Edición Anterior: 19 de Mayo de 2018
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Una cuestión que causa mucha preocupación en los gobiernos municipales
La Justicia decidirá sobre las tasas que se cobran en las facturas de luz
Daniel Puertas

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Apenas el gobierno provincial tomó la decisión de eliminar de las facturas de luz todos los conceptos ajenos a la prestación del servicio que se cobran en las facturas de luz, el Municipio de San Antonio de Areco presentó un amparo judicial por lo que considera una "intempestiva resolución" del Oceba. De tal forma, la Justicia deberá intervenir en un tema muy caro a los municipios, cuya historia se inició hace más de cuarenta años en Olavarría cuando el intendente Raúl Pastor comenzó a cobrar la tasa de alumbrado público con las facturas de la Cooperativa de Electricidad.

Como esta medida se reveló como una eficaz herramienta de recaudación, otros municipios bonaerenses siguieron el ejemplo y a medida que fue pasando el tiempo agregaron a las boletas de la electricidad otras tasas para asegurarse su cobrabilidad.

Pero hace ya varios años hubo quienes advirtieron que ese cobro compulsivo de tasas municipales presentaba era de dudosa raigambre municipal, al punto que cuando se debatió en los años noventa la Ley de Defensa del Consumidor el cobro del alumbrado público de esta manera fue duramente criticado por los legisladores, que lo pusieron como ejemplo de avasallamiento a los derechos del consumidor.

Incluso se redactó un artículo que prohibía expresamente esa forma de cobrar el alumbrado público. Pero al pasar por Diputados ese artículo fue cuidadosamente mutilado y quedó un texto que dejaba la cuestión al arbitrio de la Justicia.

Algunos años después, un grupo de vecinos olavarrienses accionó judicialmente contra los conceptos ajenos al servicio prestado por Coopelectric, pero no tuvieron suerte con la resolución de la Justicia. Por entonces el intendente Helios Eseverri había agregado algunas tasas más.

En las facturas de la luz los olavarrienses no sólo pagan el alumbrado público sino también tasas para obras de hidráulica, un fondo para pavimentos y quizá alguna cosa más. Tan convencido estaba Helios Eseverri de las ventajas de ese método de cobro compulsivo que incluso en una charla privada le propuso al entonces presidente Néstor Kirchner que lo incorporara para recaudar impuestos nacionales.

Después la ley 11.769 incluiría al alumbrado público como el único ítem que se podía incluir en las facturas de la electricidad, tranquilizando bastante a más de un intendente bonaerense. Más allá de lo establecido en esa norma, no parece muy lógico que un usuario pague por el alumbrado público un porcentaje de su consumo particular de luz.

Hay vecinos que viven en barrios alejados pero tienen un alto consumo de electricidad dentro de sus casas, mientras que al salir a la vereda se encuentran con un modesto foco en una esquina como servicio de alumbrado público. Y pagan por ese foquito una suma mucho más grande de la que consume esa pálida luz.

Pero lo cierto es que a los municipios el cobro compulsivo les ha solucionado más de un problema de caja. Por eso el municipio gobernado por Francisco Durañona formuló una presentación en la que busca "preservar la integridad de los derechos y garantías del municipio".

Se señala que San Antonio de Areco "percibe sus tasas municipales a través de convenios de gestión de cobros suscriptos con las Cooperativas Eléctricas locales., a saber ‘Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Crédito y Vivienda Ltda. de San Antonio de Areco’ y "Coop. de Obras y Servicios Públicos de Villa Lía" .

Se agrega que "dicha gestión de cobranza convenida contractualmente con las cooperativas locales, además de ser beneficiosa para los vecinos, coadyuva a mejorar el índice de cobrabilidad del municipio, eliminando dispendio administrativo, economizando la gestión y procedimiento para la efectiva percepción, facilitando el cobro a los contribuyentes y permitiendo el ahorro de recursos administrativos en dependencias municipales".

Por eso sostiene que "la intempestiva y arbitraria Resolución N° 167/18 pone en peligro seriamente la efectiva percepción de las tasas municipales, y en consecuencia también la prestación de los servicios involucrados en ellas".

También se sostiene que "la resolución N° 167/18 del OCEBA adolece de un vicio fundamental, cual es la carencia de motivación, pues surge claramente que el acto administrativo no contiene considerando que justifiquen la decisión. Se trata de una decisión totalmente arbitraria y discrecional cuyo único fin es ocultar los excesivos aumentos dispuestos sobre los cuadros tarifarios".

Diez años atrás un juez de Dolores también debió intervenir ante una presentación de una organización de consumidores en contra de la cooperativa de Electricidad de San Bernardo. En esa oportunidad el magistrado determinó que la prestadora del servicio sólo podía incluir el alumbrado público, al que la ley vigente no considera un concepto ajeno al servicio.

Para el resto debía conseguir la aprobación de los usuarios y cobrarlo con un troquel que podía separarse del cuerpo principal de la factura. Teniendo en cuenta ese fallo, es posible que los municipios que quieran seguir recaudando con la luz deban adoptar el mismo método, que por ahora aparece como el único camino para sortear la traba que puso el Oceba a instancias del gobierno provincial.

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