Edición Anterior: 13 de Diciembre de 2017
Edición impresa // La Ciudad
Se prevén aumentos cercanos al 30% desde este mes hasta febrero
Luz: la audiencia transcurrió entre fuertes críticas a los aumentos y pedidos de impugnación
Se realizó ayer en el CCO y duró poco más de dos horas. Hubo diez oradores y cerca de cien asistentes. La audiencia había sido convocada por el Oceba para informar sobre los aumentos en la luz. El encuentro tuvo muchas críticas al "tarifazo" y cuestionamientos sobre cómo se llevan adelante audiencias que son "meramente informativas" sin posibilidad de participación.
Poco más de dos horas fue lo que se extendió la audiencia pública por el servicio de electricidad que convocó el Organismo de Control de Electricidad de Buenos Aires (Oceba) en el Centro de Convenciones de Olavarría, donde contó con diez expositores y cerca de cien asistentes.

El eje central fue "informar, de manera adecuada y veraz, el impacto que tendrá sobre los montos de facturación en las distintas categorías de usuarios del servicio público de energía eléctrica de la Provincia en el ámbito de las áreas de prestación de los distribuidores provinciales y municipales".

La reunión comenzó de manera puntual a las 12 y la apertura estuvo a cargo del titular del Oceba, Jorge Arce, quien hizo hincapié en el objetivo de la audiencia para "dar a conocer el impacto de los nuevos precios" en base a la resolución 419 que se dictó en mayo pasado y que hace foco en una resolución de la Secretaría de Energía (la N° 1091) donde "se dan a conocer los precios, el sendero de la reducción de subsidios, el plan estímulo y la modificación de las tarifas mayoristas para la tarifa social". Arce sostuvo que "todo esto impacta en la resolución 419 y eso es lo que venimos a explicar". Luego, llegó el turno del director de Energía de la Provincia, Alberto Rica.

Durante la audiencia, entre los oradores hubo fuertes críticas al aumento en las tarifas de luz, que se prevén en casi un 30% sin tener en cuenta los impuestos nacionales, provinciales y municipales. De acuerdo al gráfico que se mostró del nuevo cuadro tarifario, la luz aumentará un 19,8% este mes y un 9,5% en febrero, pero sumando los impuestos llegaría al 50%, un porcentaje que el propio presidente del Consejo Administrativo de Coopelectric, Ignacio Aramburu, admitió a principios de este mes.

En la audiencia, además se cuestionó la legalidad de estas audiencias públicas que "tienen carácter meramente informativo" y hasta se pidió la impugnación de este tipo de encuentros.

El segundo en tomar la palabra fue el director de Energía de la Provincia, Alberto Rica, quien habló de aquellos conceptos básicos que componen una tarifa, tales como el costo de abastecimiento que incluye la energía para todo el país, el costo de explotación del transporte nacional y provincial y el costo de expansión de la red.

Dijo que casi 496.000 usuarios acceden a la tarifa social y que en total, entre las cuatro áreas que incluyen las distribuidoras EDEA, EDEN, EDES y EDELAP se llega a un total de 2.510.995 usuarios.

Luego se refirió a cuestiones técnicas, resaltó la reducción de subsidios que sancionó la Nación y de qué manera impacta en la resolución provincial que lleva a los nuevos incrementos de la luz.

Cuestionamientos

De los doce oradores que estaban previstos hubo dos ausentes. En líneas generales, todos coincidieron en que este tipo de audiencias son informativas y que no cumplen con ciertos requisitos que hablan de la participación de los usuarios y del intercambio de ideas respecto de un incremento en la factura de luz. Cuestionaron que los números ya están definidos de antemano y también criticaron que haya falta de información a priori como para poder analizar la cuestión detenidamente antes de la audiencia.

Uno de los más críticos fue Jorge Raúl Ruesga, en representación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, quien tomó la palabra en primer término.

"Siguiendo el lineamiento que esta Defensoría ha planteado en audiencias anteriores, no solo eléctrica sino también del gas, tenemos una visión critica de estos cuadros tarifarios que se vienen implementando. En primer lugar, consideramos que este tipo de audiencias que se vienen desarrollando no reúne los requisitos que estableció la Corte de Justicia de la Nación en el famoso fallo Cepis, donde determinó que tiene que ser deliberativa, participativa, con intercambio de ideas", dijo.

En cambio, "notamos que este tipo de reuniones son de meramente cararcter informativo. Nos da la sensación de que los cuadros tarifarios ya están determinados y esto es una formalidad. No se respeta el fallo. Tampoco se da la información, cuando una de las principales defensas de los consumidores es la información que no fluye para que todos podamos tener conocimiento de lo que se va a discutir".

Ruesga planteó que "el cuadro tarifario está escrito" y alertó que "dejamos constancia de una impugnación a este tipo de audiencias".

También hizo especial hincapié en que la resolución 419 está judicializada y todavía "no tiene fallo firme". Y expuso que "los aumentos en la luz no son razonables ni progresivos (como dice que tiene que ser el caso Cefis) y atenta contra en sentido común.

Además, dejó en claro que "en los últimos años de aumentos no ha habido relación con los incrementos salariales. Cuando la Corte habla de razonabilidad, habla de la relación entre los ingresos de las familias y el costo de los servicios públicos".

Finalmente, apuntó que estos nuevos cuadros tarifarios "atentan sobre la calidad de vida de todos los bonaerenses". Y sostuvo que el incremento "tiene solamente la lógica empresarial. Se ha escuchado a las empresas y no se ha tenido en cuenta la realidad de la sociedad. Tarifas de tarifas de 600 pesos mensuales de electricidad no se condicen para nada con el ingreso de una familia de jubilados por ejemplo. Esto nos lleva a la consideración de que estos costos no son accesibles para todos".

Un golpe al bolsillo

En segundo lugar llegó el turno de Marisa Sánchez, en representación de la Liga de Amas de Casa de Mar del Plata. Habló de la importancia de que los cuadros tarifarios se ajusten a los salarios. Dijo que la realidad social golpea al bolsillo de los usuarios y también puso de relieve que los números "están decididos" desde antes de la audiencia pública. Aclaró también que la luz no es el único aumento en los servicios y pidió que los números "sean razonables".

Desde la OMIC de General Alvarado, Federico Pablo Otamendi concurrió a una audiencia pública por séptima vez. "Y siempre vemos que nos prestamos a una mera escenografía donde el libreto ya fue escrito", criticó con respecto a estos encuentros.

Dijo que ha mermado la participación en las audiencias por esa razón y que eso "les quita legitimidad". En este sentido, consideró que "esta audiencia es ilegítima y que carece de legalidad porque no cumple con lo que se dictó en el fallo Cepis", en sintonía con otros oradores.

En cuanto a las tarifas planteó que se debería implementar "un criterio de gradualidad y razonabilidad como condición". Dijo que "el Estado debe bregar por la accesibilidad a los servicios públicos", y no dejó de pasar por alto que la Resolución 419 "está judicializada".

Mencionó, además, la propuesta legislativa de la ex diputada Liliana Schwindt y del diputado Diego Bossio "en sentido de aplicar que el ajuste no exceda el porcentual de coeficiente salarial", entre otros puntos de la propuesta.

A su turno, Matías Adolfo Italiano, ex concejal de Bahía Blanca, expuso que "estamos viendo un cuadro tarifario que no respeta la legislación vigente, que no respeta lo que dijo la Corte".

Cuestionó que los aumentos "no van de la mano con la posibilidad de pago de los usuarios, sino todo lo contrario, son tarifas impagables".

También se refirió al informa de la UCA (Universidad Católica Argentina" que habla de un 31% de argentinos que son pobres. "En Bahía Blanca, el 46% de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad social".

Desde el Sindicato de Luz y Fuerza, Eduardo Amaya habló de la situación de los trabajadores del sector y la preocupación creciente por "los trabajadores tercerizados".

También plantó que debe haber un equilibrio "entre precios, producto y calidad". Y apuntó que existen dos principios: "accesibilidad y sustentatibilidad. No hay sustentabilidad sin un precio suficiente como tampoco habrá accesibilidad con un precio que el usuario no pueda pagar".

Mayor rigor técnico

Desde la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina, Julia Irena Carruthers cuestionó que el expediente de Oceba no tuviera información respecto de los cuadros tarifarios que se iban a presentar en la audiencia.

Puso el foco en que las tarifas de la Provincia de Buenos Aires son "las más caras del país" y que las tarifas de Argentina son también mayores respecto a otros países.

"Tenemos que buscar que se efectivicen costos eficientes, con mayor rigor técnico en los costos para los usuarios. El Estado tiene muchas herramientas para subsidiar a los usuarios que crea conveniente. Como venimos diciendo, uno de esos elementos son los impuestos. A medida que estas tarifas suben, como los impuestos son porcentuales, entonces la recaudación nacional, provincial y municipal se viene incrementando en forma sostenida, son recursos que también tienen que estar en discusión", planteó.

Desde la Asociación Distribuidora de Energía Eléctrica de Argentina, Claudio Bulacio presentó la Asociación que integra a empresas de los Estados provinciales, privadas y cooperativas que son distribuidoras.

Dijo que la primera de las obligaciones del distribuidor es "atender la demanda eléctrica a través de sus redes y abastecer esa demanda con calidad".

Para eso, "es necesario que cuenten con los recursos adecuados". En esta línea, dijo que "las distribuidoras deben contar con tarifas justas y razonables que permitan ingresos suficientes" y que "los costos deben ser traslados a las tarifas. No hay ninguna actividad económica sustentable si no se reconocen sus verdaderos costos".

Planteó, además, que en la tarifa que paga el usuario final está pagando tres conceptos, "valor agregado y distribución, el costo mayorista de energía, e impuestos nacionales, provinciales y municipales".

Ejemplos

Karina Angélica Pais fue oradora en representación de la Municipalidad de Laprida. Planteó objeciones sobre la validez de la audiencia pública y dijo que "no se cumple con la finalidad de promover la participación de los usuarios con información previa a la que no se tiene acceso".

Dijo que en el nuevo cuadro tarifario "debe prevalecer la justicia, la razonabilidad y la eficiencia". Ejemplificó que en Laprida, "una heladería pagaba 5 mil pesos de luz y ahora, a partir de octubre pagó 8 mil pesos. Una carnicería pagaba 10.100 pesos hoy pagó $23.500 pesos. Y una panadería pasó de pagar $ 6.244 pesos a $15 mil. Esto no resiste el más mínimo análisis".

Los últimos expositores fueron dos usuarios. Eduardo Chantada que habló de la promesa del Gobierno de llegar a la pobreza cero, pero que a cambio "hace un saqueo a los bolsillos de los trabajadores que profundiza claramente la pobreza".

Cuestionó "el impuesto a los sellos, inmobiliario y a las patentes de se trasladan a las facturas de los usuarios" y señaló que con estos aumentos "es hora de que los paguen las empresas".

Dijo, además, que estos tarifazos "van a hacer que las cooperativas, que tienen un rol social, terminen desapareciendo porque la gente no va a poder pagar".

Santiago Carnaghi, docente de Chacabuco, fue el último orador. Y dijo que "sería interesante que cuando hagan el cálculo del valor de los servicios, se tenga en cuenta el aumento a los trabajadores y la situación de los jubilados a los que ahora les va a llegar el ajuste previsional".

Criticó la audiencia diciendo que "venimos a ver algo que ya está cocinado" y apuntó que "no va a haber tarifa social que alcance".

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