Edición Anterior: 4 de Diciembre de 2017
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También se le ordenó restituir los libros de la entidad a su ex presidente
Una medida cautelar dejó sin efecto la intervención del Municipio a la Sociedad de Fomento Yrigoyen
El fallo fue confirmado por el abogado José Gervasio González Hueso, que patrocina a los dirigentes de la entidad Julio Castañares y Facundo Galanti. El profesional planteó que la sentencia "sienta jurisprudencia" y establece "un límite claro a la discrecionalidad con que viene actuando la Municipalidad".
"Este fallo le pone un límite claro a la discrecionalidad con que viene actuando la Municipalidad en muchísimas sociedades de fomento de Olavarría que, en vez de ejercer una función de contralor que tiene como Municipio, se está metiendo en la vida interna, en los procedimientos internos y en definitiva pretende decidir cuestiones internas de quién está habilitado para votar o no, o si hay que llamar o no a elecciones, como hizo en este caso y en otros más", definió ayer José Gervasio González Hueso, al confirmar un fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Mar del Plata que ordena al Municipio suspender el decreto a través del cual fue intervenida la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen y devolverle los libros de la entidad a la comisión directiva en ejercicio al momento de la intervención a la entidad.

El profesional aclaró que representa a Julio Castañares, ex presidente de la entidad, y a Facundo Galanti, en su calidad de socio y ex candidato a presidente, con quienes se reunirá esta semana para determinar los pasos a seguir. En este contexto, expuso que la medida cautelar había sido desestimada en principio por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial Azul.

"Fue una medida cautelar. Técnicamente, como había un decreto del Intendente disponiendo la intervención, pedíamos la suspensión del decreto en forma cautelar porque en un juicio de fondo habría que esperar dos o tres años hasta que haya una sentencia firme. Esto funciona como un amparo, es una figura parecida", solicitada con el objetivo de que "se devuelvan los libros a Castañares para poder seguir con el resto de los socios, llamar a una nueva asamblea y regularizar la Sociedad de Fomento".

En primera instancia "el juez rechazó el pedido de la cautelar por una cuestión técnica. El juez consideró que el caso era más complejo y no dio lugar. Pero apelamos y la Cámara dijo que claramente que la intervención de la Municipalidad había sido irregular. Entonces dio la cautelar, suspendió el decreto y le ordena a la Municipalidad devolver los libros", subrayó el letrado sobre la medida emitida el 28 de noviembre.

Asimismo, González Hueso reparó en que el Municipio siguió adelante con la intervención y consumó nuevas elecciones en la entidad el 19 de junio de este año. Por ese motivo, advirtió que "hoy ya hay una serie de hechos consumados, entre ellos el llamado a elecciones y está la nueva comisión directiva en funciones, así que veremos, en la semana vamos a tener una reunión con los interesados para saber cuáles son sus intenciones y ver cuál es el camino a seguir porque hay varias posibilidades", destacó.

Alcances

Al analizar los alcances de la medida cautelar aceptada por la Justicia, planteó que "el efecto más importante de este fallo, más allá de la cuestión concreta de esta sociedad de fomento, es que sienta jurisprudencia y le pone un límite muy claro a la Municipalidad en cuanto a que no puede hacer lo que quiere como viene haciendo con muchas instituciones, sociedades de fomento y juntas vecinales", sostuvo González Hueso.

"Esto que hizo en Hipólito Yrigoyen fue totalmente irregular. Los argumentos nuestros fueron varios para justificar que había que suspender el decreto porque era ilegítimo. Uno de los puntos es que creemos que la Municipalidad no puede por sí intervenir y hay una cuestión acá que es inconstitucional porque es una entidad de carácter civil, privada: es como si mañana hubiera algún problema en el club Estudiantes u decidieran intervenirlo, ya que es una facultad de un juez y nunca de una Municipalidad", graficó.

Por otra parte, "también está el artículo 29º de la Ordenanza 344/85, que habilita a intervenir y lo que decimos es que esa facultad es inconstitucional. Los jueces, obviamente que dicen lo mínimo indispensable en cada fallo porque no legislan, sino que juzgan. Entonces qué hicieron, dijeron dónde está la facultad, en el artículo 29º, que dice que puede intervenir siempre y cuando lo pida el 30 por ciento de los asociados con derecho a voto. Segundo, que haya un sumario, un procedimiento previo donde se dé traslado a la parte que se está juzgando, para que se defienda", enumeró.

Otro requisito del citado artículo "es que la intervención solamente puede ser, luego del sumario por 60 días y el interventor deberá salir de una terna designada por la Federación de Sociedades de Fomento. Pero acá la Municipalidad no cumplió con ninguno de estos requisitos porque ya de movida el que inicia el expediente es una persona que dice ser vecina y no socia, y que pide que se llame a elecciones", recordó.

Irregularidades

"La Municipalidad recibe ese pedido en julio o agosto del año 2016 y, primero, no debía haberlo tomado porque no era socio, cuando se requiere al menos el 30 por ciento de los socios. Segundo, no le da ningún traslado a la comisión directiva y sin decirle que estaba ese expediente empiezan a intervenir, siempre de hecho, con palabras, con llamados telefónicos: requieren elecciones; ponen requisitos que no estaban en el Estatuto; les obligan a que acepten que puedan votar los vecinos sin que sean socios, como si alguien mañana fuera a votar a River sin ser socio".

En ese contexto, "el Municipio les exigió eso; cayó un día a la asamblea con la policía, metió gente que no era socia, rompió la asamblea y aprovechó ahí mismo para intervenir la Sociedad de Fomento con una funcionaria cuando en definitiva debería haber habido un decreto previa defensa de la acción de las autoridades y no hubo nada".

En consecuencia, en su fallo "la Cámara dijo que no se cumplió absolutamente con ninguno de esos requisitos, ya que solamente podrá intervenir, sin discutir si es constitucional o no, si hay participación de la entidad que se está juzgando por pedido del 30 por ciento de los socios y dándole traslado a la entidad".

En definitiva, la sentencia conocida la semana pasada "sienta jurisprudencia y deja en claro que el Ejecutivo tiene que respetar, de mínima, los requisitos que establece este artículo y es un fallo de la Cámara que tiene un efecto importante porque si pasado mañana la Municipalidad quiere hacer lo mismo con otra entidad, ahora ya está juzgado y obviamente obtener una cautelar y una nulidad va a ser mucho más fácil".

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