Edición Anterior: 10 de Diciembre de 2017
Edición impresa // La Ciudad
Pide respeto a la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad
Defensor oficial en contra de los escraches al juez Claudio García
Recordó que para el jury, todavía los elementos probatorios son insuficientes para determinar el apartamiento preventivo del juez denunciado.
Daniel Puertas

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El defensor oficial Martín Marselli sostuvo que en el caso del juez de Familia de Olavarría Claudio García, sometido a un jury por el presunto acoso a una empleada judicial, se "está violando la presunción de inocencia" y "el derecho a la intimidad" con los escraches mediáticos y a través de las redes sociales y pidió que "se respete el debido proceso" y "prudencia" hasta que concluyan las investigaciones.

Para el abogado, "aunque parezca una paradoja, hoy los magistrados están indefensos" en situaciones de este tipo y planteó que "aunque se dijo que se postergó la suspensión del juez, en realidad el jury rechazó el pedido de la Asociación Judicial Bonaerense porque todavía los elementos probatorios son insuficientes para tomar esta medida".

El gremio de judiciales viene realizando desde julio una intensa campaña para lograr el apartamiento del juez Claudio García, lo que incluyó movilizaciones callejeras. Para Martín Marselli, "con los carteles pegados en la vía pública con la fotografía del juez se estás afectando gravemente el derecho a la intimidad, es un ataque a la dignidad de la persona. No se pueden difundir así datos sensibles para una persona".

Agregó que "el sindicato cumple un rol esencial en la defensa del trabajador, está bien que presenten denuncias, que aporten pruebas, que pidan medidas" pero "hay cosas que no se pueden hacer".

En su opinión, "el daño que se inflinge a través de las redes sociales es imposible de detener, son miles y miles de mensajes que se replican" y "nadie reflexiona sobre el derecho de los otros".

Agregó que "en esto no se puede discriminar entre un ciudadano y un juez. En cualquier caso no se pueden menoscabar derechos esenciales como se lo está haciendo. Esto me recuerda a la Santa Inquisición, que tanto daño hizo en lo que hoy es Argentina, en toda Latinoamérica".

Explicó que una de las herramientas de la Inquisición era "la difamación pública, el exponer a los acusados a la luz de todos, un sistema perverso muy bien descripto en ‘La gesta del marrano’, el libro del escritor Marcos Aguinis".

Para él "nadie reflexiona sobre el derecho de los otros" y tampoco se piensa "que nadie está libre de estar manejando, hacer una mala maniobra y atropellar a un chico, cometiendo un homicidio culposo. Después sufrirá un escrache y seguramente pensará que es injusto, que cuandolo están escrachando a él está mal porque es inocente pero cuando él escrachó estaba bien".

No concedió demasiado crédito a la tesis de que la lentitud de la Justicia termina alentando este tipo de reclamos, ya que "no voy a decir que la Justicia bonaerense es la más veloz del mundo, pero, y lo digo por mi experiencia, prácticamente no hay juicio penal que dure más de dos años".

Recordó que el fiscal Martín Pizzolo también fue objeto de denuncias públicas, pero finalmente "fue sobreseído y restituido a su cargo" en un jury de enjuiciamiento.

Dijo además que el juez Claudio García ha mostrado "una fortaleza poco común", ya que desde que se inició esta historia "ha ido todos los días a trabajar normalmente" y se ha comportado "con suma prudencia".

Profundizó su tesis sobre "la indefensión de los magistrados" recordando que se han dado casos en que el juez juez sometido al jury "vive en Olavarría, le designan un defensor oficial de Saladillo y el juicio se hace en La Plata. La distancia geográfica entre el juez y su abogado es un menoscabo al derecho a la defensa. Se dice que el magistrado puede designar otro defensor y pagarlo, perro eso no es así. Un juez gana un buen sueldo, pero eso no significa que esté en condiciones económicas de afrontar los gastos de una defensa".

También consideró "alarmante" el uso extendido de la prisión preventiva como "pena anticipada", lo que "viola directamente la Constitución" y ejemplificó con el caso de los Estados Unidos, donde se conceden en la mayoría de los casos las libertades bajo fianza "y todos lo aceptan normalmente, aunque se trate de delitos graves, ya que saben que se están respetando las garantías constitucionales".

En cambio en la Argentina, "el proceso penal se ha ido deformando porque se lo va adaptando a los reclamos de la población. A veces no hay necesidad de Justicia sino de venganza".

Recordó que "hay muchos casos que un acusado llega a juicio después de uno o dos años de estar en prisión y es absuelto. Pero ya ha sufrido daños irreversibles. La resocialización es muchas veces imposible. Ninguna cárcel está preparada para la resocialización de los internos. Antes la cárcel no era un castigo en sí mismo sino el lugar donde el acusado esperaba que se decidiera su destino. Pero esta modalidad de sanción, relativamente nueva ha entrado en crisis".

Profundizó sus reflexiones sobre el tema y dijo que "entiendo que a veces no hay otra solución que el encarcelamiento, el abolicionismo es una ficción, pero hay que ser muy cuidadoso con la decisión de privar a una persona de su libertad. El uso abusivo del encarcelamiento, someter a una persona a condiciones horribles, extremas, conlleva un perjuicio grave para toda la sociedad".

Subrayó además que "la adopción de la perspectiva de género es muy saludable. La mujer tiene derecho a reclamar igualdad salarial, a no ser discriminada, se ha avanzado mucho en ese sentido. Pero en este caso se debe tener la prudencia necesaria hasta que todo sea investigado, hasta que se demuestre si realmente existieron los hechos denunciados".



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