Edición Anterior: 11 de Marzo de 2018
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Los fundamentos para entender la negativa a la detención de los productores del recital del Indio
EL POPULAR tuvo acceso a la resolución emitida en las últimas horas por el juez de Garantías Carlos Villamarín, quien descartó los fundamentos de la Fiscalía. El doctor David Carballo no sólo había requerido las capturas, sino que además se allanaran los domicilios de los productores.
Ignacio Cerdera
@nachocerdera
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"Incongruencia". Esa palabra, entre tantas otras, puede servir para resumir a grandes rasgos los fundamentos vertidos por el juez de Garantías Carlos Villamarín para rechazar el pedido de detención de los hermanos Peuscovich, además de un empleado de la productora del recital del Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que se realizó hace exactamente un año en nuestra ciudad. Esa medida había sido requerida por el fiscal de la causa, el doctor David Carballo, quien ya apeló la negativa y buscará revertirla en una segunda instancia.

"Solamente". Si se va al análisis minucioso del escrito al que tuvo acceso EL POPULAR esa palabra tampoco puede pasar inadvertida. Aparece en el apartado donde inicia la respuesta del titular del Juzgado de Garantías Nº 2 ante el planteo realizado por el titular de la fiscalía de Delitos Complejos, quien solicitó la detención e inclusive que se allanen las propiedades de las tres personas que ubicó como "organizadores" del recital que se llevó a cabo en el predio La Colmena.

Si bien no se profundiza en la continuidad del escrito, podría entenderse como una suerte de subliminal, un planteo acerca de por qué esos tres individuos y no otros, o por qué no otros más. "Pasados nueve meses del hecho (…) el fiscal interviniente resuelve por decreto convocar solamente a los imputados Matías Peuscovich, Marcos Peuscovich y Gustavo Zurita a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal", en alusión al llamado a indagatoria que se concretó a inicios del presente mes.

El planteo

Los argumentos vertidos por el doctor David Carballo se constituyen en la existencia, según su óptica, de peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Para fundar esa posicionamiento utiliza dos fundamentos centrales. El tenor de la acusación, que contempla extensas penas de prisión, y los medios económicos con los que cuentan los acusados, primordialmente los hermanos tandilenses, los cuales les facilitarían -en caso de proponérselo- abandonar el país o llevar adelante otra serie de medidas o influencias.

"En caso de recaer sentencia condenatoria, la misma resultaría de efectivo cumplimiento", puede leerse en torno al primero de los postulados referidos líneas más arriba. Vale destacar que la acusación más gravosa, de las dos que fueron dispuestas desde la fiscalía de Delitos Complejos, es la de "estrago con dolo eventual agravado por haber causado la muerte de dos personas y por haber puesto en peligro de muerte a otra". Esto es no menor ya que esa figura delictiva, pese a en la imputación haber agregado otra pero en términos culposos, es la que única que se utilizó al momento de pedir la detención, un punto que luego también sería refutado por el juez Carlos Villamarín.

No obstante, siguiendo siempre con el planteo de fiscalía, se argumentó además que "la gravedad de la pena en expectativa permite presumir razonablemente, que el nombrado en libertad intentarán eludir la acción de la justicia". Para dar aún mayor entidad al posicionamiento se citan otros fallos a modo de jurisprudencia, inclusive se toma un extracto de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se proclama en similares términos.

Sobre el segundo de los argumentos puede leerse que los acusados cuentan con "medios y facilidades ya sea para abandonar el país o permanecer ocultos, como así también para influir para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente".

La respuesta

"El fiscal interviniente solicita la medida de detención por el delito más grave imputado en su oportunidad, sin dar razones por las cuáles despejó sus dudas de alternatividad y menos aún evacuar las citas que su deber de objetividad le imponía", puede leerse en uno de los tantos cuestionamientos del doctor Carlos Villamarín en su negativa al pedido de detención.

La "incongruencia" mencionada es con respecto al presunto peligro de fuga y lo fundamenta en que los acusados fueron notificados a inicios de año que debían presentarse el 1 de marzo a prestar declaración indagatoria. El dato no menor es que en esa citación ya se les advertía que serían imputados por la figura delictiva ya aludida.

Es por ello que el juez Villamarín pone el acento en que, pese a ello, los tres acusados concurrieron dos meses después a declarar. "Resulta incongruente el razonamiento fiscal, que si en la objetividad que es propia de su ministerio, la pena en expectativa o las facilidades de los encausados de abandonar el país se encontraban presentes, hubiera solicitado la detención previo a comunicarles la decisión de imputarlos por el delito que ahora sostiene, ya que al haber actuado a la inversa, él mismo fue con su conducta, quién pudo haberles facilitado la huida con aproximadamente dos meses de anticipación, extremo que no sucedió porque los imputados comparecieron a la audiencia".

Por otra parte, también detalló que "un alto monto de pena en expectativa no constituye una limitación psicológica al actuar humano que autorice a fundar una presunción de fuga". Con todo ello concluyó que "no surgen motivos serios y ajustados a derecho por los cuales correspondería ordenar la detención de los imputados, ya que no encuentro mérito para valorar la existencia de peligro procesal alguno".

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