Edición Anterior: 16 de Mayo de 2018
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Dos agentes penitenciarios se encuentran imputados por varios delitos
La causa por irregularidades en la Unidad 2 tendrá su juicio en el Correccional de Tandil
Será en el Juzgado del doctor Carlos Alberto Pocorena. La fecha de audiencias aún no fue establecida, ya que por estos días aún corre el plazo de ofrecimiento de prueba para cada una de las partes. Un fiscal azuleño encabezará la querella.
La instancia de debate de la causa judicial por distintas irregularidades en la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica tendrá como escenario un juzgado tandilense. Todo se trasladará a la ciudad serrana debido a que una magistrada local se excuso de tomar parte del juicio. Dos agentes penitenciarios y dos reclusos de la cárcel de máxima seguridad se encuentran imputados. Vale destacar que la investigación por otra serie de delitos sigue su curso.

Fuentes consultadas por EL POPULAR confiaron que en los últimos días fue ingresada al Juzgado Correccional Nº 1 de Tandil, del doctor Carlos Alberto Pocorena, la notificación de que tendrá la responsabilidad de encabezar las audiencias de debate del juicio contra, por una lado, los agentes penitenciarios Roberto Carlos Paiz y Emanuel Alejandro Krohling, quienes se encuentran imputados por los delitos de "cohecho pasivo", "violación de los deberes de funcionario publico", "omisión de actos de su oficio" y "omisión maliciosa de la prestación regular de la función asignada", todos en concurso real e ideal de acciones.

A la par, también se encuentran imputados en la presente causa los reclusos José Anacleto Paz Ponce y Roque Dante Britos Soria, quienes afrontan cargos por el delito de "cohecho activo".

Actualmente rige el plazo para que cada una de las partes lleven adelante el ofrecimiento de prueba, es decir los elementos que utilizarán a lo largo del debate. La querella será encabezada por el fiscal azuleño Marcelo Fernández, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de la vecina ciudad, con la particularidad que se trata del tercer fiscal que ha estado al frente de la causa.

Todo se inició con la doctora Viviana Beytía pero luego, tras una reestructuración, la ayudantía fiscal en Delitos Carcelarios pasó a la fiscalía de la doctora María Paula Serrano. Sin embargo, todo debió pasar a manos del fiscal azuleño debido a la licencia por embarazo de la titular de la UFI Nº 4. Fernández fue quien estuvo al frente de la instrucción hasta el momento del cierre de la etapa preparatoria y ahora liderará las audiencias de debate en Tandil. Quien ha estado siempre a la par del avance de las actuaciones fue el doctor Lucas Moyano, precisamente titular de la mencionada ayudantía.

La investigación, que contó también con la colaboración de instructores especializados provenientes de la Procuración General bonaerense, avanza sobre distintos ilícitos que fueron denunciados por un recluso, que debió ser trasladado a otra sede carcelaria para resguardar su integridad. En su relato dio cuenta de diversas irregularidades y una aparente connivencia entre personal policial y reclusos, principalmente la entrega de todo tipo de dádivas por parte de estos últimos (ya sea dinero en efectivo o artefactos de valor, como el ejemplo de camisetas de fútbol e indumentaria deportiva de acuerdo con lo que trascendió) para poder acceder a distintos beneficios en la detención.

Los elementos recabados durante la causa permitieron detectar cómo los reclusos tendrían privilegios tales como celdas individuales y diversas comodidades en las mismas, entre ellas diversos artefactos electrónicos y hasta privilegios en cuanto a comidas, según ha trascendido.

Todo ganó estado público a partir de un allanamiento en la propia Unidad Nº 2 de Sierra Chica, donde se secuestraron diversos elementos de interés probatorio. Vale destacar que el juicio que se llevará a cabo en Tandil sólo avanzará sobre una parte de los delitos investigados, tal es así que sigue de manera paralela otra investigación por otra serie de ilícitos dentro de los muros de la cárcel de máxima seguridad. La situación se desprende de los plazos dispuestos en el Código Procesal, los cuales comienzan a contar desde el día en el que los imputados fueron indagados.

Las repercusiones por la investigación avanzaron sobre distintas esferas y tuvieron tal réplica que dieron lugar a varias manifestaciones y movilizaciones en reclamo por la libertad de Paiz, quien permaneció varias horas detenido tras el allanamiento en la sede carcelaria.

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