Edición Anterior: 12 de Junio de 2018
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Condena de 13 años de prisión por un violento asalto contra un matrimonio
El caso se registró a mediados del 2015 y las víctimas, ambas de edad avanzada, fueron ferozmente golpeadas. Las dos aún hoy tienen diversas secuelas, tanto físicas como psicológicas. En el hecho fueron despojados de una importante suma de dinero en efectivo y artefactos electrónicos, entre otras cosas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Azul aplicó en las últimas horas una severa pena de prisión contra un hombre de 45 años, quien fue encontrado culpable de un violento asalto registrado hace ya más de tres años en el microcentro local. Si bien fue descartada una de las figuras delictivas más gravosas que se le imputaban, los magistrados ponderaron el grado de violencia y de indefensión de las víctimas para justificar el monto de la condena. El acusado, por su parte, no declaró ni en la investigación ni en el debate. En su defensa sólo lo hizo un hermano, pero sus dichos fueron desestimados por los jueces de la vecina ciudad.

EL POPULAR tuvo acceso a la resolución emitida por los doctores Carlos Pagliere (h), Gustavo Abudarham y María Raverta, quienes condenaron a 13 años de prisión a Mario Alberto Castro, con último domicilio en Sierra Chica pero nativo de Laprida, quien fue hallado penalmente responsable de los delitos de "robo calificado por haberse causado lesiones graves y por su comisión en lugar poblado y en banda, en concurso ideal", todo en el marco del violento episodio registrado durante la noche del 14 de mayo del 2015 en un domicilio ubicado sobre 9 de Julio al 3200.

"Era justo un día que había un partido de Boca - River y habían tirado gas pimienta a los jugadores. Me acuerdo del día del hecho por eso". El testimonio corresponde a Zulema Miceli, una de las dos víctimas. La restante, Vicelino Martel, no pudo declarar durante el debate debido a cuestiones de salud, una condición que se agravó producto del ataque. Igualmente, se ingresó por lectura el testimonio que dio durante la investigación.

Aquella noche llegaron juntos e ingresaron el auto. Fue el hombre quien se quedó detrás para cerrar el portón. Allí sería el inicio de la pesadilla. "En un momento se metió una persona corpulenta y le dio una trompada. Quise buscar un botón antipánico. Me agarraron entre dos personas y me arrastraron hacia adentro y nos ataron a los dos", continuó con su testimonio Miceli.

En el interior de su casa fueron sometidos a todo tipo de agresiones. "Me amenazaron con cortarme el dedo porque el anillo de casamiento no salía", recordó la mujer. En otra ocasión, según añadió, la amenazaron con un cuchillo eléctrico o de asfixiarla con un pañuelo. Todo con el objetivo de lograr la información acerca de donde tenían el dinero y los elementos de valor.

Esta situación es clave para entender el encuadre penal de los hechos, ya que en la acusación también había sido incluida la figura de homicidio en grado de tentativa, que luego no prosperó. "No se ha acreditado que tal accionar por parte de los autores estuviese enderezada a facilitar la comisión del hecho, sino más bien a presionar a las víctimas e indagar si existían más objetos de valor en el inmueble para llevarse", coincidieron los jueces azuleños.

No obstante, fue tal la agresión sufrida por las víctimas que no sólo el hombre aún posee las aludidas secuelas, sino que su esposa estuvo al borde de la muerte debido a un derrame sub-dural.

"Hay que tener en cuenta que luego del episodio las víctimas han quedado psicológicamente inutilizadas para seguir trabajando. Tal fue el trauma y miedo que les ocasionó el robo del que fueron víctimas que ambos integrantes del matrimonio abandonaron su actividad comercial de farmacéuticos, no volviendo a atender la farmacia que era el sustento económico de la pareja", consideraron los jueces.

Los delincuentes, por su parte, lograron escapar con, entre otras cosas, alrededor de 40 mil dólares, 150 mil pesos, numerosos elementos de bijouterie y artículos electrónicos.

La investigación

Si bien durante el debate la querella fue liderada por el fiscal de General Alvear, el doctor Cristian Citterio, la investigación fue encabezada por la fiscal Viviana Beytía. El esclarecimiento de los hechos mucho tuvo que ver con la labor desarrollada desde la DDI de Azul, primordialmente del área de delitos informáticos, quienes avanzaron sobre la figura de Castro a partir de diversas pericias en teléfonos celulares.

A la par, los jueces también se basaron en prueba indicial para avanzar sobre la figura del único acusado. Los jueces, para mayor claridad, enumeraron y desarrollaron cada uno de ellos. El primero fue que, precisamente a Castro, le fueron encontradas pertenencias de las víctimas cuando fue allanado su domicilio. El complemento a esto fue que una hija suya, con domicilio en Neuquén, utilizaba uno de los teléfonos celulares sustraídos en ese hecho.

Asimismo, el cotejo y entrecruce de llamadas entre los dispositivos de padre e hija arrojaron diversos elementos que fueron utilizados en distintas partes del fallo. Inclusive, en un extracto se pudo leer que una llamada analizada permitió conocer tareas de seguimiento a "posibles objetivos delictivos".

Por otra parte, a un hermano de Castro también le fueron incautadas pertenencias de las víctimas. "Si se analiza el conjunto indiciario enumerado anteriormente no queda margen de duda alguna en que Mario Alberto Castro ha participado en el ilícito que se le endilga", concluyeron los jueces.

Como si ello no bastara, se indicó que al momento de la detención el acusado tenía en su poder una importante suma de dinero, incluidos 4.400 dólares, "sin justificación verosímil acerca del origen".

El fallo y la

sentencia

El acusado no rompió el silencio durante todo el proceso. En su defensa sólo habló su hermano, quien afirmó que esas pertenencias fueron parte de un pago que recibió por un trabajo mecánico. El ocasional cliente no tenía dinero y ofreció el televisor, el celular y otros artefactos, por los cuales el testigo habría terminado abonando dos mil pesos además del arreglo, según añadió.

"La versión del mencionado testigo me resulta falaz, tendenciosa e inverosímil, destinada a mejorar la situación de su hermano", respondieron los jueces al momento de valorar esos dichos. "Debe desecharse por mendaz el testimonio vertido por el citado testigo", completaron.

Por último, no encontraron atenuantes ni eximentes. En contrapartida, se utilizó como agravante un antecedente condenatorio por "tenencia ilegítima de arma de guerra sin la debida autorización legal", por un hecho ocurrido en el sur del país.

Al momento de dictar sentencia también fue utilizado contra el acusado "la nocturnidad durante la cual se cometió el hecho circunstancia que facilitó el abordaje de las víctimas" y "el mayor grado de indefensión en que quedaron expuestas las víctimas derivado del número de participantes y la avanzada edad de las mismas; la pluralidad y magnitud de las lesiones infringidas a dos personas ancianas que no opusieron resistencia alguna; la extensión del daño económico causado determinado no sólo por los bienes materiales sustraídos sino también por apoderamiento de una importante cantidad de dólares y la suma de dinero de moneda de curso legal y cheques que las víctimas tenían para el pago de proveedores. Valoro también el grave daño emocional y psicológico generado por el hecho". Con todo ello se arribó a un veredicto condenatorio y un monto de pena de 13 años de prisión.

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