Edición Anterior: 22 de Julio de 2018
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Causa Montoya Carlotto. Tras la confirmación de la Cámara del procesamiento de los apropiadores y del médico olavarriense
El abogado de Julio Sácher asegura que el ginecólogo no conocía a Pancho Aguilar
Rafael Sal Lari aseguró que el ginecólogo olavarriense Julio Sácher sólo conocía de vista al entregador de Ignacio Montoya Carlotto. Negó su participación en la falsa constatación del nacimiento. Y confirmó que la investigación continúa hasta desembocar en un juicio por decisión de los camaristas Farah e Irurzun.
Claudia Rafael

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Cuando faltaban escasas horas para el inicio de la feria judicial, el abogado Rafael Sal Lari –ex juez de Garantías de San Isidro- aseguró a esta periodista que el ginecólogo olavarriense Julio Sácher jamás tuvo vínculo con Francisco "Pancho" Aguilar. Indicó, además, que –en la apropiación del nieto de Estela de Carlotto- "estamos hablando de un certificado absolutamente falso y está declarada su falsedad. El único dato que se trata de mantener como cierto es la constatación del médico en un documento donde todo es falso". Sácher sigue procesado como partícipe necesario en la apropiación de Ignacio Montoya Carlotto porque en el acta de nacimiento figura como quien certificó el supuesto nacimiento del hijo de Laura Carlotto y Puño Montoya en una casa particular de Alsina al 2800 de Olavarría. Cuando, en verdad, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo nació en un centro clandestino de detención y fue botín de guerra de la dictadura.

El proceso judicial sigue su curso y fue la Sala 2 de la Cámara Federal Criminal y Correccional la que determinó recientemente –con las firmas de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun- que "una vez terminada la etapa de investigación se va a pasar a la de juicio". Sal Lari planteó que "es imposible determinar tiempos. Va a depender de muchos factores y de las prioridades de juzgamiento que tengan los jueces".

Quien está al frente del caso es el magistrado Julián Ercolini. Que abarca el procesamiento de Sácher pero en el contexto de la causa contra Clemente Hurban y de Juana Rodríguez, apropiadores de Ignacio Montoya Carlotto.

Ercolini es el mismo magistrado que procesó y detuvo al empresario Cristóbal López, que investiga a Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero y asociación ilícita, que sobreseyó a los dueños de Clarín y La Nación en la causa Papel Prensa, que procesó a Guillermo Moreno e hizo detener a Ricardo Jaime en una causa por la compra de trenes a España y Portugal. Lleva 14 años al frente del Juzgado Federal 10.

Y si la investigación deberá dirimir cuánta conciencia tenían Hurban y Rodríguez de lo que estaban haciendo al momento de inscribir como hijo propio a Ignacio, hay un punto crucial que ubica en un lugar protagónico al ex médico de policía Julio Sácher. Que es un aspecto pocas veces investigado y condenado en la revisión de todo lo ocurrido durante los años del terror. Que, en esta historia y en esta geografía en particular, tienen un aditamento parido por la naturaleza. Es decir, todos los archivos perdidos durante la inundación del 80. Incluyendo aquellos que daban cuenta del acta 894 del Registro Civil de Olavarría, que daban la dirección de Aguilar, como lugar del parto. Cuando en verdad había sido en un campo de concentración.

En definitiva, la furia de la inundación, la precariedad del sistema de registro de nacimientos, las décadas transcurridas, los temores fundados son parte fundamental en una historia en la que la conclusión del defensor de Sácher es, sin embargo, que "todo parte de un error de valoración de la prueba". Y que coronó el propio ginecólogo en su testimonio negando "todo tipo de vínculo con Aguilar". Sal Lari dijo que "se conocían como se conocían todas las personas en el pueblo (en referencia a Olavarría) en los años 50 y 60. Pero era un conocimiento de vecindad que no implica ni amistad ni trato común ni negocios ni actividades comunes. Lo conocía como conocía al panadero de la esquina o ni siquiera con esa intensidad. Y niega claramente cualquier tipo de vinculación con él. Obviamente que sabía quién era porque Pancho Aguilar era una persona conocida. Pero nada más".

El hijo de Quinto Casado

No es escasa la expectativa de la pena para un profesional que haya intervenido en causas de lesa humanidad. De hecho, a inicios de este mes, la Cámara Federal de Casación Penal de La Plata confirmó la condena a 14 años de cárcel que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la capital provincial impuso a la médica de la Policía Bonaerense Nora Manacorda. Y fue resultado de la unificación de dos penas. Una de ellas, por un caso ligado a un desaparecido azuleño. Ya que Manacorda fue condenada por las apropiaciones de Sebastián Casado Tasca y Silvia Cugura Casado. Sebastián Casado era el hijo de Gaspar "Quinto" Casado y Leonor Tasca. Y sobrino de María Judith Casado, defensora oficial federal de Azul que se excusó de defender a represores con obvio fundamento. Tenía a su hermano, su cuñada y su sobrino desaparecidos. Manacorda fue condenada por certificar el nacimiento de Sebastián Casado (parido en el centro clandestino La Cacha) en un acta falsa. Tan falsa como la que constató el nacimiento de Ignacio Montoya Carlotto, en un caso que tiene en la mira a Sácher. También ex médico policial.

Naturalización y corporativismo

Seguramente no será ni simple ni fácil probar la participación de Sácher en la apropiación del nieto de Estela Barnes de Carlotto. Pero esto es mucho más complejo que una firma, una constatación y una apropiación. Porque sigue siendo una deuda imprescindible de pagar la de investigar a fondo el rol de los profesionales de la salud en las causas de lesa humanidad. Médicos generalistas, psiquiatras, pediatras, psicólogos, enfermeros.

Para la organización "Médicos con memoria" ha existido y sigue habiendo un pacto de silencio. "En cada hospital, en cada centro sanitario, encontramos que el personal no está dispuesto a hablar sobre lo que pasó. Algunos porque están implicados, otros por una intención de corporativismo", apunta la entidad nacida unos seis años atrás. En un colectivo que sostiene que hay por dar una batalla cultural que, a más de cuatro décadas de iniciada la dictadura, permita quebrar las conductas aceptadas en centros de salud y en ámbitos de formación profesional. En ese sentido, lo que sostienen es que no se debe aceptar como pares a quienes estuvieron –desde diferentes roles- implicados en torturas, desapariciones, apropiaciones e instigaciones al suicidio. En esta última categoría, se puede englobar a los médicos y psicólogos que medicaban y atendían al olavarriense Jorge "el Negro" Toledo en la tenebrosa cárcel de Caseros.

Es decir: la Justicia deberá determinar si Sácher intervino o no en la historia de robo de identidad de Ignacio Montoya Carlotto. Pero hay toda una sociedad que no puede permanecer al margen de su propia construcción cultural. Porque ciertas prácticas no se resuelven con exclusividad dentro del universo del Poder Judicial. Debe haber una decisión social de no naturalizar el horror ni la crueldad.

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