Edición Anterior: 6 de Junio de 2018
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Una enfermedad que afecta en la Argentina a 1 de cada 10 mayores de 18 años
Reclaman la urgente actualización de la ley de diabetes
La Ley Nacional de Diabetes, reglamentada en 2014, debía ser actualizada cada dos años, incorporando los nuevos avances, pero eso todavía no sucedió. En la actualización sobre la que se estaría trabajando, preocupa a la comunidad de pacientes la exclusión de nuevos medicamentos y tecnologías superadores que ya son de uso cotidiano.
La Ley Nacional de Diabetes Nº 26.914 fue sancionada en 2013 como una ampliación de la ley original de 1989. Garantiza la cobertura del 100% del tratamiento de la enfermedad por parte del sistema de salud, sea público o privado. Su reglamentación estipula que cada dos años se hará una actualización del listado de medicamentos y tecnologías cuya cobertura estaría garantizada por la propia normativa, para mantener al día la provisión de las mejores herramientas disponibles. Sin embargo, esta actualización aún no ha sucedido, por lo que ya lleva una demora inaceptable.

Pero además de esta tardanza, desde la Asociación Civil Diabetes Argentina (ADA), la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI) y la Federación Argentina de Diabetes (FAD) temen que la misma se deba a una política de recorte y ajuste en detrimento de lo que garantiza el espíritu de la ley: incluir los nuevos medicamentos y tecnologías que ya son utilizados a diario por los pacientes en Argentina y en otros países del mundo y que han demostrado contribuir a mejorarles significativamente el control de su enfermedad y su calidad de vida.

Es importante tener en cuenta que la diabetes está considerada una verdadera epidemia: según los resultados de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, el 9,8% de los mayores de 18 años presentó diabetes o glucemia elevada1, lo que constituye un número superior a los 3 millones de argentinos.

La falta de un control adecuado de la enfermedad incrementa las posibilidades de desarrollar, entre otras, afecciones oculares con riesgo de ceguera, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y problemas en los miembros inferiores que pueden llegar incluso a la amputación.

"En un país a donde la salud es un derecho constitucional, sólo podrán beneficiarse de los mejores avances de los últimos años quienes puedan pagarlos de su bolsillo, mientras que quienes tengan un pasar económico menos privilegiado, seguirán tratados con opciones que en algunos casos ya han quedado obsoletas en muchas partes del mundo", reconocieron desde ADA, LAPDI y FAD. Esto reabre una brecha planteando una medicina para ricos y otra para pobres, inclusive cuando el argumento del costo en algunos casos es por lo menos discutible.

"Lo que estamos pidiendo desde la comunidad de pacientes es que la ley prevea la cobertura de todos los medicamentos e insumos aprobados en nuestro país para el manejo de la diabetes. Luego, cada médico tratante considerará qué opción es la más conveniente para cada paciente y prescribirá lo que corresponda", puntualizó la Lic. Sylvia Brunoldi, Presidente de la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI).

"La reglamentación no puede limitar el espíritu de una ley nacional, poniendo coto en la cobertura, que claramente está garantizada al 100%, según prescripción médica y de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos", agregó.

Durante 2017, varias organizaciones de la sociedad civil trabajaron junto con el Ministerio de Salud de la Nación en la actualización de esta ley. "Dentro de las preocupaciones de los pacientes, se destaca la inexplicable demora a pesar de los insistentes reclamos y el riesgo elevado de que cuando salga la esperada actualización, ésta no contemple algunos medicamentos e innovaciones tecnológicas", refirió Adriana Angelina, presidente de ADA.

"Entre lo que la actualización dejaría por afuera del vademécum y sin reconocimiento de su cobertura al 100 por ciento como marca la ley de diabetes, se encuentran algunos productos de una categoría más nueva, conocida como análogos del GLP-1, que son herramientas de probada eficacia que ayudan a controlar la diabetes y que los profesionales ya indican de manera habitual desde hace varios años. Tampoco está claro en la ley lo que sucede con las bombas o infusores de insulina con monitoreo integrado", agregaron desde las asociaciones.

Otro avance que no está contemplado, y que ha significado una mejora en el control de la enfermedad y una revolución en la calidad de vida de los pacientes, son los medidores de glucosa conocidos como ‘tecnología flash’, que permiten reducir considerablemente los pinchazos diarios y muestran las tendencias de comportamiento de la glucosa.

Además de no contemplarse el bienestar del paciente en ese sentido, no se tiene en cuenta que una persona con diabetes suele estar medicada en simultáneo para otras patologías asociadas, como neuropatía diabética, dislipidemias y cardiopatías, que no están contempladas en la ley de diabetes, por lo que impactan en su bolsillo y la obligan a elegir entre uno y otro o tener que abandonar el tratamiento.

"La actualización de esta ley no debe ser tomada a la ligera, somos varios millones de argentinos esperando respuestas y queriendo vivir mejor", puntualizaron desde las asociaciones de pacientes, que están presentando un petitorio a las autoridades del Poder Ejecutivo para que se considere la relevancia de esta situación para contar con las garantías de que las decisiones que se tomen respondan directamente a las necesidades y a la realidad actual de las personas con diabetes.

La ciencia ya entendió que cuanto mejor controlado esté el paciente y cuanto más estricta sea su adherencia al tratamiento, mayores serán las chances de prevenir las complicaciones de la diabetes, con el correspondiente ahorro de los costos que ello implica para todo el sistema de salud, así lo indicó Adriana Angelina.

Al respecto, Judith Laufer remarcó que la educación diabetológica "es un pilar fundamental para el éxito del manejo de esta enfermedad". Sobre este punto, desde LAPDI recordaron que la ley habla de 10 horas al año de educación para los pacientes, pero no aclara cómo ni quiénes la impartirán, ignorando la figura central del educador en diabetes.

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