Edición Anterior: 26 de Febrero de 2018
Edición impresa // La Ciudad
Finalmente, parece que la Provincia tendrá Policía Judicial
Llega la hora de los detectives
Daniel Puertas

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Con 24 años de demora, desde el Ejecutivo aseguran que en 2018 la provincia de Buenos Aires contará con una Policía Judicial, tal como se establece en la Constitución bonaerense desde 1994. La administración de Daniel Scioli no logró implementarla, a pesar de que se la creó por ley en 2012 después de varios meses de debates en todos los departamentos judiciales y con el aporte de infinidad de personas.

El llamado Cuerpo de Investigadores Judiciales –no se la llamó Policía Judicial porque en la discusión pública se acordó que el nombre de "policía" tenía resonancias negativas- no logró ponerse en marcha a pesar de que ya estaban designadas las autoridades.

Cincuenta y un funcionarios designados por concurso se quedaron colgados del pincel el 10 de diciembre del año pasado, cuando la Legislatura sancionó la ley 15005, que creó la ahora sí denominada Policía Judicial y derogó la 14.424.

La gobernadora María Eugenia Vidal promulgó la norma, elaborada por el diputado massista Ramiro Gutiérrez, un mes después y ahora se asegura que el nuevo cuerpo comenzará a dar sus primeros pasos el próximo mes y estará completamente en marcha el año que viene.

La Policía Judicial dependerá de la Procuración y crea la función del "detective en función judicial", encargados de "practicar todos los actos de investigaciones que les ordenen los representantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con las normas procesales penales y la reglamentación vigentes, ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones que a ese fin les impartan sus superiores. En caso de urgencia podrán adoptar las medidas necesarias para asegurar la investigación, con arreglo a las leyes y reglamentación vigentes".

También "controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y garantías de las personas imputadas y de toda otra persona involucrada en la investigación, debiendo informar de inmediato a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de toda violación a esas disposiciones de las que tenga conocimiento".

Si alguien se imagina que los detectives bonaerenses serán como los detectives norteamericanos de la ficción deben saber que hay una diferencia fundamental: la ley que crea el cuerpo dice que "la Policía Judicial no portará armas de fuego".

El artículo 9 de la ley establece que los requisitos para integrar la Policía Judicial son "ser mayor de edad a la fecha de su incorporación y poseer título secundario; contar con capacitación especializada y/o superior en la materia; aprobar el curso de capacitación que se establezca a tal efecto; no registrar condena ni estar procesado por violaciones a los derechos humanos,ni por delitos dolosos o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

También "no encontrarse afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos y no haber sido sancionados/as con exoneración o cesantía en cualquier cargo público; no haber sido inhabilitado por infracciones a la Ley 12.997 de prestadores de Servicios de Seguridad Privada; ejercer o haber ejercido otras actividades que pudieran afectar o poner en riesgo la independencia o el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la presente ley".

Para acceder a cargos directivos, "el director general, los subdirectores y los coordinadores regionales, además de los requisitos establecidos en el artículo 9, deben contar con título de grado universitario y con especialización certificada acorde al cargo".

El organismo estará dividido en una Subdirección de Investigación Judiciales y otra Técnico Científica, la que ya comenzará a integrarse con efectivos de la actual Policía Científica.

Más allá de la comparación con el abortado Cuerpo de Investigadores Judiciales, lo cierto es que si se cumplen las expectativas oficiales y la Policía Judicial realmente se pone en marcha se habrá dado un gran paso en materia de investigación criminal, además de quitarle a la Policía Bonaerense una porción para nada despreciable de poder.

Actualmente el Ministerio Público Fiscal depende completamente de la Bonaerense para la investigación de todos los delitos, complejos, de gran repercusión pública o simples raterías.

Es que en la práctica los fiscales, más allá de sus buenas intenciones, carecen del tiempo material para dirigir la enorme cantidad de investigaciones que caen en sus manos.

Ahora al menos la Policía Judicial se encargará de las causas más importantes y, al menos en teoría, con saberes mucho más amplios de los que tienen los efectivos policiales en materia de ciencia forense. Es decir, se avanzaría mucho en el paso de la policía equívoca a la policía científica. Esa es una división que se hace en criminología entre las policías primitivas, donde los roles entre policías y ladrones eran fácilmente intercambiables y en la que el confidente o buchón era esencial en las investigaciones, y las policías que se basan en la ciencia para llevar a buen puerto sus tareas.

En el texto de la ley se señala que "l Policía Judicial es una institución civil técnicocientífica, organizada jerárquicamente, que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales".

También que "se organizará sobre la base de los principios de organización jerárquica, especialización y descentralización. Deberá guardar reserva de las investigaciones que lleve a cabo".

Podrá requerir la intervención de otras fuerzas de seguridad "si hubiere peligro para sus integrantes o terceros", pero sin que eso signifique "la delegación de la tarea de investigación".

Además se indica que "la Policía Judicial adecuará sus actos a un criterio objetivo, por lo que el ocultamiento o manipulación de los elementos de prueba, favorables o no, a quien resulte investigado será considerado falta grave cuando no implique la directa comisión de un delito. Así también se deberá evitar todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de cualquier otra índole".

Los fiscales bonaerenses esperan con ansiedad que esta vez se cumplan las promesas oficiales. En poco tiempo más se verá si eso es posible.

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