Edición Anterior: 30 de Mayo de 2018
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El presidente de Coopelectric dialogó con EL POPULAR y valoró la decisión del Concejo
Ignacio Aramburu: "estábamos en el límite de poder seguir prestando el servicio de agua"
Tras la decisión de que las decisiones tarifarias dejen de depender del Concejo Deliberante y pasen a la Provincia, el funcionario destacó que ahora esperarán formalidades para "readecuar las tarifas". Señaló que si bien mantienen postura respecto a la suba (estimado en un 100%) la Autoridad del Agua (ADA) definirá por sí misma.
En pleno tratamiento por la Rendición de Cuentas, apareció un proyecto para nada menor. Por mayoría, el HCD decidió que las tarifas de agua y obras sanitarias las decida el organismo de control provincial, la Autoridad Del Agua (ADA). Esto tuvo varias críticas, algunas menciones de ventajas, revelaciones (como la aparición de una causa judicial de este tema) e incluso datos políticos. Pero faltaba el aporte de una voz principal.

Se trata de Ignacio Aramburu, presidente de Coopelectric, que en diálogo con EL POPULAR explicó los alcances, las ventajas, las situaciones y su postura con respecto a los temas. Incluso, señaló que la causa judicial no es nueva: lleva más de un año. De este y varios otros temas charló con este Diario.

-¿Cómo valoraron esta decisión del HCD? ¿Cuáles son las implicancias de que las tarifas ahora sean definidas por el ADA (Autoridad del Agua)?

-Compartimos la resolución que tomó el Concejo, entendemos que si bien no es una solución inmediata creemos que la Provincia, con los organismos técnicos que tiene, son tarifas que se acercan a lo que nosotros pedimos y que nos permitirían tener una ecuación al menos equiparada entre ingresos y egresos del agua. Esto era, como todos saben, un problema grave. Estábamos en el límite de poder seguir prestando el servicio por la pérdida mensual que da. Había solamente dos caminos o salidas posibles. Una era que el Concejo otorgara un aumento que permitiera la equiparación ingresos y egresos. O determinar esta adhesión al marco regulatorio provincial. Y de esa manera entendemos que (si bien no es inmediato) en el corto plazo se fijará una tarifa que contemplará lo que nosotros pedimos siempre. Que la tarifa compense los costos que tiene la prestación del servicio.

-Mencionó el corto plazo, ¿hay tiempos puntuales en torno a una posible suba? ¿Primero deben esperar la promulgación y de ahí presentar documentación al ADA?

-Siempre hemos tenido relación, como prestatarios del servicio de agua, y más allá de que no estaba la adhesión, con lo que era el Ocaba y ahora con el ADA. Luego de los plazos formales de promulgación de la ordenanza, entendemos que estamos haciendo la solicitud para que el ADA fije la tarifa. No sabemos cuánto es lo que va a demorar. Pero no estamos hablando de mucho tiempo.

-Entre otras cuestiones que se señalaron en el HCD, una duda que quedó es el porqué de la no aplicación de la cláusula ad referendum para subir automáticamente las tarifas tras 30 días sin tratamiento en el Concejo, ¿por qué no se aplicó en vez de acudir al ADA?

-La primera aclaración es que nosotros no elegimos el camino. No manejamos al Concejo de ninguna manera. Lo que hicimos fue pedir a lo largo de estos años pedir una tarifa que nos permita equilibrar los números de la cooperativa. Por otro lado, pedimos la adhesión al marco regulatorio teniendo presente que era otra salida para solucionar el tema que nos preocupa. La disposición del pliego que existe desde el año 1997 y dice que si hubiera incrementos de más del 10% y a 30 días de no tener respuestas se puede aplicar el aumento ad referendum. Pero bueno, nunca quisimos utilizar esto porque de acuerdo a lo que eran las opiniones mayoritarias y demás, era muy probable que ese ad referendum terminara en una negativa al aumento. Como pasó hasta ahora. O que se diera en un porcentaje menor. Era un trastorno para los socios y también para la cooperativa cobrar un importe, que el HCD no lo ratifique y haya que devolver, consecuentemente. Esto implicaba un tema administrativo y económico muy importante. Nos pareció siempre riesgoso. El Concejo con todo derecho podía decir que no estaba de acuerdo.

-También se mencionó una causa judicial contra el Municipio por el no tratamiento. Se habló de una compensación de 4 millones de pesos. ¿Cómo surgió? ¿En qué estado se encuentra? Tras el acuerdo en el HCD, ¿seguirá su camino?

-Hace más de un año que se comunicó y anunció el inicio de acciones judiciales ante el juzgado contencioso administrativo, que no es otra cosa que un pedido para restablecer las condiciones económicas del contrato. Para que se entienda. Lo que se le dijo al juez fue que tenemos un contrato donde, entre sus cláusulas, dice que la tarifa tiene que ser justa, razonable y cubrir los costos que tiene el concesionario y lo que se pidió es eso. Se le pide al juez que intervenga en este contrato, al no otorgar el Concejo las tarifas arranca la acción judicial. Pero está desde hace más de un año, no se hizo para ejercer presiones por ninguna cosa. Sino, simplemente se hizo porque en todo este tiempo se nos acababan los argumentos y lo que podíamos hacer para seguir prestando el servicio.

-Hace un tiempo atrás afirmaron que evaluaban seriamente dejar la concesión. ¿Esto sigue así?

-Pedimos el aumento. No se nos otorgó. Cuando se nos otorgó fue en un porcentaje muy inferior. Se iniciaron acciones judiciales, que como todos sabemos demora y demás. Y a pesar de eso nosotros seguimos desde hace mucho tiempo con una pérdida mensual más que considerable. Si el Concejo no hubiera tomado esta determinación que tomó, o no hubiera dado un aumento en la tarifa, indudablemente que la decisión tendría que haber sido dejar la concesión. Nadie puede aguantar una pérdida. Esto es clarito. Más allá de que esto sea una empresa cooperativa no recibe ningún tipo de subsidios, no tiene un capital más que los muebles y las lineas eléctricas, los vehículos, pero no es una empresa que tenga ahorros o cosas para poder realizar. No podíamos seguir sosteniendo por mucho tiempo esta situación. El juicio, si se restablece la ecuación económica, no tendría mayor sentido. No es nuestro interés cobrar dinero en una acción judicial. La intención es cobrar una tarifa justa, razonable, y que el vecino pueda pagarla.

-¿Tienen un cálculo en torno a lo que solicitarían de suba, para que sea sustentable? ¿Hay porcentajes claros?

-Lo que tenemos hoy del 80% de los vecinos de Olavarría está pagando por 30 metros cúbicos bimestrales de agua y por el servicio de agua y cloacas, 115, 130 pesos mensuales. Lo que pedimos (que fue lo que solicitamos al HCD) es que ese mismo vecino pase a pagar alrededor 230, 240 pesos mensuales por los dos servicios. Por agua y cloacas. Después hay escalas, depende del consumo. Pero en realidad lo que nosotros vamos a pedir a la autoridad del agua es que fije la tarifa. No es como en el Concejo que solicitamos y evalúan. Como ellos técnicamente tienen todos los elementos, lo que se pedirá es que fijen la tarifa. Ellos verifican nuestros costos y ahí darán la tarifa.

-¿Cómo ha sido el diálogo con los concejales con este tema? ¿Y con el Municipio? ¿Cómo quedó todo?

-Nosotros hemos hablado de esta resolución con todos los bloques, salvo con Juan Sánchez que asumió recientemente y no hemos estado con él. A todos les hemos explicado la realidad de los números de la cooperativa. Después, con todo su derecho los bloques expresaron su opinión y postura con este tema. Entendemos que tenemos una buena relación con todos, más allá de que algunos no han apoyado esta ordenanza. Con el Ejecutivo también tenemos una buena relación, primero porque somos concesionarios de un servicio público municipal. Siempre digo un poco lo mismo, los socios son también los ciudadanos de Olavarría que son quienes eligen a las autoridades municipales. Tenemos que evitar de todas las maneras posibles de tener enfrentamientos tanto con el ejecutivo como con el deliberativo. Somos un organismo netamente local. No podemos tener enfrentamientos con los mismos vecinos que representan el HCD o el Ejecutivo.

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