Edición Anterior: 16 de Mayo de 2018
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Abogados "preocupados" por la eventual reforma de la Ley de Procedimiento Laboral
Los profesionales nucleados en la Asociación de Abogados de Olavarría manifestaron su "profunda preocupación" respecto del proyecto de reforma de la Ley de Procedimiento Laboral bonaerense, en trámite parlamentario en el Senado bonaerense, "por los efectos nocivos que la misma traerá aparejada de ser sancionada para los derechos de los trabajadores y para el fuero laboral todo".

En una nota que firma el abogado Juan Carlos Acosta en su carácter de coordinador de la subcomisión de Derecho Laboral de la institución, "se pone de manifiesto en especial la profunda contradicción que existe entre los objetivos promocionados de la reforma, difundida con bombos y platillos como la mejor herramienta para acelerar los procesos judiciales, con una realidad que indica que en el modo de implementación propuesto, esta implicará un generalizado retardo en la duración de los juicios con claro perjuicio para los intereses de los trabajadores que litigan en dicha instancia, que resultarán afectados en su derecho de acceso a una justicia especializada, rápida y eficaz".

"Hacemos saber además -aseguran a continuación- que no nos consideramos partícipes del acompañamiento dado a dicho proyecto por el Colegio de Abogados Bonaerense (Colproba), autor de gran parte de la iniciativa por intermedio de una comisión creada a ese efecto, pues más allá de la buena predisposición o voluntad de los miembros que trabajaran en ella, y de los consensos que se pueda tener en alguno de los aspectos abordados, resulta claro que los agregados del Ejecutivo en relación a su puesta en práctica, significarán sin dudas el colapso del fuero, pues se pergeña una reforma sin acompañar su implementación de recursos presupuestarios imprescindibles para su puesta en práctica con posibilidades de éxito, resultando inexplicable al sentido común de quienes trabajamos en el ámbito laboral el acelerado tratamiento que se le está dando al proyecto de ley, y la falta de un pronunciamiento de nuestra entidad representativa respecto de ese inevitable riesgo".

En el párrafo siguiente, refieren que "la iniciativa implica, a partir del contenido propuesto al art. 100 del anteproyecto que consagra una instancia de apelación ante las Cámaras Civiles Departamentales, entrar desde la colegiatura en clara contradicción con pronunciamientos de la entidad relacionados con la materia laboral, en especial respecto a la implementación y contenidos de la Ley de Riesgos del Trabajo, y la indiscutible postura del Colegio de Abogados Bonaerense respecto a la necesaria existencia de tribunales judiciales especializados (art. 39 inc. 1 C. Pcial., art. 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador), circunstancia que resulta claramente avasallada al adjudicar a jueces civiles la facultad de resolver en grado de apelación los distintos litigios laborales, circunstancia que no resulta enervada por el carácter temporario que se le endilga al cuestionado artículo".

"Exhortamos por ello a nuestro Colegio Departamental a manifestarse sobre el tema, así como a que haga saber de nuestras preocupaciones al organismo rector de la matrícula (Colproba), solicitándole se arbitren los medios para evitar un pronunciamiento express de nuestra legislatura bonaerense, dejando claramente expuesta nuestra postura respecto a que propiciamos la generación de un espacio de debate con participación de todos los actores sociales y judiciales", argumentan luego, para añadir que "no admitimos que bajo el falaz argumento de la celeridad se les imponga a los trabajadores nuevos obstáculos al acceso a la justicia, como tampoco compartimos la inocente idea que la sola eliminación de los Tribunales del Trabajo y su conversión en Juzgados Unipersonales pueda obrar como un bálsamo para las dificultades del fuero".

Finalmente, advierten "dicho proyecto, de ser aprobado en los términos propuestos, significará más allá de la retórica discursiva un profundo retroceso en la materia, con una segura prolongación de la duración de los procesos y un grave detrimento en la labor de los abogados laboralistas y los funcionarios del foro, y principalmente implicará una nueva afección a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, como sujetos de preferente tutela constitucional".

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