Edición Anterior: 7 de Enero de 2018
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Mariana Catanzaro representó a la APDH en la lucha de madres salteñas contra la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas
Una olavarriense incidió en un fallo de la Corte Suprema en el rol de amicus curiae
Para la abogada local Mariana Catanzaro, el 2017 tuvo gran peso. Logró antes del fin de diciembre, como representante de la APDH, que la Corte Suprema fallara contra la obligatoriedad de la enseñanza católica en las escuelas de Salta. Y está llevando la voz del organismo al juicio por Monte Pelloni II.
Claudia Rafael

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El 2017 culminó para la abogada olavarriense Mariana Catanzaro con la mirada desdoblada. Por un lado, el juicio por Monte Pelloni II, en donde representa a la APDH y por otro, en la Corte Suprema de Justicia de Nación, en donde, desde el mismo organismo y como amicus curiae reclamó que se dictaminara la inconstitucionalidad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de la provincia de Salta. Y lo logró. La instancia Monte Pelloni tiene aún largo tiempo por delante. En tanto, la CSJ declaró que no puede dictarse educación religiosa en horario escolar y como parte del plan de estudios en las escuelas públicas de esa provincia. Para Catanzaro es, indudablemente, un gran logro en el ejercicio del derecho desde una perspectiva equitativa y humanitaria.

"Lo que dice la Corte es que Argentina no tiene una religión oficial. Ya lo había dicho antes en otros fallos. De todos modos, que el artículo 2 de la constitución sostenga el culto católico, apostólico romano significa que sólo lo sostiene económicamente y nada más. Argentina es un estado neutro en materia religiosa", analizó Catanzaro en diálogo con EL POPULAR.

La abogada local advierte que "la provincia de Salta puede reconocer el derecho de los padres a elegir la instrucción religiosa o moral de sus hijos. Esto nadie lo discute puesto que además, los tratados internacionales de derechos humanos lo establecen. Lo que los tratados internacionales no dicen es que la instrucción religiosa deba ser en las escuelas. Y la Corte Suprema falló que puede dictarse en las escuelas pero lo que básicamente cuestiona es el modo en que esta materia se ha dictado".

Toda la movida arrancó hace casi seis años en la justicia de la provincia de Salta. Fue entonces que un grupo de madres de escuelas públicas y la Asociación por los Derechos Civiles pidieron que se declararan inconstitucionales algunos artículos de la legislación de la provincia gobernada por el ultracatólico Juan Manuel Urtubey. Parte de esa legislación planteaba que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban dentro de la educación pública la instrucción religiosa que coincida con sus convicciones. Esa norma tenía cuatro años de antigüedad para ese entonces.

Tras atravesar todas las instancias jurídicas anteriores, el debate llegó a la Corte Suprema y con él apareció en escena la olavarriense. Elegida, además, por la APDH para representarla, por sus antecedentes académicos en materia de derechos humanos.

La médula del debate tiene que ver con la obligatoriedad. Es decir, la Corte no está impidiendo con su fallo (con el voto mayoritario de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) que la materia religión se dicte en la escuela. Sí impide que se la haga y "la necesidad de su graduación y la obtención de una calificación que incida sobre el promedio general del educando" (sic fallo).

Por lo tanto –afirmó Catanzaro- "no se puede obligar a los alumnos a recibir una instrucción en contra de las creencias religiosas ni se puede discriminar. Y la Corte aclara además, que no se puede obligar a las familias a decir cuál es la preferencia religiosa que tienen. Tengamos en cuenta que la ley provincial establecía que los padres debían decir cuál era la instrucción religiosa que querían que sus hijos tengan. Esto también es inconstitucional".

La durísima puja social en la que la iglesia católica sigue teniendo enorme peso en aspectos relativos al estado y continúa interfiriendo en temáticas profundamente filosóficas y decisiones individuales, tal el derecho al aborto gratuito, seguro y público, se sostiene en ocasiones en lo relativo a la educación. Como en el caso de Salta.

Y hay una perspectiva pocas veces tenida en cuenta. Que es la discriminación que se termina ejerciendo hacia vastos sectores de la sociedad. Para Mariana Catanzaro, "otro dato importante es que la Corte ha dicho que no importa si el texto de la ley no discrimina. Si uno toma la norma de la provincia de Salta no pareciera que esté discriminando. Pero lo que la Corte impuso es que por más que el texto de la ley no discrimine, lo que importa es igualdad real y material. Los hechos fueron descriptos y constan en todo el expediente. En las audiencias surgió que sí existió esa discriminación. Por lo tanto, si la ley de educación es neutral pero en su implementación discrimina, entonces declara inconstitucional la norma. Porque su implementación implica discriminación".

De todos modos, esto no significa que esté prohibida la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Y ahí, la olavarriense advierte que "se puede dictar religión de dos maneras. La instrucción religiosa puede tener lugar fuera de los planes de estudio y fuera del horario escolar. Con esto se está volviendo al texto de la 1420, que fue la ley de educación nacional, obligatoria y laica. Es decir, fuera de los horarios escolares sí estaba previsto que se dicte religión. Y la otra manera de impartir contenidos religiosos es mediante una materia que se llame filosofía o historia de las religiones o del fenómeno religioso pero se tiene que impartir de manera objetiva e imparcial".

El tema que nunca termina de dirimirse –y en eso la Corte omitió expedirse- es cómo se sustenta esa enseñanza religiosa desde lo económico. "El fallo no contesta quién va a pagar esa instrucción fuera del horario escolar o con esta materia hipotética que podría surgir, en la que se impartan contenidos objetivos y de modo neutral. Desde mi perspectiva, corresponde que esto lo afronte cada una de las confesiones que quieran usar ese horario fuera de la currícula escolar para impartir esas generalidades sobre los contenidos de cada credo. O, en todo caso, el padre que así lo solicite. Pero esto es un vacío por parte del fallo. No está especificado".

Si bien el fallo de la Corte evita la obligatoriedad deja abiertas las puertas para la educación católica optativa desde instituciones del Estado. Aunque existan escuelas privadas que lo hagan de hecho. De todos modos, sigue siendo un paso adelante porque minimiza un aspecto fundamental, que es el de la obligatoriedad y la discriminación hacia niños de familias agnósticas, ateas o de otras confesiones.

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