Edición Anterior: 1 de Abril de 2018
Edición impresa // La Ciudad
Alrededor de 20 instituciones difundieron un duro comunicado hacia la actual comisión directiva
Un grupo de entidades reitera el pedido al Municipio para que intervenga la Federación
Plantean la virtual acefalía de la institución, dado que no habrían sido asentados los cargos en el Libro de Actas. Apelaron el rechazo de intervención del Municipio y el miércoles próximo harán una presentación colectiva ante la Defensoría del Pueblo provincial.
En uno de los apartados del documento suscripto por unas 20 entidades barriales de la ciudad se analiza la solicitud efectuada al Municipio para mediar en el conflicto "el 26 de marzo desde la Junta Vecinal Sarmiento Norte se presentó un pedido al Departamento de Legal y Técnica del Municipio para interceder respecto de las anormalidades graves que existían en la comisión directiva de Federación".

Esa solicitud plantea al Municipio, que "se actúe conforme a derecho y nos brinde las herramientas legales que garanticen el cumplimiento de las normas del Estatuto de Federación, solicitando una asamblea extraordinaria a los efectos de labrar el acta constitutiva de cargos que establece el artículo 12º de dicho Estatuto", que se encontraría "de acuerdo con el objeto normativo de la Ordenanza 344/85 artículo 23°, donde se establece que ‘se podrá llamar a asamblea extraordinaria a solicitud de la Municipalidad por causas graves que afecten al funcionamiento y organización de la entidad, que hicieran indispensable esta medida’ ".

Esa presentación sería rechazada al día siguiente en forma oficial, en un escueto documento donde se señaló que "esta asesoría letrada brinda asesoramiento a las dependencias de la administración, excediendo su competencia el marco que rige a las asociaciones civiles". De ese modo, se instó a los miembros de la Junta Vecinal que "por su intermedio haga saber a los presentantes que, conforme a la situación descripta, deberán atenerse a las previsiones estatutarias a los fines de conducir su proceder".

La respuesta no satisfizo a los fomentistas, quienes apelaron la medida y rechazaron "por improcedente y carente de contenidos en sus fundamentos la respuesta emitida en razón de nuestra solicitud". Por ese motivo, exponen que "ese Departamento parece ignorar la existencia del decreto N° 192/81, derogado por la Ordenanza 1099/90, que comprende a las llamadas entidades de bien público declaradas por la Municipalidad de Olavarría; la Ordenanza 1099/90 con base legal en el artículo 28 inc. 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias, Ordenanza 344/85 y sistema normativo", enumeran.

En definitiva, manifiestan que "insistimos ante situaciones graves denunciadas por integrantes de las entidades, que afectan al funcionamiento y organización, carentes de garantías para su funcionamiento, y en consecuencia al ser la Federación una entidad de bien público, inscripta en el Registro Municipal bajo el número 132/94, el Municipio es responsable de las consecuencias que surjan ante la omisión por no ajustarse a la normativa vigente de esta reglamentación, siendo también responsable civil sobre las consecuencias que ameriten" y se cita el caso judicial de "Fernández Roberto Daniel c/ Municipalidad de General Lamadrid".


_NOTA

Los coletazos por las desavenencias entre dos sectores del fomentismo local mantienen en vilo a las instituciones nucleadas en la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría y ayer sumaron un nuevo capítulo que podría acarrear nuevas secuelas para la actual comisión directiva, al difundirse un duro documento dirigido a los vecinos de la ciudad suscripto por al menos 19 entidades locales, con graves acusaciones hacia los dirigentes integrados en ese cuerpo y por elevación al Municipio local, al haber rechazado una solicitud de intervención para normalizar la situación.

Las instituciones firmantes del comunicado dieron a conocer la inmediata apelación a la medida dictada desde el Municipio y adelantaron que este miércoles efectuarán un "reclamo colectivo" ante la sede local de la Defensoría del Pueblo provincial con el mismo objetivo.

Entre las imputaciones apuntadas en el extenso comunicado, se subraya la virtual acefalía de la entidad debido a que la comisión directiva no habría sido constituida en "los 10 días previos a las elecciones" del año pasado y, por las disputas entre sus miembros, tampoco se habrían asentado "los cargos en el Libro de Actas", como lo establecería el Estatuto de la Federación.

El disparador de los desencuentros fue el rechazo a la participación de Laura Sequeira, directora de Relaciones con la Comunidad local, en la primera reunión de la entidad, con pedido de disculpas público por una parte de la CD y la demanda de sanciones hacia Martín Roldán, actual vicepresidente de la entidad, que finalmente no se sustanciaría a partir de una cuestionada votación, donde incluso habría intervenido el propio Roldán.

Al respecto, aseguran que "cuatro vocales votaron a favor de la sanción, cuatro votaron en contra y el presidente Jorge Salías, por su condición de presidente, haciendo valer su voto doble, optó por no sancionar al acusado, y violó el principio de imparcialidad, aceptando y permitiendo votar al propio acusado".

En el texto se asegura que el "acta de designación de cargos nunca se formalizó. A raíz de los agravios, avasallamientos y falta de respeto que existían en cada reunión, siempre se terminó en discusiones". Así, consideran que la CD "está acéfala" y pretenden la convocatoria a "asamblea extraordinaria" para "votar los cargos a mano alzada, como profesa el Estatuto y ser volcado al Libro de Actas con las firmas estampadas de quienes aceptan, tanto su propio cargo como el de los compañeros".

Destacan también que existirían "una serie irregularidades manifiestas, cuando tres vocales de la nueva comisión directiva, junto al presidente de la entidad comienzan a tomar decisiones inconsultas, tanto con el resto de los miembros de la CD con los delegados de las entidades federadas".

Sobre la última reunión, se acusa a "uno de los vocales" de usurpar "el cargo de secretario y a leer un acta, constituida en privado, para suplantar los cargos que habían presentado su renuncia, acto totalmente irregular, ya que al no existir cargos es imposible suplantarlos. De mayor gravedad es cobrar una cuota cuando no existe el cargo de tesorero". Asimismo, "un porcentaje de delegados que superaba el 10% de los socios solicitó una asamblea extraordinaria de acuerdo al artículo 32º del Estatuto de Federación", pedido ignorado "por el presidente y los 4 vocales sentados a su lado".

Firman el documento las entidades que representan a vecinos de los barrios Trabajadores, Sarmiento Norte, 10 de Junio, Escuela 6, Facundo Quiroga 2, Pikelado, El Progreso, Luz y Fuerza, 4 de Octubre, San Lorenzo, Roca Merlo, Alberdi, Provincias Argentinas, CECO, 12 de Octubre, Hipólito Yrigoyen, Tiro Federal, Sociedad de Fomento El Maestro Argentino y Sociedad de Fomento Amoroso.


La disputa

En el documento dado a conocer ayer por alrededor de 20 instituciones, se plantea que "la gota que rebasó el vaso" y marcaría un quiebre entre los dirigentes fue la situación vivida durante la "primera reunión de delegados, en la Sociedad de Fomento Dámaso Arce, el 29 de enero", cuando fue rechazada la presencia de Laura Sequeira, directora de Relaciones con la Comunidad, "quien fue invitada por el vicepresidente (Oscar López) y 8 delegados de la nueva comisión".

En ese contexto, "uno de los vocales, Martín Roldan, en una actitud grosera, abusiva y a nuestro entender ejerciendo violencia de género, echó literalmente a la funcionaria, quien cumplía con su labor y muy lejos de perjudicar a ninguno de los presentes, se manifestó dando la bienvenida a la nueva comisión y poniéndose a disposición para lo que pudiera ser útil".

Un agravante para los fomentistas en disidencia con la actual comisión directiva de la Federación es que "en la reunión posterior el señor Roldán tuvo la posibilidad de deponer la actitud hostil que ejerció contra la señora Sequeira". Sin embargo, "Roldán manifestó, que pedía disculpas solo a la mujer, pero ‘no’ a la funcionaria, muestra clara del no arrepentimiento de sus actos".

Sobre la polémica generada por el incidente, manifiestan que "llama poderosamente la atención" la reacción de "10 de los integrantes de la nueva comisión", quienes redactaron y difundieron "un pedido de disculpas a Sequeira", lo cual representaría implícitamente el reconocimiento de "la agresión recibida por la funcionaria".


La solicitud de intervención al Municipio

En uno de los apartados del documento suscripto por unas 20 entidades barriales de la ciudad se analiza la solicitud efectuada al Municipio para mediar en el conflicto "el 26 de marzo desde la Junta Vecinal Sarmiento Norte se presentó un pedido al Departamento de Legal y Técnica del Municipio para interceder respecto de las anormalidades graves que existían en la comisión directiva de Federación".

Esa solicitud plantea al Municipio, que "se actúe conforme a derecho y nos brinde las herramientas legales que garanticen el cumplimiento de las normas del Estatuto de Federación, solicitando una asamblea extraordinaria a los efectos de labrar el acta constitutiva de cargos que establece el artículo 12º de dicho Estatuto", que se encontraría "de acuerdo con el objeto normativo de la Ordenanza 344/85 artículo 23°, donde se establece que ‘se podrá llamar a asamblea extraordinaria a solicitud de la Municipalidad por causas graves que afecten al funcionamiento y organización de la entidad, que hicieran indispensable esta medida’ ".

Esa presentación sería rechazada al día siguiente en forma oficial, en un escueto documento donde se señaló que "esta asesoría letrada brinda asesoramiento a las dependencias de la administración, excediendo su competencia el marco que rige a las asociaciones civiles". De ese modo, se instó a los miembros de la Junta Vecinal que "por su intermedio haga saber a los presentantes que, conforme a la situación descripta, deberán atenerse a las previsiones estatutarias a los fines de conducir su proceder".

La respuesta no satisfizo a los fomentistas, quienes apelaron la medida y rechazaron "por improcedente y carente de contenidos en sus fundamentos la respuesta emitida en razón de nuestra solicitud". Por ese motivo, exponen que "ese Departamento parece ignorar la existencia del decreto N° 192/81, derogado por la Ordenanza 1099/90, que comprende a las llamadas entidades de bien público declaradas por la Municipalidad de Olavarría; la Ordenanza 1099/90 con base legal en el artículo 28 inc. 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias, Ordenanza 344/85 y sistema normativo", enumeran.

En definitiva, manifiestan que "insistimos ante situaciones graves denunciadas por integrantes de las entidades, que afectan al funcionamiento y organización, carentes de garantías para su funcionamiento, y en consecuencia al ser la Federación una entidad de bien público, inscripta en el Registro Municipal bajo el número 132/94, el Municipio es responsable de las consecuencias que surjan ante la omisión por no ajustarse a la normativa vigente de esta reglamentación, siendo también responsable civil sobre las consecuencias que ameriten" y se cita el caso judicial de "Fernández Roberto Daniel c/ Municipalidad de General Lamadrid".

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