Edición Anterior: 23 de Mayo de 2018
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El procesamiento de militares por torturas a soldados
A 36 años, las heridas por Malvinas siguen abiertas
En general, los ex combatientes de Olavarría dicen no haber sido víctimas de torturas, más allá del hambre y el frío, padecimientos comunes a todos, y tampoco haber presenciado hechos de este tipo, aunque sí admiten que los rumores sobre su existencia corrían por las islas.
Daniel Puertas

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El pedido de detención y llamado a prestar declaración indagatoria para 26 militares por los tormentos inflingidos a soldados en la guerra de Malvinas demostró de nuevo que 36 años son insuficientes para cerrar las heridas que abrió el conflicto que terminó con el derrumbe de la dictadura militar y el comienzo de una democracia que a veces parece tambalearse pero siempre se mantiene de pie, sustentada por el apoyo de la mayoría del pueblo argentino.

Ricardo Moreno, uno de los veteranos de guerra de Olavarría, se mostró conforme con la decisión judicial y afirmó que "todas estas cosas deben investigarse, al igual que las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, todas las cosas que nos hacen tanto mal".

En general, los ex combatientes de Olavarría dicen no haber sido víctimas de torturas, más allá del hambre y el frío, padecimientos comunes a todos, y tampoco haber presenciado hechos de este tipo, aunque sí admiten que los rumores sobre su existencia corrían por las islas.

Alejandro Schantl, a quien la guerra le cortó una promisoria carrera como arquero en el fútbol, fue a llevarle agua a Javier "Pocho" Ponce, quien fuera presidente del Centro de Veteranos local y que murió como consecuencia de las secuelas que le dejó la guerra en el cuerpo y en el alma, cuando estaba estaqueado.

Pero "cuando llegué ya lo habían sacado. Sí me contó que lo habían estaqueado". "Pocho" Ponce, fallecido quince años atrás, nunca se recuperó de la guerra. El congelamiento de los pies le dejó problemas que lo llevaron a jubilarse por incapacidad muy joven, el síndrome de posguerra traumático lo acompañó toda la vida y el hígado no le funcionaba bien.

Buscó refugio en el alcohol y nunca pudo superar la adicción. Siempre fue un símbolo del sufrimiento de los jóvenes arrastrados al principio de su juventud a una guerra armada de apuro, estratégicamente absurda y comandada en el terreno por una incompetencia abrumadora.

Y, por si fuera poco, muchos de esos jóvenes tenían como superiores canallas perversos que encontraban en la guerra el escenario perfecto para dar rienda suelta a una maldad que debían disimular casi siempre en tiempos de paz, aunque en la Argentina de entonces no eran demasiados.

El pedido del fiscal de Río Grande es en el marco de una causa iniciada en 2007 y que se mantuvo inmovilizada durante largos años. Incluso en 2015 la Corte Suprema determinó en una causa que involucraba a Jorge Taranto, uno de los 26 militares que el fiscal Marcelo Rapoport pidió detener, que esos crímenes cometidos en Malvinas no eran delitos de lesa humanidad y por lo tanto estaban prescriptos.

En el pedido de detención y llamado a indagatoria se insiste en que se trata de delitos contra la humanidad y por lo tanto imprescriptibles.

Ya declararon 120 soldados, como víctimas o como testigos, de las torturas inflingidas en el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que integraban cinco compañías militares.

Además del estaqueamiento había prácticas como obligarlos a cavar un pozo y meter la cabeza , los miembros o todo el cuerpo en la turba durante un tiempo. No son pocos los conscriptos que sufrieron lesiones que duraron por el resto de sus vidas.

El fiscal Rapoport sostuvo en su escrito que con estas penas se sancionaban faltas tales como robar comida a dormirse en la guardia. "Pocho" Ponce fue estaqueado tres veces al ser sorprendido fuera de la cueva cuando salió a buscar comida al pueblo o por dormirse en la guardia.

La tercera vez que recibió ese castigo fue durante un bombardeo, durante el cual estuvo atado a las estacas entre dos tanques de combustible, congelado, sin posibilidad de huir en busca de refugio. El único flaco consuelo que recibían los soldados de sus superiores inmediatos era la afirmación de que el Código de Justicia Militar penaba con la muerte esas faltas en tiempos de guerra, por lo que podían considerarse afortunados de zafar con solo esos tormentos, menos irreversibles que el fusilamiento.

Los militares cuya detención se pidió son Omar Edgardo Parada, Emilio Terán, Miguel Ángel Garde, Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Jorge Luis López, Gustavo Calderini, Horacio Vlcek y Jorge Reynaldo Lugo Oliver,

También Raúl Masiriz, Eduardo Luis Gassino, Jorge Guillermo Díaz, Belisario Gustavo Afanchino Rumi, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva, Francisco Gabriel Rivero, Jorge Oscar Ferrante.

La nómina se completa con Jorge Eduardo Taranto, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Sergio Alberto Guevara, Emilio José Samyn Duco, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Oscar Luis Contreras y Claudio Tamareu.

Cuando se inició la causa se consignaron un total 105 casos de torturas de soldados, 84 hechos delictivos cometidos por 90 militares de las Fuerzas Armadas acusados por homicidios, abandono seguido de muerte, tortura, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad.

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