere insertarse en la provincia de Buenos Aires que además vende sándwiches de miga, chocolates y café. Se desvirtúa todo y el medicamento pasaría a ser una cosa más que hay para vender. Además, no cumplen con la ley que dice que no puede haber medicamentos al alcance de la mano del paciente, tampoco pueden estar mezclados con alimentos, y ellos no la cumplen. De hecho, tienen una denuncia penal por el pase a archivo de las inspecciones que le constataron las faltas, multas por un valor muy importante también se las pasaron a archivo", dijo Alberto.

"¿Farmacity?, de esa estoy hablando. El tema está en la Corte. Fue presentada una demanda y fue rechazada, en lo Contencioso Administrativo. También fue a la Suprema Corte de Justicia, en un fallo unánime, 7 a 0 se declaró que la ley es constitucional y no tenían que recurrir a la Corte Suprema de la Nación porque las provincias se guardan el derecho de legislar sobre las profesiones. Pero como estaba en el medio este señor Quintana le tomaron el recurso de quejas. Si hubiera sido Gómez o Pérez, no corría. Aparte, había un antecedente muy grave ya que dos jueces de la Corte fueron nombrados por decreto por Macri, y pertenecen al Grupo Farmacity: (Horacio) Rosatti y (Carlos) Rosenkrantz. A este último se lo recusó y se excusa de opinar, y a último momento -que tiene fuertes vínculos con la parte legal de Farmacity- también se tuvo que excusar, por lo que quedan tres miembros, (Ricardo) Lorenzetti, (Elena) Highton de Nolasco y (Juan Carlos) Maqueda, que son los que tienen que fallar y eso puede ocurrir mañana, dentro de dos años, no se sabe. Lo que sí se sabe es que se movió a pasos muy rápidos el expediente teniendo en cuenta cómo es nuestra Justicia", señaló.

Respecto de cómo reaccionó la COFA (Confederación Farmacéutica Argentina), Alberto Gómez manifestó que "está en todos los medios, moviéndose e instalando el tema en la sociedad. La entidad se ha puesto a trabajar mucho e instalar profundamente el tema, ya que acá hay un conflicto de intereses. Es que en el medio está el vicejefe de Gabinete relacionado con Farmacity, para introducir esta empresa. No sólo afectará a la provincia de Buenos Aires, sino también a Santa Fe y Entre Ríos, y en Córdoba ya creó muchos problemas. En la Provincia podemos estar ante un grave problema. No sólo habrá problemas en las farmacias de barrio a las que va a debilitar y arruinar, pero también arruinará a perfumerías, que si bien no van a desaparecer sí tendrán que achicarse muchísimo. Hasta los kioscos se van a ver afectados, ya que ellos venden gaseosas y sándwiches de miga, golosinas y agua mineral, por lo que muchos se verán afectados. Hay una estadística en Capital Federal que dice que por cada Farmacity que abrió cerraron siete farmacias, ya sean de barrio y pequeñas. Es que en Olavarría no van a cerrar siete, pero quizá tres o cuatro, y son fuentes de trabajo que se terminan. Ellos trabajan con menor cantidad de personal. Además, el dinero de las farmacias locales y de los demás negocios locales quedan en Olavarría, y con Farmacity se va a otro lado. El señor Quintana no va a gastar el dinero en Olavarría. Es el Grupo Pegasus, que apareció y luego nació la Ley de Blanqueo, llamativamente. Es muy complejo el tema", afirmó.

"Si a la gente le preguntás si quiere venir Farmacity quizá diga que sí, porque es lindo, grande, novedoso, pero luego va a ir a la farmacia que iba antes y va a pedir que le hagan el descuento porque en ese momento no tiene la receta de PAMI y no se lo van a hacer, ni va a pagar después. En Farmacity eso no se puede hacer, además de que no habrá descuentos porque el Amoxidal cuesta lo mismo en Olavarría, en Buenos Aires o en Carmen de Patagones. Y la farmacia de barrio tampoco lo podrá hacer porque no va a tener recursos. Pasa lo mismo entre los grandes supermercados y el almacén amigo de la esquina. Y el tema es que van por el convenio de PAMI... debe haber en la provincia alrededor de 4.500 personas que atienden por PAMI, y si a ellos luego se les ocurre no atender, habrá más problemas. La gente no ha tomado conciencia todavía de todo eso que se puede venir en el tema medicamentos", terminó diciendo Alberto Gómez.

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