Edición Anterior: 12 de Julio de 2018
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El proyecto de ordenanza se tratará hoy en el Concejo
Funcionarios y concejales tendrán que exponer declaraciones juradas patrimoniales
La propuesta partió del Ejecutivo, pero fue modificada por los concejales. Se trata de la adhesión a la Ley 15.000 de la provincia. "Lo que se busca es dar una respuesta ante una urgente demanda de la sociedad contra la corrupción" definió María José González.
Hoy los concejales debatirán sobre un proyecto de ordenanza que impactará sobre la transparencia de las gestiones y la calidad de los funcionarios y representantes de Olavarría. Se trata de la adhesión a la Ley 15.000 de la provincia y que implicará que deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales. Lo que se busca "es atender a una necesidad pública, evitar la corrupción y transparentar el patrimonio del funcionario político y los representantes" definió María José González (Cambiemos) sobre la iniciativa que impulsó el Ejecutivo y fue modificada durante el tratamiento en la comisión de Legislación.

La concejal habló ayer con EL POPULAR sobre el tema y quiso dejar en claro que durante la sesión podría sufrir nuevas modificaciones. En tanto, destacó durante la charla que se trata de una propuesta positiva para la ciudadanía y para el Estado. "No se va a difundir que tal persona tiene una casa en tal dirección, sino que se sepa el patrimonio de una persona que ingresa a una gestión y sobre todo de quien cesa en el cargo. La ley lo prevé así. Y también esa declaración jurada incluye a su grupo familiar" resumió sobre el contenido del proyecto.

En esta oportunidad, y una vez aprobada la ordenanza, los funcionarios y concejales incluidos tendrán hasta el 30 de diciembre para presentar sus declaraciones.

Valoró lo que se ha puesto en marcha en la Provincia la iniciativa, que incluye a funcionarios de todas las áreas y de diversos rangos. "A nivel municipal coincidimos, la mirada que tenemos con las áreas de Modernización, Transparencia, un Estado que publica los sueldos que se pagan. Es una manera de empoderar al ciudadano, a quien se le presta un servicio" señaló González.

A esta adhesión, los concejales sumaron su impronta: "fijamos parámetros. Porque en mi visión jurídica, ley sin sanción no tiene aplicación. Le hicimos modificaciones al proyecto y se han establecido sanciones para quien no cumple, con multas para la presentación fuera de término y también para la no presentación" expresó.

Obligados

La normativa local obligará tanto a miembros del Ejecutivo como del Legislativo a presentar declaraciones patrimoniales. Se cuentan al intendente, secretarios, subsecretarios, asesores y todo otro funcionario con rango de director A y jerarquía equivalente. Lo mismo para tesorero, contador, jefe de compras y "todo funcionario que intervenga en el manejo de fondos públicos", se incluyó en la redacción. A su vez, se contemplan los concejales, secretarios, subsecretarios, asesores y directores A.

Deberán declarar la posesión de bienes muebles -autos, barcos, motos-, inmuebles, cuentas bancarias o ingresos por actividad privada.

"El modelo que se utilizará es la declaración de María Eugenia Vidal" explicó María José González quien señaló que en realidad, cada funcionario deberá presentar "dos declaraciones juradas, una pública y una privada. Lo tiene que hacer un contador". La diferencia entre una y otra es por la "información sensible". González ejemplifió que "en una se pondrá la cuenta bancaria de tal banco con montos. En la pública estará el monto y tipo de cuenta, pero sin número de cuenta ni nombre del banco".

Las declaraciones se presentarán antes de los 30 días de ingreso a la función pública. La Subsecretaría de Modernización, de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, se encargará de recibir y publicar esta información.

Las declaraciones deberán actualizarse anualmente con los datos hasta el 31 de diciembre y presentarse antes del último día hábil de noviembre. Si un funcionario cesa en su cargo, debe presentar el documento antes de los 30 días desde el cese del cargo.

En caso de que no se presente la declaración, la Subsecretaría de Modernización deberá intimar dentro de los 10 días hábiles al vencimiento del plazo. Se contemplan sanciones para el caso de la no presentación a término, con multa del 30% de la remuneración; para el caso de incumplimiento tras la intimación se prevé la suspensión del cobro del 80% del sueldo; para el caso de falsedad u omisión se prevé la aplicación de las sanciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades.

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La presentación se hará a través de la web municipal y se completará con la firma delante del funcionario autorizado a recibir las declaraciones, quien a su vez entregará una constancia de recepción. La normativa prevé que la declaración jurada patrimonial privada será confidencial: se guardará por 10 años en un lugar seguro.

Se publicarán en el portal del Gobierno Abierto las declaraciones juradas presentadas hasta el último día hábil de noviembre de cada año. El área de Modernización se encargará también de esta tarea: se hará un listado, el que estará disponible en ese sitio al público durante el mes de diciembre.

María José González destacó que "todos los bloques" participaron del debate del proyecto y entendió que el tema implica "un cambio de paradigma frente a una sociedad que descree de la política o de los políticos. Consideró que "lo que se busca es dar una respuesta ante una urgente demanda de la sociedad contra la corrupción" y planteó que "lo que más nos asqueó de ver en los últimos años fue el enriquecimiento obsceno de gente ante el nivel de pobreza que hay, que toda es plata esté en una caja, en una bóveda, en un bolso cuando tiene que estar en escuelas, ayudando a una microempresa, a que la gente tenga trabajo".

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