Edición Anterior: 17 de Diciembre de 2017
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La destitución del ex juez de Olavarría quedó firme
La Corte Suprema de la Nación decidió que Saladino no fue vulnerado en sus derechos
La pata político judicial del caso Saladino llegó a su punto final. Al menos, dentro de la Justicia argentina. La Corte Suprema con la firma de Lorenzetti, Highton, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz falló en contra de la apelación del abogado César Sivo, que representa al ex juez de Garantías de Olavarría.
Claudia Rafael

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Con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz la Corte Suprema de Justicia sintetiza en cuatro escuetas palabras que "se desestima la queja" interpuesta por el ex juez de Garantías Antonio Saladino, que se consideró vulnerado en su derecho a la defensa. En territorio nacional, al menos, ya no hay más instancias. Se llegó al máximo organismo regulador de la Justicia en una apelación que cuestionó los procedimientos utilizados en las instancias políticas para destituir al ex magistrado. Una destitución que se remonta a julio de 2012. Aunque la suspensión se concretó casi ocho años atrás.

Para el máximo organismo de Justicia del país no hay razones para pensar que Saladino no tuvo oportunidad real y garantizada de defenderse. Y plantea directamente que "no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el magistrado denunciado pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados". Y aclara que, para los ministros de la Corte "su conducta como magistrado fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable, y fue destituido -con sustento en los mismos hechos- por el órgano en cuyas manos la Constitución de la Provincia de Buenos Aires puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución". En castellano comprensible a los comunes mortales: la decisión fue tomada por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense.

Pero esa fue apenas la decisión original. Porque César Sivo, el penalista que representó legalmente a Saladino, apeló primero ante la Suprema Corte bonaerense y ante la negativa, decidió ir más arriba en la pirámide judicial y llegó a la Corte. Organismo que escribió en el fallo del "Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Saladino, Antonio Cayetano sobre recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" que ya "el superior tribunal provincial dio respuesta fundada a los planteos considerados, mediante desarrollos argumentativos que la sostienen suficientemente como acto judicial válido".

Y, en definitiva, el organismo argumenta que como Saladino, a través de su representación legal, no pudo probar que se transgredieron reglas procesales, "no hay materia judicial que habilite la intervención de la Corte".

Los caminos de juzgamiento del ex juez de Garantías siguieron dos vías. La del enjuiciamiento político por su rol de magistrado, para el que está previsto un tribunal específico, y la de la causa penal. En esta última, Saladino fue sobreseido hace nueve meses por la jueza marplatense Lucrecia Bustos que consideró que el caso llevado adelante por los fiscales de Delitos Económicos Complejos, David Bruna y Javier Pizzo, carecía de sustento y tenía contradicciones. Pero el enjuiciamiento político era –como planteó en diversas ocasiones esta periodista- una crónica con final más que anunciado. Apreciación que no califica a Saladino como culpable o inocente. Pero sí advierte que fuera una cosa o la otra, el sistema jurídico y político necesitaba bajar su pulgar. Y así lo hizo. Porque el riesgo de salpicaduras era de gran peso.

Ahora, al menos en lo que hace a la destitución, es un camino que no tiene retorno. Lo firmaron cinco ministros de la Corte. Palabra santa.

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