Edición Anterior: 23 de Julio de 2018
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Se suman los problemas para el Gobierno
La tormenta ruge y se cierran refugios
La Gobernadora bonaerense se ve obligada a llevar adelante un importante recorte en las cuentas públicas mientras maniobra para disminuir los daños que puede causarle a ella y su partido la historia oscura del financiamiento de la campaña.
Daniel Puertas

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A tono con la realidad del país, la dirigencia política en general parece más preocupada por las consecuencias electorales del escándalo de los aportes truchos que por los alcances de las investigaciones judiciales y los eventuales procesos penales.

El caso estalló en plena tormenta económica, tal como la definió el presidente Mauricio Macri, y, como se sabe, la opinión pública es mucho menos indulgente con sus dirigentes cuando está sufriendo dificultades por lo que la noticia llegó en el peor momento posible para el oficialismo.

Ahora la gobernadora Maria Eugenia Vidal se ve obligada a llevar adelante un importante recorte en las cuentas públicas mientras maniobra para disminuir los daños que puede causarle a ella y su partido la historia oscura del financiamiento de la campaña.

Lo peor es que la herramienta tradicional de la política para disminuir los daños de un escándalo de este tipo, dilatar las cosas con la esperanza de que vayan cayendo en el olvido, no parece útil en estas circunstancias. Cuando la investigación del periodista Juan Amorim se hizo pública los únicos que se hicieron eco inmediato fueron los escasos medios opositores mientras el oficialismo y los grandes medios se mantenían en silencio.

Así pasaron semanas hasta que la Gobernadora se vio obligada a responder una pregunta sobre el tema y aunque no dijo nada importante ya no se pudo detener la bola de nieve. Es que los hechos denunciados quedaron prácticamente probados por los testimonios de varios de esos aportantes que no habían aportado nada, muchos de ellos de las propias filas del oficialismo.

Si el intendente de Mar del Plata, Daniel Arroyo, o el ex funcionario Darío Lopérfido desmintieron públicamente haber hecho los aportes que figuran a sus nombres en las planillas de la Cámara Electoral no hay forma de poner en duda que las irregularidades efectivamente existieron.

Para protegerse de la tormenta y no sufrir daños electorales irreversibles el oficialismo apelaba a dos refugios que consideraba más o menos seguros: la imagen de honestidad y transparencia que se forjaron a través de un potente aparato de comunicación y apelar a la mala imagen que tiene CFK en amplias franjas de la sociedad.

Ya ciertas maniobras de funcionarios del Gobierno habían puesto en tela de juicio esa pátina de moralidad y el caso de los falsos aportes le dio un golpe que quizá no sea letal pero indudablemente es muy fuerte.

Además, el caso golpea directamente a la figura con mejor imagen, María Eugenia Vidal, ya que la ley marca que las responsabilidades van directamente a la presidenta del partido sospechosa de las irregularidades, por lo que un juez puede atenerse a la letra de la norma e imputarla.

Ya el ex intendente de Laprida, Alfredo Irigoin, fue imputado por el juez federal Sebastián Casanello, uno de los magistrados que tienen parte e la investigación en sus manos.

Irigoin ya hizo su descargo en estas mismas páginas y sostuvo ser ajeno a cualquier maniobra ilegal, pero por la función que cumplió durante la campaña Casanello evidentemente lo considera sospechoso.

Es que no debiera haber demasiadas dificultades para identificar a las personas que ejecutaron la maniobra. Debería estar prolijamente asentado quiénes estaban autorizados para recibir dinero en cada lugar, cumplir con todos los trámites formales y entregar los fondos a los responsables de campaña. Por lo tanto, si una ciudadana olavarriense figura como aportante sin serlo no tendría que presentar muchas dificultades identificar a la persona que la incluyó como tal.

Y a partir de allí se pueden ir tirando los hilos que permitan desenredar la madeja. Muy probablemente la auditoría ordenada por María Eugenia Vidal ya haya avanzado mucho en ese sentido. De ser así, para mantener la coherencia se debería informar rápidamente a la Justicia, lo que no dejaría de causar heridas de profundidad aún difícil de estimar en el tejido oficialista.

Las personas identificadas como partícipes de la maniobra tendrán entonces que explicar de dónde salieron los fondos, el punto clave de toda la investigación.

La coalición gobernante también está sufriendo daños que van más allá de los aspectos penales. No deben ser pocos los que se sientan, aunque sea levemente, traicionados por sus compañeros de ruta. Tampoco los que crean que más de uno de los que figura como aportante sin serlo debería, sino negar los hechos, al menos haber permanecido en silencio y no contribuir a echar combustible a la hoguera del escándalo.

Claro que por ahora la mayor parte del estruendo queda en parte silenciado por la tormenta económica, que sigue siendo la que más influirá en las elecciones del año que viene.

De cualquier modo, este invierno, más riguroso que el anterior, será inolvidable para un oficialismo al que el horizonte se le opacó en muy pocos meses.

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